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Exigen crear un espacio de la memoria en Villa Urquiza


 

Familiares de las víctimas del derrumbe del gimnasio Orión realizaron un acto al cumplirse cinco años de una tragedia que se pudo haber evitado. Procesaron a un empresario y un ingeniero, pero a ningún funcionario.

 

Los familiares de las víctimas del derrumbe del gimnasio Orión -junto a la Mesa Barrial de Participación Comunitaria en Seguridad de Villa Urquiza y Villa Pueyrredón- organizaron un acto al cumplirse el quinto aniversario de la tragedia. Su objetivo es impulsar la instauración de un espacio público dedicado a la memoria en el predio donde se encontraba el edificio y en el terreno contiguo, donde se realizaban tareas para una nueva construcción, la que ocasionaron el desmoronamiento que causó tres muertos y once heridos.

 

David Blaustein, guionista y director de cine, se acercó al lugar y expresó: “Un Estado que no es Estado, no funciona. Mauricio Macri sigue acumulando muertos. Acumula muertos en inundaciones, en geriátricos que se incendian, en archivos que no se inspeccionan, en gimnasios que se caen. No hay un Estado presente para ciertos sectores de la sociedad, pero sí para negocios empresarios e inmobiliarios, porque este es el concepto de Macri”.

 

El gimnasio Orión, ubicado en la calle Mendoza 5030, se derrumbó el 9 de agosto de 2010. En el terreno lindante se planificaba construir un edificio de diez pisos. Una máquina retroexcavadora de la empresa José Pataro SRL, encargada de crear las condiciones para un futuro estacionamiento, fue –según la pericia de los bomberos- la causante del desmoronamiento que terminó con la vida de Luis Lu (23), Maximiliano Salgado (18) y Guillermo Fede (37).

 

En el momento del desastre, el jefe de Gobierno seguía sosteniendo que la obra se encontraba en regla. Sin embargo, cuando las fallas graves y estructurales en la excavación se confirmaron, despidió al entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control, Oscar Ríos, y apuntó al ingeniero de la obra, Guillermo Heyaca Varela, como último responsable. Cinco años más tarde, Patricia Izraelewicz, madre de Maximiliano Salgado, cuenta que aún no hay imputados ni procesados pertenecientes a instituciones gubernamentales de la Ciudad, pero que la causa penal ha avanzado: “Después de una audiencia que se hizo el 25 de agosto, los jueces confirmaron el procesamiento del ingeniero Guillermo Heyaca Varela y del dueño de la constructora, el empresario Daniel Menta, por estrago doloso. Con el gobierno será una segunda etapa. Que algunos de los culpables sean procesados es más que importante. Después, obviamente, seguiremos luchando para el resto”.

 

 

Israelewicz está convencida de que la situación en el mercado de la construcción no cambió demasiado a pesar del paso del tiempo: “Hay mucha especulación inmobiliaria y corrupción y no se repara en tragedias evitables, como ésta y muchas otras de los últimos años. Desde el Gobierno de la Ciudad no dicen nada, se desligan de toda responsabilidad, pero tienen gran parte de la culpa. A medida que me fui metiendo en la causa Orión, pude darme cuenta de que ellos la podrían haber evitado”. La mujer se refiere a que, en noviembre del año del derrumbe, una pericia de Bomberos determinó que ni los constructores ni el Gobierno habían tomado las medidas necesarias para evitar el daño a la estructura del gimnasio: “Cuando vinieron a inspeccionar la obra, no los dejaron pasar. Ahí tenían que hacer la denuncia y clausurarla. Los inspectores fueron tres veces, les impidieron el paso y así siguió la construcción. Es bastante grave por parte de ellos”.

 

De los familiares surgió la idea de que el terreno vacío, en el que pastizales y escombros conviven diariamente, se convierta en un espacio abierto de memoria. Por eso juntan firmas para pedir a los legisladores porteños que no se construyan nuevos edificios en el lugar. Quieren evitar que los intereses y los negocios inmobiliarios vuelvan a ser cómplices de la falta de controles en la Ciudad. Carlos Tomada, ministro de Trabajo y legislador porteño electo por el Frente para la Victoria, se acercó a la conmemoración y señaló: “No fue un hecho aislado, sino un símbolo de lo que genera una política de Estado inexistente. Esto se inscribe en los resultados negativos y ya demasiado reiterados del abandono de las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en materia de control y fiscalización. No nos olvidemos que Macri intentó suprimir el área de Inspección Laboral, ante lo que se planteó una cautelar. Nos hubiéramos quedado sin una dependencia que debería controlar la existencia de, por ejemplo, talleres clandestinos y cuestiones vinculadas con la salud y la seguridad en el trabajo”.

 

Izraelewicz, por su parte, explicó: “No quiero que quede un baldío porque no quiero ese mal recuerdo que, ya de por sí, llevamos adentro. Prefiero un espacio público donde haya gente que descanse, que disfrute”. Marta Wang, madre de Luis Lu, una de las víctimas, agregó con indignación que se habían enterado de dos ideas diferentes: la construcción de un shopping y la de un banco. Su compañera de lucha completó la idea compartida por ambas: “Pueden proyectar lo que quieran, pero esto no se puede tocar hasta que termine el juicio, que da para largo porque todavía falta la parte del Gobierno. Si la causa se cierra por completo, creo que vamos a lograr hacer el espacio público que queremos”.

 

Los Procesados

El empresario Daniel Menta y el ingeniero civil Guillermo Heyaca serán procesados por “estrago doloso”. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones, que aseguró que si los imputados hubiesen tenido una “conducta reglamentaria” podría haberse evitado la tragedia.

 

Los hechos ocurrieron en agosto de 2010, cuando el local Orion Gym, en Mendoza y Triunvirato, se desplomó a consecuencia de la excavación de un terreno lindante para la construcción de un edificio.

 

Los camaristas “Mirta López González, Ricardo Pinto y Mariano Scotto confirmaron los procesamientos de primera instancia de Menta, el dueño del terreno, y Heyaca, el director de obra, por ‘estrago doloso'”, contó Damboriana, abogado del dueño del gimnasio, Pablo Galli, querellante en la causa. “Tendrían que haber adecuado el diseño de la obra” y tenían “competencia para evitar el daño si hubieran realizado las conductas debidas”, sostienen el escrito. Damboriana comentó que las declaraciones de testigos “dieron cuenta de que hubo tres o cuatro oportunidades en que se informó que la obra estaba afectando locales contiguos”.

 

 

Fuente: Agencia de noticias de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Buenos Aires (autora: María Eva González)

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