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La Defensa Pública solicitó información sobre los comedores escolares y el sistema de becas alimentarias


La Defensoría Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Ramiro Dos Santos Freire, solicitó al Ministerio de Educación e Innovación que informe sobre la situación de los comedores de las escuelas públicas porteñas, la calidad de las viandas y el sistema de becas alimentarias.

 

 

En el marco de la ley 104 de Acceso a la Información Pública y en función de sus atribuciones como magistrado del Ministerio Público, el Defensor pidió que se le remita copia de los pliegos referidos a la contratación de los servicios de alimentación y que se informen los datos de las empresas que proveen las viandas, así como la zona que tienen asignada.

 

Asimismo, pidió que se explique si, a partir de agosto de 2019, se autorizó a estas empresas a efectuar modificaciones o reemplazos de los alimentos y, en tal caso, si se dio intervención a algún profesional.

 

Por otra parte, la Defensoría requirió información sobre el presupuesto aprobado, ejecutado y devengado para 2018 y 2019 en la partida destinada a los comedores escolares. Inquirió, en este sentido, cuál es la cantidad de viandas que se proveen diariamente (así como cuántas se entregaban en 2018) y cuál es el circuito para solicitar las becas alimentarias. Pidió que se detalle la cantidad de alumnos a los que se les asignó beca completa y media beca durante 2019 e inquirió si en las escuelas linderas a los barrios de emergencia u otras zonas desfavorables las becas se entregan automáticamente o bien deben tramitarse.

 

A fin de profundizar en la temática, Dos Santos Freire requirió además información sobre la matrícula total de personas que asiste a escuelas estatales (identificadas por nivel y modalidad de estudio); la cantidad y datos de los establecimientos que sirven desayuno, almuerzo, refrigerio y/o cena; el valor actual de las raciones; y la cantidad de nutricionistas, técnicos verificadores o controladores con los que cuenta la Dirección General de Servicios a Escuelas.

 

En cuanto a los controles realizados sobre el servicio de alimentación, el Defensor pidió información sobre las penalidades impuestas durante 2018 y 2019 a las empresas y los controles bromatológicos realizados a los alimentos y solicitó, finalmente, que se informe si existe un protocolo ante posibles incidentes alimentarios.

 

Es preciso mencionar que el pedido de informes se funda en la existencia de numerosos reclamos y en la preocupación de la comunidad educativa por el deterioro del servicio de alimentación, en especial en las escuelas ubicadas en las zonas de mayor vulnerabilidad social.

 

 

 

Fuente consultada: Ministerio Público de la Defensa.

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