Piden informes por los recortes a las propuestas educativas para estudiantes con discapacidad por parte del Gobierno porteño

 

 

 

 

 

 

La legisladora porteña, presidenta de la Comisión de Promoción Social e integrante de Educación, Laura Velasco, presentó un proyecto para que el Gobierno porteño explique por qué recortó las propuestas educativas -carga horaria, transporte escolar y servicio de comedor- destinadas a estudiantes con discapacidad mayores de 22 años.

 

“Esto vulnera el acceso a la educación de cientos de estudiantes con discapacidad, porque impide el acceso a una formación permanente y, consecuentemente, dificulta el ingreso al mundo laboral, lo que genera mayor exclusión, discriminación y falta de espacios para la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Seguimos insistiendo en que la educación pública en la Ciudad debe ser para todos y todas”, aseguró Velasco, quien hace pocos días se reunió con las familias para articular y acompañar su reclamo, y le planteó personalmente el tema a la ministra Soledad Acuña, durante la última reunión de la comisión de Educación.

 

La decisión de la cartera educativa porteña afecta a unos 600 estudiantes que asisten a 13 escuelas especiales para niñxs, jóvenes y adultxs con discapacidad intelectual, donde se ofrece formación laboral e integral.

 

Actualmente, en lugar de cursar de lunes a viernes en jornada completa, el nuevo esquema comprende una cursada de tres horas en tres días de la semana, lo que produjo una inmediata deserción de muchos jóvenes y adultxs, al afectar la rutina diaria de las familias. A lo que se suma un fuerte ajuste en el servicio de comedor desde el 2015 que ahora, al cursar sólo 3 horas diarias, se profundiza: Lxs estudiantes reciben apenas una colación.

 

Ya en 2021 les habían quitado el transporte escolar, lo que obligó a muchxs jóvenes y adultxs a abandonar sus estudios por no contar con otros medios para concurrir a la escuela. Además, hasta el año pasado podían recibir formación hasta los 30 años; en 2022, lo limitaron a los 22.

 

Según el último estudio realizado por la Dirección General de Estadística y Censos y COPIDIS, 4 de cada 10 personas con discapacidad manifiestan que existen barreras en su inclusión educativa. La falta de apoyos para la asistencia y el aprendizaje es la más importante (86,9% de las respuestas), le siguen las actitudes discriminatorias (51,3%) y falta de accesibilidad arquitectónica y comunicacional (28,9%). El relevamiento también indica que el 83,6% de las personas requiere personal especializado -Acompañante Personal No Docente o Maestro Integrador-.

 

El pedido de informes presentado por Velasco también indaga acerca del presupuesto destinado a las Escuelas para Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Mental y Formación Integral para los años 2021 y 2022; las propuestas educativas que existen actualmente para estudiantes mayores a 22 años con discapacidad; si hay un plan para crear nuevos espacios educativos y qué acciones orientadas a una salida laboral de estudiantes jóvenes y adultos con discapacidad se estuvieron/están realizando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Redacción

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