La Ciudad deberá garantizar los Derechos Sociales de la población más vulnerable
En la última sesión de la Legislatura porteña se aprobó la Ley del Sistema Único de Garantías de los Derechos Sociales, que tiene por objeto la protección integral de los ciudadanos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia, a través del acceso a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad, según lo establecido en el texto de la Constitución.
La Ley, aprobada el jueves 24 de noviembre, pertenece a la diputada de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. La normativa crea el Sistema Único de Garantías de los Derechos Sociales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y su espíritu contempla la protección integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos priorizando el acceso de aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución de la Ciudad.
En la Ciudad de Buenos Aires existe una multiplicidad de organismos, planes, programas y acciones específicas en materia de asistencia social y una dispersión de normativas que regulan las competencias, que no sólo dificultan al ciudadano el acceso a las prestaciones ofertadas sino que también restan eficiencia y eficacia al sistema.
La ausencia de planificación y coherencia de estos servicios ha impedido que se conozcan acabadamente las necesidades concretas de los usuarios y que éstos puedan participar de manera adecuada en la gestión de los mismos. El Sistema Único de Garantía de los Derechos Sociales articula todos aquellos servicios que contribuyen a lograr la promoción y el desarrollo de los individuos y los grupos sociales.
La ley implica una apuesta fuerte por la universalidad, equidad e igualdad de acceso de todos los ciudadanos, clarificando y consolidando firmemente sus derechos, reconociendo su condición de individuos responsables, capaces de asumir y colaborar en la resolución de los problemas de índole social que en la comunidad se presentan, y en los suyos propios, respetando su dignidad y facilitando su autonomía y su libre elección entre las distintas opciones de atención social brindadas.
La ley no sólo contempla los derechos de los ciudadanos sino también sus obligaciones, es decir las corresponsabilidades en relación a los servicios sociales. Toda persona que acceda a los servicios sociales tiene que cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el uso y disfrute de las prestaciones de servicios sociales y sobre todo comprometerse a participar activamente en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción social.
El Sistema Único de Garantías de los Derechos Sociales propone un nuevo objetivo en políticas de acción social, busca construir una relación distinta entre el Estado y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente con aquellos en situación de mayor vulnerabilidad. Desde esta perspectiva se establece un umbral mínimo de derechos plenos y efectivos que requieren tanto de la responsabilidad del estado, como así también la corresponsabilidad de cada hogar beneficiario.
En una entrevista realizada por diario Tiempo Argentino, la autora del proyecto expresó que “para terminar con el clientelismo, necesitamos que exista una relación directa entre el ciudadano y el Estado. La Ciudad tiene un clientelismo muy particular, diferente al que se ve en las provincias, porque hay una cantidad enorme de planes sociales a los que sólo podés acceder si sabés que existen. Este sistema tiende a ordenar y modernizar, quitando a los intermediarios. Ni siquiera de un director de área interviene en el proceso entre el Estado y el beneficiario. Así los ciudadanos pueden saber las diferentes herramientas con las que cuentan. Es como una cartilla para personas en vulnerabilidad social”.
Cerruti, agregó que se busca que haya un único legajo para cada beneficiario y que todos los programas tengan las mismas responsabilidades y requisitos. Este Sistema Único persigue que una misma familia puede recibir todos los beneficios que necesita para salir de esa situación, beca escolar, ciudadanía porteña, servicio odontológico para la persona mayor y las puede administrar en una misma libreta, con un único asistente social, que lleve un monitoreo, un control.
Para la diputada de Nuevo Encuentro, la Ciudad tiene recursos para aplicar este Sistema y tiene un umbral de derechos muy altos, de normas que protegen a los ciudadanos, pero ahora tenemos que garantizar que el Estado cumpla con estas leyes y los programas se organicen entre sí: “En un país donde hay un registro automotor que sabe quién tiene cada auto no puede ser que la Ciudad de Buenos Aires no tenga un legajo único con la situación de cada una de las familias, que permita un acompañamiento que los ayude a salir. La situación de exclusión social es un escándalo con el presupuesto que tiene”.
