Exigen que esclarezcan las responsabilidades penales de un agente de la Policía Metropolitana que cometió un homicidio
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cree que el efectivo violó la Ley 2894/08 de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, relacionado con el uso de la fuerza letal.
foto: polimetropolitana.wordpress.com
De acuerdo al relato de testigos del hecho ocurrido el jueves pasado en el barrio porteño de Chacarita, un integrante de la Policía Metropolitana que se encontraba fuera de servicio, fue amenazado por dos asaltantes con una réplica de una pistola y le quitaron su mochila y su billetera. El policía los dejó alejarse pero luego se identificó, los alcanzó, forcejeó con uno de ellos y le disparó cuando ya se encontraba en el piso. El asaltante que resultó muerto se llamaba Bruno Pappa, de 26 años, el acompañante escapó rumbo al asentamiento existente en la zona. El oficial de la Metropolitana que protagonizó el hecho quedó detenido en la comisaría 29 de la Policía Federal.
El desenlace del hecho, provocó la ira de jóvenes amigos de Pappa que viven en la villa «Fraga», se concentraron frente a la sede policial ubicada en la esquina de las calles Guzmán y Jorge Newbery, de Chacarita, y tras la quema en la calle de neumáticos apedrearon el edificio. De acuerdo a versiones oficiales, la policía reprimió el ataque con balas de goma hasta desalojar la zona.
Este nuevo hecho de violencia policial extrema se suma a los homicidios de Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, quienes fueron asesinados el 15 de agosto por David Alejandro Barrios, un efectivo de la Metropolitana que se encontraba fuera de servicio arriba de un colectivo en la localidad bonaerense de Avellaneda. Es decir que se trata del tercer muerto a manos de funcionarios de esa institución en menos de un mes. Además, una semana antes de los asesinatos de Marchioni y Romero, el oficial de la misma fuerza Juan José Lisondo baleó en la cabeza a un vecino luego de una discusión personal en el partido de Lomas de Zamora. La víctima logró sobrevivir pero sufrió graves lesiones.
La violación reiterada de las normativas sobre uso de la fuerza letal –tanto internacionales, como de la Policía Metropolitana– exige una respuesta institucional de parte de las máximas autoridades civiles a cargo de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Pone de manifiesto, una vez más, que los riesgos para la vida de los particulares y de los propios policías aumentan notablemente cuando agentes fuera de servicio intervienen en lo que consideran una situación delictiva.
Para Marcela Perelman, coordinadora del área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, “el hecho de que un funcionario dispare en la cabeza de una persona que se encuentra huyendo o reducida constituye un hecho de violencia extrema y un uso inadmisible de la fuerza letal que ocasiona un daño muy superior al que se pretende evitar y que se encuentra en contradicción con las normas internacionales y de la propia institución”.
La creación de la Policía Metropolitana tuvo como objetivo generar una fuerza de seguridad capacitada para intervenir en la prevención y represión de contravenciones y delitos menores. El proceso institucional impulsado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para contar con una policía diferenciada de las existentes tiene serias deficiencias y en los últimos meses se han reiterado casos en los que se reproducen las peores prácticas de uso abusivo de la fuerza letal.
La Ley 2894/08 de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires, establece en su capítulo II los principios de actuación que deben cumplir los integrantes de la Policía Metropolitana. Respecto del uso de la fuerza letal, el artículo 28 delimita las situaciones en que el empleo de la fuerza es legítimo. Al respecto, el inciso g) sostiene que el uso de la coacción sólo es válido “siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar”. En tanto, el inciso h) restringe el uso de armas de fuego “solamente en caso de legítima defensa, propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la situación”.
Sin embargo, no se ha escuchado hasta ahora ningún tipo de condena a la actitud del policía por parte de sus superiores. El único que se refirió al caso fue el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, quien sostuvo que el Poder Judicial deberá determinar si se trató de un caso de legítima defensa. Sus declaraciones no señalaron la importancia de la investigación interna y, lejos de cuestionar el uso desproporcionado de la fuerza letal, se orientaron a ponderar el parecido del arma de juguete con una real.
El CELS demanda que se esclarezcan las responsabilidades penales por parte de la justicia y que se lleve adelante la investigación administrativa correspondiente, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.
Fallas de origen: lo viejo de la nueva policía
La ciudad de Buenos Aires tuvo su propia experiencia en el ámbito de las fuerzas de seguridad a partir de la creación de la Policía Metropolitana por la Ley 3255. El proceso institucional impulsado por el gobierno de Mauricio Macri para contar con una policía local diferenciada de las existentes ha fracasado. Sus dos primeros jefes, Jorge Palacios, impugnado al momento de su designación por el CELS y otras organizaciones, y Osvaldo Chamorro, ambos ex policías federales, fueron desplazados de sus cargos de manera sucesiva en medio de un escándalo por espionaje ilegal. La designación de Eugenio Burzaco como jefe civil de la fuerza no ha implicado un cambio estructural ni una solución para los problemas que mantiene la nueva policía desde su puesta en marcha.
El obstáculo más grave y de difícil solución a futuro está relacionado con el modo en que la fuerza ha sido integrada. La selección de sus funcionarios estuvo plagada de irregularidades debidas al traspaso de un grupo de la Policía Federal a la Metropolitana. El 83% de los cargos jerárquicos (superintendentes, comisionados generales, mayores y simples) está ocupado por ex policías federales. De ese grupo, alrededor del 80% comenzó sus tareas en la Federal en la década de 1970, la mayor parte en comisarías de la ciudad.
Fuente: CELS
