El Movimiento Agronomía Abierta le responde a la secretaria de Asuntos legales de la FAUBA

Hace una semana, ParqueChasweb publicó una entrevista que le realizó a la doctora Mariana Guissarri Espin secretaria legal de la Facultad de Agronomía de la UBA, en relación a los reclamos vecinales que tienen que ver con el uso público del Parque dentro del área académica. En una de las respuestas, Guissarri Espin señaló que “como funcionarios públicos no tienen facultado realizar una gestión compartida del predio junto a la comunidad barrial” y, además aseguró que “no se han vedado accesos, sino que se han alambrado las zonas académicas donde el público no respetaba la cartelería que indicaba que no se encontraba permitido acceder.”  El colectivo barrial pidió a este medio responder a las expresiones de la abogada, por lo que a continuación publicamos el texto con las objeciones.   

Desde hace meses, el Movimiento Agronomía Abierta está intentando encuentros con autoridades de La Facultad y del gobierno de la ciudad que impliquen instancias superadoras al estéril encuentro por zoom que tuvimos en marzo pasado. Ante la negativa de las mencionadas autoridades de intentar continuar un diálogo con la vecindad, tan legítima usuaria del parque como la universidad, encontramos oportuno aclarar nuestra posición contestando lo dicho en la mencionada nota periodística.

Ante la pregunta: “–Doctora, desde la apertura del predio se han alambrado áreas y vedado el acceso a zonas históricas del parque que invitan al disfrute del ocio, actividades físicas en sus variadas formas. ¿Cuál o cuáles han sido los motivos que llevaron a las autoridades de la FAUBA a tomar esta decisión? La Universidad solo permite utilizar 4 hectáreas de un total de 25.” 

En su respuesta, Guisarri se extiende por varios tópicos que queremos contestar uno a uno.

Antecedentes históricos

Guisarri, en vez de ir al grano se despacha con un análisis histórico que pretende dejar en claro por qué la vecindad no universitaria no es bienvenida al Parque. Comienza contando que la UBA fue fundada en 1821, antes de que la ciudad de Buenos Aires se convierta en Capital federal. Luego de ese hito, anecdótico para el caso que nos ocupa, pues aún no existía la facultad de agronomía, hace un salto temporal de ochenta años para aterrizar en 1901, año en el que se crea la “estación agronómica, granja modelo y escuela práctica de agricultura”, institución predecesora de la actual unidad académica a la que ella representa legalmente, que fue creada en 1909.

Que su cronología comience en 1901 no es casual, porque con esa omisión deja de decir que el “parque central” estaba en el plano maestro de la ciudad ya en 1887. Al comenzar a narrar a partir de 1901 omite mencionar el decreto fundacional del parque, que se emitió en 1900. Allí, entre otras cosas, se menciona:

• “El crecimiento demográfico de la población de la Capital de la República, desenvolviéndose su población en una vasta extensión hacia el Oeste hace indispensable que los poderes públicos se preocupen de proveer a esa parte del vecindario de un parque amplio y cómodo, donde puedan los habitantes del municipio encontrar un desahogo, en condiciones que guarden armonía con los progresos del resto de la ciudad”  (el resaltado es nuestro)
• La zona no dispone de un parque de grandes dimensiones en las cercanías. 
• El presidente de la Nación debe asegurar la salud y una vida más cómoda a sus habitantes
• La construcción del parque no altera en modo alguno el progreso de la Ciudad 
• El parque va a formarse con personal organizado a tal fin 
• El parque debe tener un régimen semejante al Parque 3 de Febrero 

Al año siguiente, en el decreto que da origen a la “estación agronómica”, también se aclara : “lejos de ser opuesto a este nuevo destino (el de la experimentación y formación agropecuaria) de los terrenos a la formación del paseo, la complementa benéficamente, desde que la extensión de los terrenos se presta para ambos objetos”.

De lo mencionado, se empiezan a desprender dos aspectos elementales:

1. El espacio fue concebido como Parque para uso público antes de la llegada de la “estación agronómica”.
2. Aún desde la creación de la “estación agronómica” se aclara que el desarrollo de la institución debe ser complementario al de la función de los terrenos como parque de uso público.

Título de propiedad, zonificación del predio y gobiernos de facto

Sobre este punto, la abogada se remite al año 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, que fue un presidente que alcanzó su cargo por la vía de las urnas. Ella menciona que la escritura que da título de propiedad a la UBA fue emitida  ese año. Sin embargo es un decreto del año 1963 (el N.º 1957 del 15/03/1963), durante el gobierno de José M. Guido -presidente de facto-, con el que se cedió la titularidad de los terrenos del parque a la UBA.

En relación a la zonificación, Guisarri dice que fue cambiada de E4 a UP (Urbanización Parque) en 1977, durante la intendencia de Cacciatore, transcurrida en la última dictadura cívico militar eclesiástica. Cabe aclarar que E4 como zonificación previa a 1977, no es algo cierto pues antes de 1977, la zonificación del predio era UF (Urbanización Futura), y en la UF no se autorizan las construcciones hasta tanto la comunidad no les otorgue un destino. Para este caso, se le dio el código UP.

La elección de los años no es inocente, porque a la hora de argumentar sobre este asunto, la abogada quiere desconocer la zonificación UP por haber sido “impuesta” durante un gobierno de facto, casi que considera el cambio de E4 (que, como se dijo, no era E4 sino UF) a UP como un acto más de terrorismo estatal.

Al argumentar de esta forma, ella se aferra a la idea según la cual la ilegitimidad de un gobierno, por transición, vuelve ilegítimo lo que surja de esa presidencia. Si reconociera que la cesión de la propiedad se inició en otro período de facto, entraría en un dilema, porque si la rezonificación de 1977 es ilegítima, también lo sería la cesión de propiedad, que ocurrió en 1963 y no en 1965, que es el año en el que se terminó de formalizar la documentación. Además, la presidencia de Illia, en términos históricos tiene mucha mejor imagen positiva que la de Guido, cuya mayor ventaja es la de ser un personaje que más bien se pierde en la historia por su corta presidencia. Si José María Guido tiene un mérito, es el de ser un olvidado entre los tristemente célebres.

Entonces, con la línea de razonamiento planteada, se permite calificar de ilegítima la convalidación de la zonificación UP ocurrida en los códigos dictados durante gobiernos constitucionales, algo así como querer dotar a la zonificación UP actual de una suerte de “pecado original” por haber sido planteada en dictadura.

El razonamiento de la abogada, desde la postura del Movimiento Agronomía abierta, es de corto alcance, porque reivindicamos el uso del parque en base su objetivo inicial histórico -el uso público- y a los criterios actuales, enmarcados en el Plan Urbano Ambiental (PUA) (Ley 2930) conforme el cual se establece el principio de progresividad ambiental, que a grandes rasgos nos compromete como sociedad a mejorar la cantidad, calidad y accesibilidad de la población a los espacios verdes. De esa sociedad es parte la UBA, que, en tanto universidad pública bicentenaria, debería ser vanguardia en materia de cuidado del ambiente, además de honrar su propio estatuto en el que se compromete a establecer fuertes lazos con la comunidad que dice integrar.

Sin embargo, a la hora de referirse al público no universitario…

Sobre el uso público del parque, la FAUBA sostiene el relato conforme el cual históricamente ha dejado que los vecinos usemos el lugar para nuestro esparcimiento. Lo mencionan de forma tal que casi nos piden que le agradezcamos cuando, como venimos viendo, de ninguna manera la FAUBA es la “portera” del lugar.

En los únicos dos momentos en los que Guisarri se refiera al “público”, o sea esa parte de la población que no es estudiante, docente, ni no-docente de la UBA, lo menciona para decir que somos responsables de actos de vandalismo, robos y daños (más adelante en la nota habla del incremento en los casos de inseguridad, jamás se remiten a estadísticas a punto tal de que sospechamos que es una afirmación falta de sustento). Más adelante nos subestima diciendo que han alambrado áreas porque somos incapaces de interpretar las instrucciones de la cartelería que indica dónde teníamos prohibido el acceso. Esta caracterización sectaria es utilizada para decir que como la universidad no recibe fondos del gobierno de la ciudad para mantener, limpiar, iluminar el predio, entonces se ve obligada a cerrar accesos. Pero la verdad es que a la institución no le interesa que el gobierno de la ciudad la asista económicamente, para poder seguir dando a entender que porque no pueden limpiar, tienen que cerrar todo acceso al público que es, a juzgar por la conducta de la institución los últimos casi treinta años (y en particular los últimos cuatro), lo que verdaderamente quieren. En este escenario, lo que se aprecia cuando se entra en el parque es que los tachos de basura están permanentemente colapsados. Tampoco facilitan el uso de baños. Entonces, en este contexto se vuelve obvio tratar a los visitantes de sucios. En cuanto a los baños, se da una paradoja, porque mucha gente recurre a comercios próximos para solicitarle el uso de sanitarios, mientras que la UBA, institución pública, no habilita los suyos alegando que no tiene fondos para limpiarlos, sin embargo no les faltan recursos para seguir construyendo edificaciones que reducen la superficie verde. Tampoco les falta dinero para pagar las adicionales del personal policial, que en más de una ocasión se acercó a hostigar a integrantes del Movimiento Agronomía Abierta cuando realizábamos actividades de divulgación de la problemática (¿y si reducimos adicionales policiales y derivamos ese presupuesto a limpieza de baños y tachos de basura?). No se trata de falta de fondos, se trata de cómo se utilizan. Con una ínfima parte de las construcciones hechas en los últimos años se podría pagar el salario de personal que mantenga los sanitarios en condiciones o que prevenga el colapso de contenedores de basura. Por eso al llegar a este punto se empieza a hacer necesario llamar al teléfono del gobierno de la ciudad porque es totalmente cierto que la UBA no tiene por qué hacerse cargo de todo, y es aquí donde entra en juego la participación ciudadana contemplada a través de la ley de comunas de la constitución del gobierno de la CABA que habilita instancias de planificación conjunta del espacio público. Valga el recuerdo acerca del desfinanciamiento de las juntas comunales y consejos consultivos por parte del gobierno de la CABA.

Gestión compartida: lo que “no tienen facultado”

Ante la pregunta sobre si Las autoridades de la FAUBA estarían de acuerdo en que el Parque tenga una gestión compartida entre la UBA, el Gobierno porteño y los vecinos, Guisarri dice que “no están facultados” para hacerlo. Una vez más se refugia en vericuetos legales para no decir que no tienen voluntad de que así ocurra. La ley de comunas y el PUA son solo dos dispositivos a través de los cuales se podría llegar a una gestión conjunta del parque.

Al caracterizar a la UBA como una institución precedente a todo el mundo conocido, e interpretando la autonomía universitaria como un rasgo que la exime de discutir formas de convivir con la sociedad que la circunda, Guisarri expresa la nula voluntad negociadora, lo que es comprensible desde la óptica de quien sabe que avanzó tanto que, si tiene que negociar, indudablemente perderá parte del terreno ganado, Porque la abogada plantea el escenario como un conflicto patrimonial, mientras desde el Movimiento Agronomía Abierta lo pensamos como la reivindicación de un derecho al espacio público. En este contexto nos encontramos ante la asimetría de reclamar el parque al que tenemos derecho a un interlocutor que nos considera una amenaza -tanto que de esa forma se refiere al “público”-. La UBA no debe ni puede tomar decisiones inconsultas unilaterales sobre el parque y desde el Movimiento Agronomía Abierta no nos detendremos hasta que lo que se haga en Agronomía no sea consensuado entre las diferentes partes usuarias del lugar, bien diferentes entre sí por sus rasgos.

El vínculo de la comunidad universitaria con el parque es de naturaleza utilitarista, es un lugar al que se va a extraer algo (un título universitario, un salario por trabajar allí, etc.). Pasan un período luego del cual se irán a practicar los saberes adquiridos en la facultad para seguir sosteniendo el extractivismo agroindustrial. Su vínculo con el lugar es transitorio, porque lo entienden como un peldaño más en una trayectoria que tiene como fin último una rentabilidad económica. La UBA se vincula con el parque como si fuera una unidad de negocios más que una unidad académica. La vecindad se relaciona con el espacio de otra manera, que consiste en habitarlo como parte del barrio, del hogar en el que vive.

FAUBA plantea la recuperación del acceso del público al parque como una amenaza a la universidad pública. Nada más alejado de esa idea es el proyecto de compartir el parque y que las decisiones que sobre él se tomen sean resueltas entre la vecindad, UBA y el gobierno de la ciudad.

Las sociedades  se rigen en base a pactos entre sus integrantes, acuerdos que se deben ir reajustando con el tiempo. Por ejemplo, en cuestión de normas jurídicas, actos que no hace tanto se consideraban delitos penales, hoy son derechos garantizados por ley. En cuanto a la temática del parque Agronomía, es hora de que la UBA revea su actitud, que hasta ahora solo provoca dolor a la vecindad, y camine hacia una mayor integración con la sociedad a la que pertenece, Compartir el parque sacará a la UBA de la mezquindad.