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El Ministerio Público de la Defensa en amparo de la educación especial


 

 

 

 

 

El mes pasado, el colectivo de familiares, docentes y alumnos que asisten a las Escuelas Integrales de Educación Especial de la Ciudad hizo oír su reclamo en defensa de la educación especial porteña. El colectivo se encuentra a la espera de que se resuelva el reclamo judicial patrocinado por la Defensa Pública.

 

En septiembre pasado, docentes y familiares de personas con discapacidad que asisten a las 13 Escuelas Integrales de Educación Especial de nuestra ciudad realizaron un festival en el barrio de Parque Patricios en defensa de la educación especial. Denuncian que desde el año 2021 se redujo drásticamente la oferta de la educación especial en formación laboral para las personas mayores de 22 años con discapacidad.

Todavía se encuentran a la espera de que se resuelva la causa que se inició en marzo de este año, cuando un grupo de madres y padres —al que luego se sumaron otros estudiantes y sus familias— presentaron un amparo contra el Ministerio de Educación porteño solicitando que se le ordene detener la eliminación y/o reducción drástica de la oferta educativa para estas personas y la interrupción del servicio de alimentación y transporte del que gozaban antes de la medida.

En el amparo, patrocinado por la Defensoría Nº 5 de Primera Instancia en lo CAyT, se solicita que se le ordene al Ministerio de Educación establecer espacios permanentes para la formación laboral de los mayores de 22 años con necesidades educativas especiales, así como también garantizarle acceso al transporte y a la alimentación. Como medida cautelar, se requiere que se restablezca la oferta de los talleres en las escuelas y se vuelvan a prestar los servicios de transporte y alimentación, para quienes lo requieran.

Según se relata en la demanda, las Escuelas Integrales de Educación Especial son parte del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires y “su objetivo es brindar un marco de contención, estímulo y formación” para que las personas con discapacidad puedan integrarse en el mundo laboral. Hasta diciembre de 2021, los estudiantes podían asistir a ellas hasta los 30 años de edad, cursando diversos talleres de lunes a viernes y contando con un servicio de comedor y de transporte. Luego, de manera intempestiva, las autoridades informaron a las familias que, a partir del ciclo lectivo 2022, los mayores de 22 años dejarían de pertenecer al sistema escolar de la CABA. Si bien en ciertas instituciones, de modo informal, se les ofreció a algunos/as estudiantes continuar asistiendo a talleres opcionales, sin comedor ni transporte, el resultado general fue que todos los alumnos mayores de 22 años —así como los menores, que no saben qué les deparará el futuro— quedaron en una situación de incertidumbre y angustia.

En la presentación judicial, se señala que “la reducción de la oferta educativa a las personas con discapacidad, así como la interrupción del servicio de transporte y alimentación constituyen una ilegal y manifiestamente arbitraria conducta del Gobierno de la Ciudad”. Ello, en tanto que se “obstaculiza el adecuado, oportuno acceso y permanencia regular del colectivo en su formación educativa y profesional”, vulnerando su derecho a la educación, a la inclusión, al trato igualitario y no discriminatorio y el principio de no regresividad. Es que estas escuelas son el “principal ámbito de socialización por fuera de la familia” para las personas con discapacidad. Además, no poder acceder al transporte escolar público ni al comedor escolar les genera “una enorme dificultad”, teniendo en cuenta que “los y las jóvenes que no cuentan con autonomía, se ven obligados a quedarse en sus casas ya que a muchas familias se les dificulta acompañarlos a los talleres solo por una o dos horas, teniendo que interrumpir sus jornadas laborales.

Finalmente, se plantea en el amparo que el GCBA tomó estas medidas sin ninguna fundamentación —algunas autoridades de las escuelas tan sólo aludieron a una Resolución del Consejo Federal de Educación— y sin convocar a reuniones informativas. Esta ausencia de información motivó de hecho que se interpusiera un amparo al respecto, fallándose en primera instancia en contra del Gobierno porteño y ordenándose que brinde información respecto a la modalidad de cursada para las personas discapacitadas mayores a 22 años. Si bien el Gobierno de la Ciudad apeló, la Cámara confirmó, a fines del mes pasado, esta decisión. No obstante, ello, el Ejectuvo ha interpuesto recientemente un recurso de inconstitucionalidad contra esta sentencia.

Ante la denuncia de las familias, el INADI emitió el DICTAMEN 573-23 en el cual concluye: “Del análisis de la normativa citada, y utilizando el criterio de la regresividad normativa, es claro el retroceso que implicó la decisión tomada por el Gobierno de la Ciudad. La normativa recortó 8 años de formación profesional en 13 instituciones públicas a jóvenes con discapacidad. El derecho a la educación de las personas afectadas por esta medida estaba amparado y dejó de estarlo por una normativa regresiva que contradice la Resolución del Consejo Federal de Educación citada párrafos arriba”.

Cabe destacar que, a partir de lo solicitado por la Defensoría Oficial en el amparo iniciado en marzo, el Observatorio de Discapacidad del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires realizó un dictamen en el que afirmó que “la obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la de transformar las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión a fin de garantizar el acceso a la educación de todo el colectivo de personas con discapacidad”. Es que, según el Observatorio, el derecho al acceso a la educación del colectivo de personas con discapacidad es el de la educación inclusiva, un derecho actualmente vulnerado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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