Denuncian que el Gobierno porteño favorece a las empresas de comedores escolares

 

 

 

 

 

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad señalan que Soledad Acuña firmó un convenio con la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio por el cual estudiantes realizarán pasantías laborales en sus empresas y les otorgan más beneficios para quedarse con una licitación de 50 mil millones de pesos.

 

 

Por Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind

 

Soledad Acuña firmó un convenio con la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio por el cual estudiantes realizarán pasantías laborales en sus empresas. A cambio, las concesionarias recibirán beneficios “en procesos de licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad”. El acuerdo se da en el mismo momento en que está en curso la licitación pública 7192-1818-LPU21 para definir qué empresas se ocuparán del servicio de alimentación de las escuelas porteñas los próximos cuatro años por más de 50 mil millones de pesos. Organizaciones, familias y cooperadoras presentaron un amparo colectivo para frenar la Licitación.

 

Las concesionarias de comedores escolares denunciadas en múltiples oportunidades por intoxicar a estudiantes fueron premiadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad con el “Sello Compromiso con la Educación”.

 

Este “sello” se otorga a las empresas que se ofrecen como opción para que estudiantes de quinto año hagan las pasantías laborales que impulsa el Gobierno de la Ciudad. De esta manera, estudiantes de colegios como la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, apodada popularmente Lengüitas, deberán realizar sus pasantías laborales en la sede de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio.

 

Estudiantes del Lengüitas deberán realizar sus pasantías laborales en la sede de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio.

 

Dicha entidad está integrada fundamentalmente por las empresas que desde hace años se ocupan del servicio de comedores escolares en la Ciudad. Su presidenta, María del Rosario Porcellini, es una de las titulares de Arkino SA. Su vicepresidente 1° es Héctor Alfredo Orlando, titular de Bagala S.A.

 

Su Pro-Tesorero es Rubén Melul, a cargo de Lamerich SRL, empresa que sólo en los primeros días de marzo de 2020 ´fue denunciada por intoxicar a más de 100 estudiantes de seis escuelas porteñas.

 

En la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerio, además de las empresas ya nombradas, aparecen representantes de Carmelo Antonio Orrico SRL, Enrique Tavolaro SRL, Friends Food S.A., Servicios integrales de Alimentacion SA, Treggio SRL, Spataro SRL y Alfredo Grasso

 

 

Más beneficios para que todo siga igual

 

En los hechos, este “sello” funciona como un nuevo beneficio para que las empresas que desde hace años manejan los comedores, puedan quedarse con una licitación de 50 mil millones de pesos. Lo explica la ministra Acuña: “Todas las empresas que se sumen a las prácticas educativas accederán al ´Sello Compromiso con la Educación´. Este reconocimiento resultará relevante al momento de ser evaluadas para licitaciones de bienes y servicios dentro de la Ciudad”.

 

Justamente, en estos momentos se está llevando adelante la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 para definir qué empresas se ocuparán del servicio de alimentación de las escuelas porteñas los próximos cuatro años, licitación que implica un reparto de $50.055.347.712.

 

Este beneficio es una muestra más del compromiso que tiene el Gobierno porteño, no con la educación sino con estas empresas que brindan un servicio que acumula denuncias y, pese a todo, continúan con total normalidad porque hay un entramado legal que les asegura impunidad y un gobierno que les garantiza ganancias exorbitantes.

 

 

Campaña por una alimentación de calidad y para todxs en la Ciudad

Frente a esta situación, crece la organización de familias, cooperadoras y organizaciones que conformaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”, en el marco de la cual esta semana se presentó una acción de amparo colectivo ambiental solicitando se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Licitación Pública 7192-1818-LPU21 por violar las instancias obligatorias de participación de la comunidad educativa y violar el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública. A través de la misma se cuestiona la Licitación Pública que concesionará por cuatro (4) años más el Sistema de Alimentación Escolar.

 

La demanda tramita en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad N° 22 y fue caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – EDUCACION-OTROS”, Expte. N° 59547-2022/0

 

En la acción de amparo se solicitó que:

 

• Se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto N° 55/22, de la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 y demás normativa dictada en consecuencia, porque el Gobierno porteño no garantizó el derecho a participar a los integrantes de la comunidad educativa ni se aseguró la democratización en la toma de decisiones con relación a la nueva concesión del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas que forma parte de la organización del sistema educativo (art. 1, 11, 24, 37, 39, 62, 104 inciso 29; art. 4 y el art. 11, inciso i, de la Ley N° 26206)

 

• Se ordene la interrupción del proceso licitatorio de la Licitación Pública N° 7192- 1818-LPU21 hasta que el Gobierno de la Ciudad garantice el derecho a participar a los integrantes de la comunidad educativa y asegure la democratización en la toma de decisiones con relación a la nueva concesión del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas y el contenido de los correspondientes pliegos.

 

• Para el caso de que la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 se encuentre adjudicada y las empresas prestando el Servicio de Alimentación en base a los pliegos de esta Licitación, se solicita que se ordene al Gobierno porteño, de forma inmediata, a convocar a la comunidad educativa a un procedimiento participativo, previamente reglamentado también con participación ciudadana, para debatir la organización de la prestación del Servicio de Alimentación Escolar y el contenido de los correspondientes pliegos a los cuales deberá adecuarse la concesión en curso.

 

• Se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la Ordenanza N° 43.478, del Decreto N° 55/22, de la Licitación Pública N° 7192-1818-LPU21 y de toda normativa que regule y autorice el Sistema de Becas por violar el principio de acceso universal y gratuidad de la educación pública consagrados en el art. 24 de la CCABA, el art. 75 inciso 19 de la Constitución Nacional, el art. 4 y el inciso h del art. 11 de la Ley N° 26.206; y por violar el principio de progresividad en materia de derechos sociales (derecho a la educación y a la alimentación).

 

• Se ordene al Gobierno de la Ciudad que de forma inmediata garantice la prestación universal del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas (desayuno, almuerzo, vianda, refrigerio y merienda) a todo estudiante sin excepción ni exclusión de ningún tipo, sin condiciones y de forma gratuita.

 

La Campaña por una alimentación de calidad y para todxs en las escuelas de la Ciudad está integrada por familias, cooperadoras y organizaciones entre las que se encuentran El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes.

 

Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, magdalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año. “Queremos que nuestros chicxs se alimenten en las escuelas, y eso está lejos de suceder si se mantiene el sistema de prestación a través de concesionarias”, señalan los amparistas.

 

Por tal motivo se le solicita al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Educación que, por un lado, democraticen la discusión de Servicios de Comedores Escolares y por otro, que mejoren la calidad del “alimento” que le dan a lxs alumnxs.

 

Para que las escuelas ofrezcan alimentos de calidad y nutritivos, es fundamental que la ciudadanía pueda participar en esta discusión bajo la consigna “¡Nuestrxs hijxs tienen derecho a una buena alimentación escolar!”