Sobre la ley de Larreta de integración productiva en barrios populares
La Legislatura porteña aprobó con 33 votos del interbloque oficialista, la ley de “integración e impulso al trabajo en barrios populares”. Durante su intervención, la legisladora del FDT y presidenta de la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, Laura Velasco, criticó la iniciativa por beneficiar únicamente las grandes empresas y cadenas comerciales en contra de los pequeños comercios que ya existen en los barrios y por no ser discutido con los actores locales: “Primero tenemos que fortalecer y acompañar los emprendimientos y el trabajo que existe y no generarles una competencia desigual con el financiamiento del Estado”.
“Necesitamos que el Gobierno de la Ciudad acompañe a los emprendimientos locales, a aquellos que hoy están generando trabajo en los barrios populares, a quienes se les va a sacar el pan de la boca porque se van a instalar rubros que ya existen, como verdulería, carnicería, panadería, gastronómicos y tiendas de ropa. Esas personas están sosteniéndose con mucha dificultad después de una pandemia y de un gobierno presidido por un empresario, que no beneficio al país sino que fue parte de hipotecarlo y de dejarnos en esta situación tan tremenda que estamos viviendo en la Argentina, por haber contraído una deuda y luego fugado 45 mil millones de dólares”, manifestó Velasco.
Además, “esta Ley ignora y atenta contra la 6.376 de promoción de la Economía Social y Popular que en esta Legislatura votamos hace un año y medio. La economía social y popular es parte de los barrios populares; por qué entonces no se está implementando, mapeando y acercando ese beneficio a muchísimos emprendimientos productivos y comerciales que hay en los barrios. Se habla de integración productiva, pero se le habla sólo a las grandes cadenas, los emprendimientos productivos no acceden al fondo fiduciario, no se implementan ferias ni se impulsa el desarrollo de polos productivos”, explicó.
“Hay comerciantes que están hace 20 años en el barrio a quienes hoy ni siquiera se les está asignando locales en las viviendas nuevas; los mismos locales que, mientras discutíamos esta ley en las comisiones, ya los estaban licitando a grandes cadenas comerciales. Hoy lo estamos votando y recién dentro de 5 días tenía fecha para ser discutido en la mesa de gestión participativa del barrio 31, es una burla”, advirtió la legisladora, y agregó: “Ya se hicieron las licitaciones, nos están tomando el pelo. Si este proyecto es para beneficiar a los habitantes de los barrios populares es a ellos a quienes tenemos que escuchar, es allí a donde tenemos que ir a discutir las cosas, y no hacerlo a sus espaldas. Para beneficiarlos tienen que ser sujetos de esta ley, tienen que participar, porque esa es la única garantía de que eso suceda”.
“Tenemos que saber que si en la Argentina queremos de verdad transformar la realidad en un sentido de justicia, es la organización popular la que lo va a hacer. Lamentablemente, hay algunos diputados a los que les molesta cuando quienes estamos en las bancas tenemos un compromiso con los sectores populares, pero no se molestan cuando las ocupa un empresario que fuga capitales y que luego vienen acá a hablar mal de la política mientras cobra su sueldo todos los meses”, finalizó.
La ley de «Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares» o denominada “Ley Farmacity” promueve «el otorgamiento de beneficios impositivos e incentivos a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios para la realización de las actividades».
A tales efectos, se crea el Distrito respectivo, integrado por 48 barriadas y otras que pudieran surgir en adelante por nuevas disposiciones urbanísticas. Según estadísticas oficiales, en esos barrios viven hoy más de 200 mil personas, unas 74 mil familias.
Los beneficiarios serán:
- a) Personas humanas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes de la AFIP, a partir de la categoría E.
- b) Personas humanas Responsables Inscriptos ante la AFIP.
- c) Personas jurídicas;
- d) Uniones transitorias de empresas.
Las actividades que se promueven son: gastronomía, cafetería y bares; establecimientos educativos; venta minorista de verduras, frutas, legumbres y hortalizas; panadería y confitería; alimentos y bebidas; peluquería y similares; venta y reparación de electrodomésticos; computación y afines; actividades recreativas y deportivas; ferretería, materiales de construcción; Espectáculos y actividades culturales; servicios financieros y de seguros; farmacias, perfumerías; servicios médicos, veterinarias; entre otros comercios y servicios.
Se establece que el personal empleado en estas tareas debe ser, en un mínimo, del 30 por ciento de residentes del barrio.
Tras un intenso debate, se aprobó el proyecto por 32 votos positivos de VJ, UCR y PS; 20 negativos de FdT, FIT y CF; hubo 4 abstenciones de LLA.