Sin avances: Hace 20 años se sancionaba la ley para ampliar la red de subterráneos
El 8 de noviembre de 2001 los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron la ley 670, la cual autorizaba al Ejecutivo a construir tres nuevas líneas de subterráneos: la F (de Barracas a Palermo), la G (de Retiro a Agronomía) y la serpenteante línea I que uniría Parque Chacabuco, Villa Crespo, Palermo, Retiro y/o Núñez.
Hace dos décadas, la Legislatura porteña sancionaba la ley para que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires proceda a planificar la construcción de tres nuevas líneas de subterráneos. Desde entonces, poco se avanzó con la obra, el plan quedó inmovilizado y las denuncias por deficiencias en el transporte se acrecentaron.
El 8 de noviembre de 2001 los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires sancionaron la ley 670, la cual autorizaba al Ejecutivo a construir tres nuevas líneas de subterráneos: la F (de Barracas a Palermo), la G (de Retiro a Agronomía) y la serpenteante línea I que uniría Parque Chacabuco, Villa Crespo, Palermo, Retiro y/o Núñez. A 20 años del lanzamiento de esa norma, los avances fueron nulos y las deficiencias se acumularon.
En lo referido al control, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un informe en septiembre de 2021 sobre la gestión de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) en la “Obra Acceso Sarmiento Fase 1 Etapa II”, durante 2018. Dentro de este plan aparece la modernización de la Línea D (Etapa I) de la red de subterráneos la cual comprendía la actualización de los sistemas de señalización, fuentes de alimentación y mejoras de la estación 9 de Julio. Se estimó que el costo de este proyecto ascendía a U$S268.160.000, financiados con un crédito otorgado por U$S104 millones y la mayor parte con fondos propios (U$S164.160.000).
El informe concluye que el proceso licitatorio presentó una serie de incumplimientos que, «si bien no entorpecieron ni afectaron su desarrollo, mostraron falta de control interno sobre aspectos referidos a la publicidad de la licitación y otras cuestiones vinculadas con el mismo proceso”. En cuanto a la ejecución de las obras, la AGCBA no pudo relevarlas por encontrarse vigentes, al momento de la realización de las tareas de campo, “medidas vinculadas a la Pandemia de COVID 19”.
Inspecciones
El informe inmediatamente anterior al de 2021 data de 2018. En aquel entonces se encontró que se inspeccionaron menos vagones de lo que estaba previsto. La Auditoría realizó un seguimiento sobre el grado de avance de observaciones y recomendaciones hechas por el mismo organismo en 2015.
Además SBASE y Metrovías tenían un Acuerdo de Operación y Mantenimiento firmado en abril de 2013: en caso de alguna deficiencia en la inspección, la propia empresa estatal debía hacer una nueva visita en un plazo no mayor a 20 días. Según el informe de AGCBA “se pudo comprobar que las reinspecciones fueron realizadas más de tres meses después, plazo que supera holgadamente lo establecido en el mencionado acuerdo”.
En 2016, la AGCBA halló que se habían comprado coches usados sin calcular gastos de envío ni medir su vida útil.
También fue la AGCBA, pero en 2016, la que halló que se habían comprado coches usados sin calcular gastos de envío ni medir su vida útil. Esto referido a la adquisición de 105 coches eléctricos para la Línea A, que fue adjudicada a la firma Citic por U$S183.664.892,66 más gastos de nacionalización que, conforme a pliegos, estuvieron a cargo de SBASE.
Esta misma investigación abordó la compra, a la firma española Metro de Madrid, de un combo conformado por 73 coches de los denominados Caf 6000, una unidad en composición con dos coches motores y un coche remolque más diversos materiales de repuestos, que fueron destinados a la Línea B por casi 28 millones de euros.
Accesibilidad
En un informe realizado por la Fundación Rumbos se encontró que con la pandemia las personas con discapacidad tuvieron nuevas dificultades para usar todos los transportes públicos. Particularmente en los subtes se halló que sólo un tercio de las estaciones cuentan con ascensores para viajar en ambas direcciones y muchos no funcionan. Esto provoca que 6 de cada 10 viajes no puedan realizarse.
Por esta problemática en 2018 la Justicia porteña multó a Metrovías con $5 millones por no cumplir con una medida cautelar, dictada a principios de ese mismo año, que le ordenaba realizar una serie de obras para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a las estaciones.
El fallo del juez Roberto Gallardo detallaba que «luego de casi dos años de iniciado el amparo y de más de seis meses de dictada la medida cautelar, el incumplimiento por parte de los demandados es de extrema gravedad». Además, agrega que esa actitud «condena a las personas con discapacidad motriz a la casi total exclusión de la posibilidad de utilizar la red de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires.
Control
La AGCBA también detectó deficiencias en el control del transporte público de la Ciudad, esta vez a cargo del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos. Durante el período analizado (también 2018) se dictaron 79 resoluciones relacionadas con la imposición de multas a Metrovías S.A., “la mayoría por indisponibilidad de escaleras y ascensores y otros medios de elevación”. Sumado a esto, el informe señaló que los expedientes tramitados se corresponden con los años 2015, 2016 y 2017, “es decir, fiscalizaciones realizadas en años anteriores”.
La Auditoría expresó que “en el año auditado no se comprobó la percepción de multas, ni el inicio de ejecución fiscal, ni la corrección de los problemas vinculados con las escaleras mecánicas, ascensores ni ese año ni en años anteriores”. Además, remarcó que se encontraba en trámite una causa en el Fuero Contencioso Administrativo.
Fuente consultada: El Auditor info
