Presupuesto de la Ciudad y endeudamiento anticonstitucional
El legislador porteño de Bien Común, el partido de la Alameda, ratificó la denuncia penal contra el Ejecutivo porteño por haber enviado el presupuesto un mes más tarde de lo señalado por la Constitución y sin hacer ningún debate en comisiones ni ronda de ministros como se realiza desde hace 16 años en cumplimiento de la ley 70 que habla del presupuesto participativo. Además de un endeudamiento ilegal en 120 millones de dólares para beneficiar al grupo Roggio.
El 21 de diciembre Gustavo Vera se presentó a ratificar su denuncia en la Fiscalía Nacional en los Correccional N° 12, a cargo de José Mariano Orfila (que es subrogante) quien tramita el expediente 71.351/15 junto el juzgado Correccional N° 11.
Endeudarse para Benito Roggio
En la denuncia penal se señala que el presupuesto se aprobó con pedidos de empréstitos que superan los 1.200 millones de dólares. A pedido del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, 44 legisladores, todo el PRO y el Frente para la Victoria por excepción de Pablo Ferreyra, aceptaron endeudar al Estado sin saber en qué condiciones se solicita el préstamo, el tipo de tasa de interés, a qué banco u organismo se solicitará, bajo que jurisdicción judicial, sin definir la moneda de la operación, como la paridad de los títulos, entre otras tantas especificaciones mínimas.
En el caso de la construcción de la planta de residuos zona norte se aprobó una deuda en 120 millones de dólares. El legislador Gustavo Vera votó en contra de este negociado que beneficia directamente a Benito Roggio, líder del grupo Roggio que nació en la década de los ochenta con los negocios de la basura y la concesión del subterráneo. Además de Vera 13 legisladores se opusieron a este endeudamiento entre ellos el interbloque ECO (los bloques Suma +, PSA, Coalición Cívica) por excepción de Graciela Ocaña que se abstuvo junto a Javier Gentilini (Frente Renovador), Verde del Sur (Pablo Bergel), PTS + FIT (Patricio Del Corro), MST (Alejandro Bodart).
En el recinto de la Legislatura porteña Vera sostuvo que el proyecto de ley por la planta de residuos zona norte “no tenía especificaciones y tampoco lo aclararon en comisión los funcionarios, por lo tanto se desconoce qué tipo colocación y a que bancos u organismos se solicitaría, tampoco a que tasas abre a bancos internacionales y no define condiciones del préstamo, tampoco porque ley se rige”.
Para el PRO el argumento en favor de la planta es que disminuye la cantidad de residuos que se entierra porque considera que material reciclado es aquel que se recupera de la tierra, para Vera “esto es mentira porque el material que se recupera esta tan degradado (se mezcló con la basura, el cartón, el plástico) que no tiene prácticamente valor de mercado, por lo tanto no se debe considerar material recuperado”.
Fue más a fondo el legislador titular de la Fundación Alameda y amigo personal del Papa Francisco al señalar que este prestamos “en realidad es un negocio que el Gobierno de la Ciudad paga al grupo Roggio que gestiona el relleno y la planta MBT, ya que se paga por tonelada de tierra recuperada, y para ello se cuenta al material y la tierra, y Roggio no paga la tierra ahora la tiene gratis antes la pagaba, es un terreno de 300 hectáreas y se plantea ampliar a 275 hectáreas más”.
Las organizaciones de cartoneros vienen denunciando este negociado y por eso piden que en lugar de tomar créditos para redireccionarlo al grupo Roggio se debe destinar a la Dirección de Reciclado para conformar equipos técnicos, y campañas con los vecinos lo que generaría la recuperación de materiales reciclado pero por el contrario están desfinanciando el sistema de reciclado estatal para transferirlo al grupo empresario que lidera Benito Roggio.
El legislador que se hizo conocido por devolver cada mes el 60 por ciento de su salario, 30 mil pesos a entidades de bien público, profundizó su denuncia al resaltar que “este negocio tiene tres patas que interactúan para enriquecerse. Los funcionarios del gobierno porteño, la dirección del sindicato de CEMASE y el grupo Roggio”.
Para Vera “no nos pueden tratar como una vil escribanía, votar a libro cerrado negocios que son infames, acá coinciden la mayoría de los legisladores por un toma y daca, esto es absolutamente invotable, avasalla el poder legislativo y así no se construye república. Lo único que falta que digan que somos desestabilizadores por llevar esta problemática a la justicia, los proyectos deben ser despachados como corresponde, este es dinero del vecino. Se vota a libro cerrado un empréstito que no se sabe el valor dólar, condiciones y mercado, este y todos los empréstitos que llegan a 1.200 millones de dólares y el presupuesto. Al final el PRO aprendió de las malas acciones de los que se van, son republicanos en la oposición y en el gobierno se votan endeudamientos lesivos para los vecinos, y cuentan con votos obtenidos de manera abyecta”, cerró el legislador de Bien Común, el partido de la Alameda.
Cita textual en la denuncia penal que figura como subtítulo “los empréstitos. Se despacharon a libro cerrado, sin análisis alguno.
Es decir que estos expedientes no fueron sometidos a estudio alguno en el marco de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. A su vez carecen de documentación que avale los pedidos realizados por el Ejecutivo Porteño respecto a este punto en particular. A mayor abundamiento sobre el fondo de la cuestión, cabe indicar que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad, no se hicieron presentes para explicar la conveniencia, el mérito y la oportunidad de incrementar la deuda pública de la Ciudad.
De esta manera, estos proyectos son verdaderos ‘cheques en blanco’ que no definen moneda de la operación, la paridad de los títulos, el tipo de tasa de interés y otras tantas especificaciones mínimas que no tiene sentido traer a colación en este momento.
Fuente: La Alameda
