Por la venta indiscriminada de tierras públicas, nuestra Ciudad posee un grave déficit de espacios públicos verdes

La Ciudad de Buenos Aires es una de las peor rankeadas en cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante de América Latina. Entre 2009 y 2019 el gobierno vendió aproximadamente 150 hectáreas a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura para autorizar la enajenación de inmuebles.

“Este informe nace de la necesidad de poder discutir la preocupante situación de los espacios verdes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, escenario visibilizado en el contexto de la actual pandemia bajo parámetros de escasez, desigualdad territorial y espacios de baja potencialidad de uso. Pero negado por el gobierno local que gusta presentar una supuesta Ciudad Verde.

Anteriormente en nuestro último informe1 describimos la política de venta de tierras públicas por parte de la Ciudad y del gobierno nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, cantidad que alcanzó a la venta de más de 500 ha.

Asimismo la intención durante el 2020 de privatizar y construir barrios de lujo en el predio de Costa Salguero movilizó a la sociedad que ha logrado –hasta el momento- junto con la justicia,  al menos demorarlo”, este texto encabeza el documento elaborado por el grupo de trabajo del diputado porteño Matías Barrotaveña (FdT).

El informe se hizo público en un contexto particular ya que:

• El jueves 5 de agosto el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta buscó aprobar en la Legislatura porteña un convenio urbanístico con la empresa IRSA por el cual se le permitirá construir un barrio cerrado con torres de 45 pisos (145 mts.) en los terrenos de la ex ciudad deportiva de Boca. Se trata de un terreno de 75 ha. que fue cedido de forma gratuita por la ciudad para ese uso deportivo. Es bueno recordar que se trata de terrenos “ganados” al río mediante rellenos realizados por el Club Boca Juniors (no por el estado) y sobre los que no se han realizado estudios para meritar la conveniencia de semejante proyecto inmobiliario de uso extensivo.
• Sin estudios de impacto ambiental se piensa avanzar pese a su cercanía con la Reserva ecológica, la existencia a 100 mts de la Central Costanera responsable del 20% de la contaminación del aire en la ciudad y sin ninguna integración con el barrio Rodrigo Bueno.
• Si bien el proyecto, como marca la ley, plantea que un porcentaje del mismo sean espacios verdes se trata de una oportunidad única para compensar la carencia de espacios públicos de calidad que se describe en el presente informe.

Existe un consenso internacional en torno a que son necesarios al menos 10/12 mts de espacios verdes por habitante para que una ciudad tenga aceptable calidad de vida. Muy lejos de esa cifra, el gobierno porteño contabiliza en la Ciudad un total de 6 m2 de área verde/habitante que, en la realidad supera escasamente los 5m2 incluyendo las áreas naturales protegidas, sin ellas quedan 4m2 de espacio verde por habitante. Poco.

En lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de espacios verdes públicos se puede observar un alarmante déficit no sólo en su cantidad y calidad sino también en la desigual distribución que éstos tienen en los barrios. Hay zonas de la Ciudad -las más densamente pobladas- que cuentan con muy bajos porcentajes de espacios verdes públicos, otras que si bien cuentan con amplia superficie poseen en contraparte déficits en su accesibilidad y conectividad, y otras que directamente no poseen áreas verdes. Además la tarea no acaba en la ampliación o delimitación de los espacios únicamente. La cobertura vegetal en las áreas verdes de la Ciudad cumple también funciones ambientales y sociales importantes: una buena trama arbórea por ejemplo, aumenta el bienestar y mejora la calidad de vida. Y en este sentido algunos barrios de la Ciudad -según datos oficiales- muestran grandes desigualdades ya que poseen la doble condición de escasa cobertura vegetal y alta concentración de población.

Datos destacados del Informe elaborado por Matías Barrotaveña

• Como principal conclusión podemos señalar que la ciudad de Buenos Aires es una de las peor rankeadas en cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante de América Latina. Tiene un déficit importante de espacios públicos verdes acrecentado por la venta indiscriminada de tierras públicas. Además estos espacios tienen una distribución desigual en el territorio de la ciudad encontrándose importantes barrios con una carencia casi absoluta de los mismos. Esto tiene un importante impacto en la calidad de vida y en la posibilidad de mitigación del impacto de los efectos del cambio climático

• De estos 5m2 de espacio verde público por habitante casi el 7% corresponde a Canteros Centrales. Un espacio poco utilizable.

• Entre 2009 y 2019 el gobierno vendió aproximadamente 150 hectáreas a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura para autorizar la enajenación de inmuebles. Gran parte de estas 150 has podrían haberse destinado a un programa de mejora sustancial del espacio verde de proximidad. Esta cifra supera las 500 ha sumando otros espacios como lo hace el Observatorio del derecho en la ciudad.

• Entre el 2015 y el 2019 el gobierno porteño dice haber creado 110 nuevas hectáreas verdes públicas, pero si analizamos ese número sólo 66 ha califican verdaderamente como tales.

• En este contexto decide avanzar con la venta de los predios actualmente utilizados por Costa Salguero y Punta Carrasco sin ajustarse a los procesos previstos en la Constitución porteña. Proceso judicializado con primera y segunda instancia dando lugar a un amparo que frena la venta. Y además durante el 2021 el oficialismo pretende autorizar –sin Evaluación de Impacto Ambiental- el emprendimiento inmobiliario ¨Solares de Santa María¨ (hoy con otro nombre) del Grupo IRSA en 70 hectáreas pegadas al barrio Rodrigo Bueno y a la Reserva Ecológica Costanera Sur: uno de los humedales con la categoría más alta de protección internacional declarado como Sitio Ramsar. En un momento donde todo el mundo discute sobre los impactos del cambio climático en zonas costeras habitadas, el GCBA pretende seguir con su política de urbanizaciones de lujo esta vez directamente a la orilla del rio. Una zona que según la Constitución de la Ciudad debería mantenerse de público.

• Por otra parte, las zonas más densamente pobladas de la Ciudad son las más afectadas por la ausencia de espacios verdes públicos. Los barrios con alta densidad poblacional como Boedo o Almagro (Comuna 5) o Balvanera y San Cristóbal (Comuna 3) apenas llegan a 0,21 m2 en promedio de espacio verde público por habitante.

• Existen barrios en la Ciudad que no cuentan con espacios verdes o bien los están perdiendo. En los barrios de Villa Crespo o Villa Santa Rita los vecinos sólo cuentan con 0,15m2 de espacio verde público por habitante y 0,01m2 respectivamente. Una verdadera tierra de cemento.

• Barrios como Parque Chas (0,20m2), Agronomía (0,29m2) o incluso Paternal con 4m2 de espacio verde por habitante están apenas un poco mejor

• Sólo cuatro barrios superan los 10m2 de espacio verde público por habitante en la Ciudad, cumpliendo con los estándares internacionales: Puerto Madero (418m2), que contiene a la Reserva Ecológica; Villa Real (82m2) y Villa Soldati (61m2) con el Parque Indoamericano en Lugano y Soldati; y Saavedra (16m2).

• Los barrios más populares son los más perjudicados con la pérdida de las 37 ha en Parque Roca, las 45 ha en Parque de las Victorias para un Golf, o las 20 ha del parque de la Ciudad para emprendimientos inmobiliarios.

En otro tramo del informe se detalla que existen zonas de la Ciudad que no cuentan con espacios verdes o bien los están perdiendo. En los barrios de Villa Crespo o Villa Santa Rita parecería que las plazas y las áreas verdes se encuentran con lupa. Si se analizan los datos duros obtenidos en este relevamiento dichos lugares cuentan con sólo 0,15 m2 y 0,01 m2 respectivamente. Una verdadera tierra de cemento. (ver gráfico 7)

Sólo cuatro barrios superan los 10m2 verdes por habitante y al mismo tiempo se destacan en la importancia de mayor cobertura vegetal, cumpliendo con los estándares internacionales: Puerto Madero (418m2), que contiene a la Reserva Ecológica; Villa Real (82m2) y Villa Soldati (61m2) con el Parque Indoamericano en Lugano y Soldati; y Saavedra (16m2). Incluso aquí, en lugares con mayores superficies de áreas verdes públicas, el avance sistemático de expropiación se hace presente. Los barrios más populares fueron los más perjudicados con la pérdida de las 37 ha  en  Parque Roca, las 45 ha en Parque de las Victorias para un Golf, o las 20 ha del parque de la Ciudad para emprendimientos inmobiliarios: suelo para la especulación y no para las familias que se encuentran en emergencia habitacional y ambiental. La privatización  de la tierra pública: un sello de la gestión PRO.

Existen otros barrios como Parque Chas (0,20m2) o Agronomía (0,29m2) donde los  porteños  además  de  contar  con  escasa  superficie  de  áreas  verdes  por habitante deben defenderse de la maquinaria extractivista  PRO.  Incluso  en estas áreas donde el espacio verde público representa el único pulmón que los porteños poseen, el gobierno intenta avanzar con la práctica de desarrollo inmobiliario sin control. En el 2018 se intentó habilitar en Agronomía la construcción de un estadio abierto en el Parque de la Facultad de Agronomía, generando un grave impacto no sólo ambiental (afectando la gran diversidad de flora y fauna del parque y la habitabilidad del barrio) sino también cambiando su perfil identitario en una zona de protección histórica. Finalmente y tras una activa defensa vecinal en favor del predio el proyecto quedó desestimado.

Además en Agronomía alrededor del 50% de la superficie del barrio se encuentra sin cobertura vegetal, y si bien se observa una distribución homogénea de cobertura arbórea en las arterias del área residencial del barrio, aún queda mucho por planificar ya que el mayor porcentaje de las áreas verdes públicas son de acceso restringido.

Varios de estos ejemplos se repiten casi como una metodología calcada en muchos barrios de la Ciudad al momento de evaluar o analizar la política de planificación urbana en materia de espacios verdes. Un ejemplo no menor, por lo que representa en superficie de área verde, es el proyecto que se pretende impulsar en el llamado ¨Parque la Isla¨ del barrio de la Paternal. El barrio de Paternal cuenta con 4,14 m2 de espacio verde público por habitante, y en lugar de ampliar la superficie para recreación y disfrute vecinal, el Gobierno insiste desde el año 2018 en avanzar con un Proyecto que habilitaría la construcción de torres y comercios en tierras del ex Albergue Warnes, y además pondría en peligro una de las áreas verdes más importantes para esa zona con la construcción de edificios en un sector del Parque.

El urbanismo pensado por el actual gobierno de la ciudad profundiza la desigualdad y cercena derechos como el de acceso a un ambiente sano establecido en la Constitución de la Ciudad. Alrededor de 900 mil porteños y porteñas no llegan siquiera a acceder a 1 m2 de espacio verde público por habitante, sólo el 20% del total de la población es bendecida con 9 m2 de espacio verde -sin considerar su ubicación, manutención, distribución y posibilidad de acceso-, lo que significa que sólo en 8 de 48 barrios se accede a una calidad de vida mejor por tener el lujo de “verde”

Desde el gobierno porteño se predica la necesidad de generar más superficies verdes, pero en la práctica ese discurso se traduce en sumar metros cuadrados de concreto y barrios náuticos como los ejemplos es el caso de Costa Salguero y Punta Carrasco.

Como conclusión, se destaca en el informe que dotar a las ciudades de más verde reportará no sólo beneficios para la salud, sino también ayudará a mitigar la contaminación del aire, el calor y el nivel de ruido, contribuirá a reducir las emisiones de dióxido de carbono y, por tanto, ayudará a luchar contra la crisis climática ahora y en el futuro.

Según la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad para el año 2050 la tasa de urbanización mundial llegará al 65%. Esto significa que la población mundial desarrollará la totalidad de su vida en centros urbanos, que irán desde pequeños conglomerados hasta megaciudades. Por tanto la Ciudad debería estar diagramando un camino para convertirse en una  metrópoli  del  futuro pero teniendo a la vista los desafíos ambientales, sociales y climáticos. De nada sirve planificar y diseñar edificios nuevos con “techos verdes” si se impermeabiliza el suelo con cemento o se proyectan obras de infraestructura que nada tienen que ver con estrategias de adaptación al cambio climático, por el contrario sólo se agrega más incertidumbre a las consecuencias futuras.

El Estado debe recuperar su rol activo en la responsabilidad de planificar y gestionar soluciones para la regulación y organización del proceso urbano-territorial, asumiendo el papel de instancia articuladora, capaz de asegurar el equilibrio social y ambiental. Se debe promover un paradigma urbano donde los ciudadanos puedan concebir,  sentir y decidir la ciudad, y elegir el nivel de vida y hábitat adecuado. Desde los distintos sectores se debe abonar por una ciudad equitativa, con pleno ejercicio de derechos, resaltando su dimensión colectiva y comunitaria, sosteniendo su función social, ambiental y ecológica; e impulsando nuevos derechos urbanos que surgen de la relación de los ciudadanos con su territorio, el espacio y su hábitat.