“Hay que revertir este proceso de despojo y saqueo de lo público”

 

 

 

Así lo manifestó la arquitecta Mónica Dittmar durante su exposición en la Audiencia Pública porteña por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco. El 97,4% de las personas que participaron hasta ahora, rechazaron el proyecto enviado por Rodríguez Larreta, denominado “Parque Salguero, Distrito Joven”.

 

Más de 3 mil participantes expusieron, hasta el momento, sus argumentos en la Audiencia pública que se está llevando a cabo de forma virtual en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas publicaron un relevamiento en el que se destaca que el 97,7% de las personas que participaron hasta ahora de la audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, rechazaron el proyecto del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien busca habilitar allí la construcción de edificios de hasta 10 pisos. El colectivo está conformado por 398 mujeres que proponen destinar esos predios a un parque público con acceso al Río de la Plata.

 

La audiencia virtual por Costa Salguero comenzó el pasado 27 de noviembre y se extenderá hasta el 27 de enero próximo, ya que se inscribieron más de 7 mil personas, siendo la más masiva que se haya realizado en la Legislatura porteña.

 

Una de las personas que expuso en la jornada del día 29 de diciembre, fue la arquitecta Mónica Dittmar, vecina de la Comuna 12 y militante dentro de la Coordinadora en Defensa de las Tierras y el Patrimonio Público y, además, integrante de la agrupación “Vecinos x el 25” que participó de la recuperación del Cine Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza.

 

Al comienzo de su ponencia, Dittmar manifestó que “la pandemia puso en discusión la necesidad de contar con más espacios públicos y no perder  los últimos pulmones verdes de nuestros barrios, ya que son un bien común propio de toda la ciudadanía”.

 

La arquitecta hizo referencia a la exposición de los ganadores del concurso “fatalmente” denominado “Parque Salguero”, en el que defendieron el proyecto diciendo que “hacer ciudadanía es construir edificios, abrir calles, ‘dar seguridad’ con más iluminación, contar con un helipuerto, dotar de nueva identidad el frente costero… al estilo arquitectónico de Nueva York, París o Barcelona.”

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Dittmar se preguntó ¿para quién está hecho este proyecto con viviendas de alta gama a 9 mil dólares el metro cuadrado? “La única respuesta posible, es que detrás de todo esto, existe un gran negocio inmobiliario de Larreta en tierras que son de dominio público destinado a un sector de alto poder adquisitivo violando legislación vigente ambientalista, urbanística y de seguridad aérea. Construir ciudadanía es ampliar derechos, no expulsar ni discriminar profundizando las desigualdades sociales y culturales”, continuó la arquitecta.

 

En el marco del monitoreo sobre las obras proyectadas en la ribera porteña, la Defensoría del Pueblo porteña fue el organismo que le solicitó a la ANAC un informe sobre la iniciativa que contempla la rezonificación y la construcción de edificaciones privadas en estos predios, ubicados en la superficie de proyección del Aeroparque “Jorge Newbery”.

 

Fue a principios de diciembre, que la Administración Nacional de Aviación Civil respondió que las edificaciones proyectadas en el proyecto “Parque Salguero” vulneran los límites de altura establecidos por la superficie de ascenso en el despegue de una de las pistas (ver IF-2020-71079660-APNDGIYSA#ANAC) y los límites de altura establecidos por la superficie de protección al sistema de iluminación (Ver Informe Técnico 41472020 – IF-2020-71079660-APN-DGIYSA#ANAC).

 

En cuanto al uso de esos terrenos para construir edificios residenciales próximos al Aeroparque, la ANAC recordó la necesidad de realizar un estudio de impacto de ruido y de riesgo de accidentes. En relación a los niveles de ruido, el informe de la ANAC advierte que bajo cualquier circunstancia se estaría violando lo estipulado en la ley 1540 de la propia CABA, la cual regula la contaminación sonora en la Ciudad, así como la normativa nacional en materia de ruido (Informe técnico 045-EANA).

 

“Es necesario profundizar esta democracia participativa como consta en la Constitución de la Ciudad. Exigir que se cumpla la Ley 1777 de Comunas, descentralizando el poder en la toma de decisiones, Audiencias Públicas vinculantes con debates de ideas construyendo una masa crítica. Lo imposible es cuestión de tiempo, de lucha y de memoria.  Celebro esta conciencia ambiental mayoritaria que ese está manifestando desde el 27 de noviembre, con argumentos y propuestas y participación activa”, concluyó Mónica Dittmar su exposición.

 

La venta de Costa Salguero y Punta Carrasco fue aprobada en diciembre de 2019 en la Legislatura porteña con los votos del oficialismo, pero la operación se encuentra suspendida por un fallo de segunda instancia de la justicia local.

 

En la plataforma web change.org, el Colectivo de Arquitectas lanzó un petitorio dirigido a las y los legisladores de la Ciudad para que la ribera de la Costanera Norte no sea ni vendida ni concesionada, y ya reunieron unas 47 mil firmas.

 

El 31 de diciembre se conoció que en la causa judicial caratulada “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo – Impugnación – Inconstitucionalidad”, Expte. N° 2669-2020/0”, el juez de Primera Instancia en lo CAyT,  Andrés Gallardo, ordenó suspender la vigencia de la Ley N° 6.179 que autorizó la venta de 86 hectáreas de tierras públicas.

 

El amparo fue impulsado por: Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Cátedra de Ingeniaría Comunitaria – FIUBA (CLIC) IPYPP  y la Defensoría de Laburantes.

 

Estos predios eran nacionales y fueron transferidos a la Ciudad a través de un convenio aprobado por la Ley N° 6.131.

 

Entre los predios se encuentran los terrenos ubicados dentro del Polígono del Barrio Carlos Mugica, predios aledaños, los terrenos del Ex Mercado de Hacienda, de playones ferroviarios en Villa Crespo, el Triángulo de Salguero,

 

El Tribunal advirtió que no se cumplieron las audiencias públicas obligatorias y el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley.