Derrumbe en Villa 31. Para la Legisladora Porteña, María Bielli: «La empresa no cumplió los protocolos de la demolición
La legisladora porteña del Frente de Todos, María Bielli, explicó que la compañía contratada, Villarex S.A., no cumplió el protocolo que se exige para llevar adelante el operativo de demolición de edificios.
Bielli, en declaraciones radiales, aseguró que para demoler «tienen que avisar a las viviendas linderas con diez días de anticipación, para prevenir, pero las vecinas y vecinos no fueron avisados».
Además, agregó: «No aplicaron medidas de seguridad y hubo un derrumbe posterior, que dejó un pasillo muy grande en el que vivían 23 familias.»
«Las familias tuvieron que ser desalojadas e intervino Defensa Civil para que se corrobore que no hay riesgo estructural», concluyó.
En su cuenta de Twitter Bielli amplió: “En el marco del proceso de reurbanización del barrio Padre Carlos Mugica el Gobierno porteño contrata empresas que llevan adelante los trabajos de demolición de viviendas (que por estar debajo de la autopista tienen que ser relocalizadas). En este caso la firma contratada es Villarrex S.A.
En el año 2020 se presentó un amparo porque algunas demoliciones habían generado daños en viviendas linderas. Producto de ese amparo, se actualizó y mejoró el Plan de Gestión Ambiental y Social “Demolición y Desarme” vigente.
El plan establece una serie de pautas de actuación -instalación de cercos de obra, bandejas de protección, apuntalamientos, vallados, señalizaciones- que no fueron tenidas en cuenta en esta demolición.
Producto de la demolición se produjo un derrumbe en la casa lindera, que generó que muchas familias de ese sector quedaron literalmente detrás de los escombros.
Cuando lograron salir, se produjo un incendio en el que una de las familias perdió absolutamente todo.
Las familias quedaron en la calle, enfrente de sus viviendas. No quieren moverse de ahí porque tienen miedo de que les roben las cosas de sus casas ya que la presencia policial es casi nula, intermitente. Sí, en una ciudad con 26 mil efectivos policiales.
¿La denuncia? Tuvieron que pasar 72 horas para que la fiscalía N 12 la reciba, ya que se negó a tomárselas tanto el jueves como el viernes.
El 23 de enero, logramos conformar una mesa de trabajo en donde le solicitamos a los funcionarios a cargo respuestas: ¿Cómo piensan resarcir el perjuicio que se les genera a estas familias que al día de hoy están en la calle?
¿Cuál va a ser la solución habitacional definitiva para estos vecinos que debieran tener la opción de ser relocalizados a las viviendas nuevas (ya que viven a menos de 12 metros de la autopista)? (Son ese circuito que queda pegado a la autopista)
Esperamos respuestas. Que se hagan cargo del desastre que generaron. Que de milagro no se haya producido una tragedia no puede hacernos restarles gravedad a los hechos”.
