Comuna 15: Proyecto de ley para regular la construcción de edificios en Villa Ortúzar

A principios del mes pasado, vecinxs de este barrio presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para limitar las alturas y las capacidades constructivas permitidas por el Código Urbanístico (CUR) en Ortúzar.

Motivó la presentación de este proyecto la flexibilización de la normativa luego de la aprobación del nuevo Código Urbanístico en 2018. Villa Ortúzar es uno de los barrios que se vio perjudicado al duplicar las alturas de construcción permitidas anteriormente. Con más de 800 firmas de apoyo, los vecinxs autoconvocadxs de este barrio proponen volver a lo que establecía el anterior Código de Planeamiento Urbano (CPU), que limitaba las alturas a un máximo de cinco pisos.

En declaraciones a Página/12, Gigi Colabella, integrante de la agrupación “Somos Ortúzar” señaló que “El CUR hay que verlo caso por caso, una cosa es la teoría o lo que se haya pensado en el momento de su aprobación, pero cada barrio tiene sus particularidades. El nuestro es un lugar que nació en 1862 con 26 manzanas y que hoy tiene 40, no ha crecido tanto como para que se puedan hacer hasta 24 metros de cemento para arriba en cada parcela. Lo que pedimos e incorporamos al proyecto no es nada delirante o tirado de los pelos, es simplemente bajar un cambio con la construcción. Ahora nos pueden hacer siete pisos en cualquier calle y nueve en avenidas o frente a las plazas”.

En los fundamentos del proyecto presentado en la Legislatura, los vecinos y vecinas exponen las claras diferencias entre lo fijado por el CUR y el anterior CPU.

El proyecto presentado por “Somos Ortúzar” fue trabajado en conjunto con el legislador del Frente de Todos (FdT), Matías Barroetaveña. “Les asesoramos en la construcción participativa de un proyecto de ley que modifique el CUR, que limite la construcción, respete las características del barrio, que pueda planificar un desarrollo inmobiliario de mediana – baja densidad y aproveche la infraestructura existente”, sustentó el diputado a Página/12, quien agregó: “el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene la obligación de evaluar el proyecto de ley para dar respuesta a esta demanda urgente”.

Barroetaveña agregó que, en el caso de Ortúzar, el nuevo CUR de 2018 hizo que las nuevas y más altas edificaciones se impusieran “por sobre otras obras de edificios de baja densidad que dialogaban de manera armónica con la historia urbana y la identidad barrial, con un desarrollo inmobiliario gradual y sustentable, compatible con la infraestructura de servicios públicos del barrio”.

Desde “Somos Ortúzar” confían en que durante este año el proyecto pueda llegar al recinto de la Legislatura porteña. Existe un antecedente para creer en esta posibilidad: durante 2021 se aprobaron normas que retrotrajeron los efectos del CUR en zonas de los barrios de Belgrano y Núñez.

El nuevo Código Urbanístico, aprobado por la Legislatura porteña en 2018 y reglamentado por el Ejecutivo en 2019, que reemplazó el anterior Código de Planeamiento Urbano, tiene como una de sus metas la homogeneización de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo principios generales. En los hechos, esto significa que las identidades barriales se disuelven en pos de un proyecto unicista de la Ciudad de Buenos Aires. Ya no importa vivir en Palermo, Villa Lugano o Villa Ortúzar; las construcciones pueden ser iguales en todas partes. El resultado de esa actividad y estos mega emprendimientos nos afectan en el hoy, en el mañana, y a generaciones futuras, señalan los vecinxs del barrio:  “…Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas…”.

“Los vecinxs de Ortúzar nos encontramos frente a un gran adversario: EL PRIVILEGIO INMOBILIARIO, que tratará de avanzar sobre cada una de las viviendas que se vendan para convertirlas en edificios que superen los 9 pisos. De no contar con una urgente solución a lo aquí planteado, nos enfrentaremos a la inevitable contradicción en el discurso de quienes tienen la obligación de respetar nuestros derechos pero que promulgan leyes que a la vez nos los quitan. Debemos tener presente que somos nosotros los mandantes de quienes dictan leyes y las sancionan. La política que habilita la construcción de mega emprendimientos inmobiliarios bajo la utilización del rótulo de ‘ser un barrio tranquilo de casas bajas’ lleva oculta la falsedad de entender al progreso como una forma de hacinamiento sin los servicios necesarios, que no han sido tenidos en miras al modificar el Código Urbanístico. Como ciudadanos, nos merecemos vivir en un espacio con calidad ambiental, pero por lo que nos muestran los avisos de venta de los emprendimientos, nos encontraremos viviendo en una cada vez bajísima y deteriorada calidad ambiental de nuestro barrio. Basta imaginar que donde actualmente viven dos o tres familias en una propiedad horizontal se verá multiplicado por 9 o 10, más los lugares de estacionamiento que van a convertir la zona en un lugar de alto tránsito.

Nuestro reclamo tiene sólidos fundamentos y es interesante citar lo expresado en el Informe territorial Comuna 15 GCBA (Proyectos especiales): al referenciar que “La información obtenida a partir del Relevamiento de Usos del Suelo es muy valiosa para el conocimiento del territorio de la Ciudad. En este sentido, la distribución de las diferentes actividades constituye por sí misma fuente de indicadores de su estructura urbana”. Ejemplo de ello es el índice de mixtura residencial sobre el total de usos del suelo que permite medir, a partir de los usos del suelo relevados, la mixtura de los usos residenciales sobre el resto de los usos. Ahora bien, tomando lo expresado en dicho informe se han elaborado nuevos indicadores que según el GCBA han aportado un análisis de mayor profundidad al uso de los suelos que como corolario generó un nuevo Código Urbanístico. Es preciso recalcar que todo esto ha ocurrido en un tiempo no superior a un lustro y que se focaliza en el aspecto residencial, donde se desconoce el impacto que ello produce en servicios públicos, redes cloacales, espacios verdes etc. Estas construcciones inmobiliarias ajenas a la identidad del barrio reemplazarán a las unidades residenciales no sólo en su fisonomía, sino además en la vida cotidiana y doméstica de cada uno de sus habitantes, privándolos de los servicios que nuestra propia legislación superior nos marca como derechos humanos”, ya señalaban en 2021 desde “Somos Ortúzar”.