Censo de personas en situación de calle: Duro documento contra el Gobierno porteño
El mismo fue acordado entre el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo. En el mismo se denuncia que hace pocos días Rodríguez Larreta tomó la decisión unilateral de realizar el relevamiento desconociendo los acuerdos y jornadas de trabajo previas junto a organizaciones sociales y territoriales.
Hace pocas semanas, el Ministerio Público de la Defensa informó que el Gobierno de la Ciudad incumplió el acuerdo y avanza unilateralmente en el censo de personas en situación de calle. Desde el organismo expresaron preocupación frente a esta disposición gubernamental.
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, junto a la Defensoría del Pueblo, el CELS, ACIJ, Proyecto 7, La Dignidad, MTE y otras organizaciones sociales y territoriales forma parte desde 2017 de la mesa de trabajo que realiza los Censos populares de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño se incorporó a la mesa en diciembre de 2020 a través de la celebración de un acuerdo para participar en el armado conjunto de los instrumentos de medición que permitieran conocer la cifra de los habitantes que viven en la calle cuya situación se ve gravemente afectada producto de las condiciones climáticas y de la pandemia. El 11 de mayo, Rodríguez Larreta tomó la decisión unilateral de realizar el censo la noche de ese día desconociendo los acuerdos y jornadas de trabajo previas.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad agregaron que “los organismos firmantes recibimos con beneplácito en diciembre del 2020 el acuerdo al que se arribó para conformar una mesa de trabajo integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. De esa manera, trabajamos durante todo este año con los demás integrantes del espacio en la búsqueda de acuerdos que permitieran alcanzar los objetivos propuestos, incorporando modificaciones en metodología y diseño del relevamiento a llevar a cabo. Postura que refrendamos una vez más, ya que entendemos que es en la Mesa de Trabajo conformada donde se pueden y deben resolver los puntos que a la fecha continúan sin tener consenso. Por el contrario, disponer de forma unilateral la metodología, contenido de los cuestionarios y fecha de realización del censo implica desaprovechar la oportunidad de contar con información precisa y cualitativa que siente las bases para el diseño de políticas habitacionales superadoras y que eleven el umbral de derechos de todos los porteños”.
Cabe agregar que la Defensoría del Pueblo, que ha sido veedora en otros censos, ve con preocupación que se disponga en este contexto de pandemia que cuatro o más personas que trabajan en distintos organismos, compartan un vehículo durante ocho horas, lo que implica una exposición al riesgo de contagio de Covid-19 de los trabajadores, resultando violatorio de los protocolos sanitarios bajo los cuales los órganos del Estado debemos enmarcar nuestro accionar.
Ambos organismos hacen un llamado al jefe de Gobierno porteño para que revean la decisión unilateral y asuma su vocación al diálogo “que caracteriza a las autoridades correspondientes”, para garantizar una estrategia de relevamiento censal en el ámbito porteño y así poder recabar información relevante para delinear políticas de intervención directas y eficaces para resolver las vulnerabilidades habitacionales que sufre nuestra población.
Por su parte, la legisladora porteña Laura Velasco (FdT) realizó una nueva presentación judicial que indaga sobre cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante el censo anual 2021 de personas en situación de calle y riesgo de calle, al que lo obliga la Ley 3706 así como el fallo judicial de agosto de 2016. Si bien hace un mes el Gobierno porteño contestó una intimación en este sentido, para Velasco “la respuesta no sólo es insuficiente sino que no tiene correlato con la realidad: fue completamente evasiva y aportó datos erróneos con el mero objeto de evitar el control de un censo que vuelve a realizarse de forma irregular. Por eso queremos que nos expliquen y acrediten con documentación cómo realizaron este relevamiento”.
Agregó, además, que tanto el fallo como la legislación vigente plantean la necesaria participación de expertos en la materia, ONGs y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo de calle, pero fueron las propias organizaciones e instituciones las que denunciaron días atrás, a través de un comunicado, que el GCBA había incumplido todos los acuerdos y se encaminaba a realizar el censo sin su presencia.
“Si bien resulta entendible lo informado por el gobierno porteño sobre el censo 2020 y la necesidad de suspenderlo debido a la pandemia, justamente por eso era fundamental contar ahora con un plan adecuado a esta realidad, el cual no existió. Tengamos en cuenta que hoy la Ciudad tiene un promedio de casos diarios muy superior a cualquier cifra registrada en el distrito durante todo el año pasado. Queda así a la vista la falta total de planificación con que se realizó este relevamiento. Una muestra más: al 22 de abril ni ellos sabían cuándo se iba a hacer”, remarcó la diputada Velasco.
MÁS INCUMPLIMIENTOS
En marzo pasado, Velasco había presentado un proyecto que solicitaba al Gobierno de la Ciudad que informe si tenía previsto vacunar contra el COVID-19 a las personas en situación de calle, en riesgo de calle y a las que viven en paradores; y, en caso afirmativo, de qué modo garantizaría la aplicación de la segunda dosis. La legisladora, además, propuso inmunizarlas durante el censo 2021 a cargo de Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Si bien el Gobierno porteño dijo regir las etapas de vacunación del distrito según lo establecido por la cartera sanitaria nacional, Velasco manifestó que hoy “Hay adultos mayores de 70 años y muchísimas personas con enfermedades pulmonares en calle, por eso es de suma importancia saber cómo se va a proteger en esta segunda ola a todas estas familias y personas en extremo vulnerables, con grandes riesgos de contraer el virus por sus condiciones de vida e imposibilitadas de realizar una inscripción web. La Ley 3.706 le otorga a las personas en situación de calle y riesgo de calle el derecho a un acceso pleno a todos los servicios socio-asistenciales que brinda el Estado y entidades privadas conveniadas con este. Por lo tanto, es el Gobierno porteño quien debe garantizar la inmunización de esta población, como ocurre con el resto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en la Ciudad de Buenos Aires”.
