Alertan sobre maniobras para frenar una ley que limita alturas de nuevos edificios
Mediante un comunicado de prensa, la agrupación «Vecinos de las casas bajas» denuncian a inmobiliarias de Villa Puyerredón por este tema.
foto: salvemosalbarrio.blogspot.com
El lobby inmobiliario se está haciendo sentir más fuerte que nunca en el Barrio de Villa Pueyrredón y pretende voltear un proyecto de ley aprobado en primera lectura por la Legislatura porteña. Primero fue contra la ley 3447 para la traza de Salvador María del Carril, límite de Agronomía y Villa Pueyrredón, cuyos vecinos agrupados en la asociación Salvemos al Barrio aún están luchando para que se respete la ley, ahora es contra la ley 2767, que necesita de su aprobación en segunda lectura para preservar la identidad barrial y el perfil paisajístico.
Villa Pueyrredón, un barrio de casas bajas, está siendo invadida por edificios en altura de pésima calidad, aprovechando que la ley 2767-D-2009 impulsada por el legislador Álvaro González del PRO en el año 2009 y que fue aprobada en primera lectura en agosto de 2010, ha venido sufriendo reiteradas demoras desde la primera audiencia pública.
La agrupación «Vecinos de las casas bajas» ha hecho uso del derecho de petición ante la Legislatura porteña ingresando el proyecto de ley 2767-D-2009, avalado por 3000 firmas de vecinos que reclaman que se termine con la construcción indiscriminada en altura y luchan por un crecimiento más acorde con la historia del barrio.
Ahora que los muertos del derrumbe de Villa Urquiza y el boliche Beara han desaparecido de los titulares, las inmobiliarias vuelven al ataque aprovechando la aversión de pequeños y medianos inversores al riesgo bancario, para ofrecerles «un refugio de valor» en los ladrillos. A pesar de existir innumerables unidades que no se venden, o que salen de la venta para volver a entrar, se sigue construyendo casi exclusivamente unidades monoambientes para aquellos que no quieren dejar su dinero en los bancos aunque su venta futura sea incierta.
El negocio no es tanto para los inversores, que hasta podrían salir perdiendo si ponen sus unidades en alquiler debido a la sobreoferta y al poco margen para subir el valor de los alquileres, esto sumado a la vacancia. El verdadero negocio es para las inmobiliarias quienes reciben su 4% de Comisión casi sin hacer nada, ya que a la hora de conflicto entre comprador y constructora, esgrimen el argumento que ellas sólo se ocupan de la publicidad.
Así se entiende el porqué del interés en que la ley para el polígono Vallejos no salga nunca: la reducción de altura impide la construcción de edificios mastodónticos con altísima rentabilidad que nunca se van a habitar: mientras la venta sea de inversor a inversor, ellas cobran su Comisión y la rueda del negocio sigue girando.
Cifre, Laurenzano, Bonillo, Mingrino, Galleli entre otras, ensayaron una maniobra artera mediante una queja en la Legislatura aduciendo falta de quórum en la primera audiencia pública llevada a cabo en noviembre de 2010. Este intento, que en ningún organismo público hubiese prosperado, logró que desde la Comisión de Planeamiento Urbano se remitiera el expediente para una segunda audiencia en mayo de 2011, logrando dilatar de esta forma en seis meses el tratamiento de la ley.
Las inmobiliaras demostraron lo poco que les interesa la opinión de los residentes del barrio cuando mediante amenazas a los legisladores y acciones violentas del mismo tener provocaron a los vecinos presentes para tratar de romper la segunda audiencia como último recurso(1).
Otro hecho singular ocurrió luego de la segunda audiencia pública, cuando desapareció por un mes la versión taquigráfica remitida por el cuerpo de taquígrafos a Participación Ciudadana. Este hecho despertó suspicacias en los vecinos que vieron agitarse a los viejos fantasmas de las peores épocas del Consejo Deliberante.
La Legisladora Silvina Pedreira del bloque Peronista del FPV, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, junto con el autor del proyecto Álvaro González son los que tienen la llave para que el proyecto avance rápidamente para que ingrese en el temario de la Comisión y sea aprobada en el recinto, ya que fue votada en primera lectura sin disidencias.
Lo insólito es que la asesora de Silvina Pedreira, la arquitecta Bárbara Rosen, esgrime como argumento para el tratamiento de la ley en Comisión que se necesita un salón más grande porque es una “ley con conflictos”. En realidad, los vecinos en disidencia fueron minoría, sólo que a representantes de las inmobiliarias se les permitió hablar como si fuesen vecinos, cuando la mayoría no demostró tener residencia en la Ciudad; uno de ellos se encargó el mismo de confesar que vivía en la provincia y tenía un negocio en el barrio que se le estaba demorando y no sabía por qué.
Sobre el fin del 2010 la ley debería haber estado aprobada pero no el expediente no llegó al recinto con la excusa de que tenían “miedo que las inmobiliarias fueran a hacer lío”. En realidad, al no ser ellas las que peticionaron, no deberían porqué enterarse de las reuniones de Comisión. Sin embargo, el Martes pasado una inmobiliaria estuvo presente y se hizo escuchar como si fuera una audiencia pública. La pregunta que surge es: ¿quién les avisó?
Los vecinos de Villa Pueyrredón tienen planificada una marcha en repudio por la demora en la aprobación de la ley y para que las inmobiliarias sigan haciendo sus negocios pero no a costa de la calidad de vida de los habitantes del barrio, sino con una ley que respete la identidad del mismo.
