Violento desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza

Desde la madrugada del miércoles 26 de diciembre, efectivos de la policía de la Ciudad y de la Federal, desalojaron por la fuerza el local donde funcionaba la Asamblea nacida durante los sucesos de fines del 2001.

Militantes de la CORREPI se manifestaron a través de las redes sociales repudiando el desalojo y haciendo responsable al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por la integridad física de los compañeros de la Asamblea.

Los detenidos fueron alojados en la comisaría Comunal 8, ubicada en Ana Díaz y Cafayate, y luego de la movilización de distintas organizaciones de derechos humanos para exigir su libertad, Sergio Céspedes Fernández y Darío Comin de la Asamblea de Villa Urquiza fueron liberados. Ahora exigen el cierre de las causas en su contra.

En los primeros meses del 2019 el terreno  delimitado por las vías del Mitre, Avenida Triunvirato, el Boulevar Roosevelt y Bucarelli se subastará con un precio base de 20 millones de dólares. Allí está proyectado un negocio inmobiliario donde levantarán  edificios de  45 metros de altura.

En 2017,  la Legislatura porteña aprobó la venta del gran predio de Villa Urquiza, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, el Estado Nacional se quedará con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía.

Tras esto, se inició un juicio de desalojo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de futbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas. No obstante, la Asamblea de Villa Urquiza no habría sido notificada por lo que no habrían podido ser parte de la defensa legal del lugar.

La historia de un barrio la construyen sus habitantes. Hace 16  años muchos de los vecinos de Villa Urquiza se manifestaron con el resto del país para hacer sonar sus gritos de reclamos al sistema político económico que había llevado a la Argentina a ése fatal diciembre de 2001. La Asamblea de Villa Urquiza comenzó a encontrarse para poder modificar desde el cotidiano y de manera horizontal la realidad política que acontecía.

El 18 de Junio del año 2002, este grupo de vecinos ocuparon la ex Pizzería “La Ideal”, que se encontraba abandonada hace mucho tiempo, para reutilizar su espacio para generar un lugar con una utilización vecinal, política y cultural para todo el que se acerque al barrio.

Hoy, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza es una de las pocas que resiste de forma independiente y con un accionar político continuo. Distintas actividades, talleres, expresiones culturales y populares se encontraron y siguen haciéndolo en su espacio.

Para Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad, el desalojo es “ilegal” porque se ampara en la ley 17091 de tiempos de Onganía.

Desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad habían señalado que esta ley  tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La 17091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos. El debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el Juez  ERNESTO MARINELLI, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada “sin más trámite” e “inaudita parte”.

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Militantes de la CORREPI se manifestaron a través de las redes sociales repudiando el desalojo y haciendo responsable al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta por la integridad física de los compañeros de la Asamblea.

Los detenidos fueron alojados en la comisaría Comunal 8, ubicada en Ana Díaz y Cafayate, y luego de la movilización de distintas organizaciones de derechos humanos para exigir su libertad, Sergio Céspedes Fernández y Darío Comin de la Asamblea de Villa Urquiza fueron liberados. Ahora exigen el cierre de las causas en su contra.

En los primeros meses del 2019 el terreno  delimitado por las vías del Mitre, Avenida Triunvirato, el Boulevar Roosevelt y Bucarelli se subastará con un precio base de 20 millones de dólares. Allí está proyectado un negocio inmobiliario donde levantarán  edificios de  45 metros de altura.

En 2017,  la Legislatura porteña aprobó la venta del gran predio de Villa Urquiza, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, el Estado Nacional se quedará con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía.

Tras esto, se inició un juicio de desalojo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de futbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas. No obstante, la Asamblea de Villa Urquiza no habría sido notificada por lo que no habrían podido ser parte de la defensa legal del lugar.

La historia de un barrio la construyen sus habitantes. Hace 16  años muchos de los vecinos de Villa Urquiza se manifestaron con el resto del país para hacer sonar sus gritos de reclamos al sistema político económico que había llevado a la Argentina a ése fatal diciembre de 2001. La Asamblea de Villa Urquiza comenzó a encontrarse para poder modificar desde el cotidiano y de manera horizontal la realidad política que acontecía.

El 18 de Junio del año 2002, este grupo de vecinos ocuparon la ex Pizzería “La Ideal”, que se encontraba abandonada hace mucho tiempo, para reutilizar su espacio para generar un lugar con una utilización vecinal, política y cultural para todo el que se acerque al barrio.

Hoy, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza es una de las pocas que resiste de forma independiente y con un accionar político continuo. Distintas actividades, talleres, expresiones culturales y populares se encontraron y siguen haciéndolo en su espacio.

Para Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad, el desalojo es “ilegal” porque se ampara en la ley 17091 de tiempos de Onganía.

Desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad habían señalado que esta ley  tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La 17091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos.

El debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el Juez  ERNESTO MARINELLI, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada “sin más trámite” e “inaudita parte”.

Foto: Laura Taiko

Portal de Parque Chas

Redacción

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