Un fallo judicial suspendió la incineración de residuos en la Ciudad
El 27 de junio de 2018, la doctora Elena Liberatori, Jueza del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad, en los autos caratulados «FEDERACION DE COOPERATIVAS DE RECICLADO LIMITADA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – AMBIENTAL”, Expte. Nº EXP 12519-2018/0, ordenó disponer la suspensión inmediata de los efectos de la Ley N° 5.966, es decir, suspende la autorización legal para que el Gobierno porteño pueda incinerar residuos.
Los FUNDAMENTOS de la sentencia fueron los siguientes:
1) Las cuestiones ambientales son materia legal (aspecto subjetivo) y tiene dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de Doble Lectura.
2) Que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996 –dictar el Código Ambiental- tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan por procedimiento común, una verdadera corruptela. Hay que descartar la argucia por la cual se aparta a la Ley 5966 del procedimiento especial de doble lectura ya que el artículo 89 de la Constitución utiliza el conector “y” entre las palabras “materias“ y “modificaciones” de lo cual surge que la materia ambiental -que es lo de este caso- puede o no estar codificada pero en ninguno de los casos, quedar por ello exenta del procedimiento especial de doble lectura.
3) Ante la evidencia contundente de que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura, de acuerdo a lo informado por la Legislatura, corresponde hacer lugar a la petición cautelar suspendiendo así los efectos de una Ley sancionada sin los requisitos de procedimiento Constitucional.
La Ley N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018 por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la Ley N° 1.854 de Basura Cero a efectos de autorizar en la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización) con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios. También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 «Código de Prevención de la Contaminación Ambiental» que prohíbe la instalación de incineradores por parte del GCBA.
En virtud de la gravedad de esta decisión para el ambiente, la salud de la ciudadanía, y el trabajo de las cooperativas de cartoneros y recicladores, y de las graves falencias constitucionales producidas durante la discusión parlamentaria de este proyecto que no cumplió, entre otras cosas, con la participación ciudadana obligatoria que establece la Constitución a través del llamado a audiencia pública en un proceso de doble lectura, la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, La Cooperativa El Ceibo, La Cooperativa de Trabajo El Álamo, La Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, La Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, La Cooperativa del Sur, La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), La Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron una acción de amparo colectivo ambiental a efectos de pedir la nulidad de la Ley N° 5.966. Ver texto completo de la sentencia
Crónica de la sesión donde se aprobó la ley 5.966
Durante el debate se mencionó la revelación de documentos oficiales que reflejaron manipulación de información y presiones a periodistas y ambientalistas para incidir en su postura sobre la incineración de basura. “Nos enteramos ayer lo que es el basuragate. Una campaña de desinformación, compra de voluntades, utilización de la pauta para intentar comprar a voluntades y generar un clima de apoyo a esta ley que no han logrado”, señaló Mariano Recalde, de Unidad Ciudadana.
“Votaron una ley de espaldas a la sociedad, sin debate previo, sin escuchar a los recicladores y recicladoras urbanas, sin escuchar a ambientalistas, pero con la prepotencia que los caracteriza. El interés está puesto en el negocio: quemar basura resulta carísimo. Con la extensión de las metas de reducción de basura, el Gobierno asume el enorme fracaso de la Ley de Basura Cero. La hicieron fracasar para poder aplicar esta técnica que pone en riesgo a más de 6 mil puestos de trabajo”, expresó por su parte la legisladora Victoria Montenegro, de Unidad Ciudadana y miembro de la Comisión de Ambiente.
“Es preocupante si se quema el material reciclable, ya que muchos cartoneros lo necesitan para ganarse su medio de vida, su sustento”, dice el duro documento de los curas villeros, enviado a los legisladores porteños y difundido a toda la comunidad. “Las iniciativas de organización comunitaria de cartoneros y otros rubros, por el compromiso que tienen, logran incluir a muchas personas y familias que una empresa privada no podría contener”, sostiene la carta, redactada por el presbítero Lorenzo de Vedia -sacerdote de la villa 21-24, de Barracas, conocido como el padre Toto- y refrendada por otros 19 curas villeros y el vicario para las villas de la ciudad. “Es una época en que la situación laboral es complicada. Hay que pensar mucho antes de dar un paso que genere pérdidas de empleo. También queremos llamar la atención por las consecuencias que podría tener para la salud de la gente”, dice el documento.
Foto: Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores
