Un fallo de la justicia ordena reabrir el taller protegido del Hospital Borda
El gobierno porteño tiene un plazo de 20 días para volver a habiltar el Taller Protegido Nº 19 que fue derrumbado el 26 de abril en medio de un operativo de la policía metropolitana que dejó un saldo de 22 pacientes heridos.
El fallo de la Cámara, que tiene fecha del 13 de agosto pero que se conoció recién ayer, establece que el nuevo taller deberá adecuarse a las normas de seguridad y salubridad que no se cumplen en el otro taller que había construido el gobierno porteño y que tiene un informe negativo de bomberos sobre equipamiento contra incendios y por un nivel de ruidos intolerables. El gobierno tiene ahora la posibilidad de reacondicionar este centro o crear otro, siempre que sea para que lo usen los pacientes del hospital y esté en el lugar. La causa fue iniciada por el dirigente de ATE, Marcelo Frondizi con intervención del asesor tutelar Gustavo Moreno como representante de los pacientes.
“Pudimos demostrar que las instalaciones de la calle Brandsen –donde está el taller al que querían trasladar a los pacientes- no estaba en condiciones. Y lo importante es que exista este espacio para los pacientes del Borda, porque es un lugar para rehabilitarse”, dijo Moreno a Infojus Noticias.
Los trabajadores del hospital festejaron el fallo:»celebramos que la justicia le haya puesto un plazo al gobierno porteño para que reabra el taller protegido en condiciones de seguridad y salubridad”, dijo a Télam, Gabriel Cavia, delegado de la Asociación de Profesionales del neuropsiquiátrico.
De los tres jueces que componen la Cámara, Fernando Juan Lima, Esteban Centanaro y Mabel Daniele, sólo esta última votó en disidencia.
El conflicto por el taller del Hospital Borda, comenzó a mediados del año pasado cuando el gobierno quiso trasladarlo para construir en el lugar donde estaba emplazado, un Centro Cívico. “Lo cerraron en julio. En enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reapertura”, explica Moreno. Un mes después, en febrero, la jueza Andrea Danas, revocó esa medida alegando que el gobierno de Mauricio Macri había construido otro espacio (el de la calle Brandsen) para que funcione ese taller. Fue precisamente en el fallo de Danas en el que el gobierno porteño se basó para demoler violentamente el lugar a fines de abril.
El fallo de Danas fue apelado por Frondizi y Moreno, por un lado y por los diputados María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, representados por la Defensoría General, por otro. Antes de que la Cámara se expidiera se produjo la violenta demolición. Por desconocer una medida judicial pendiente, la justicia le impuso multas de 20.000 pesos a Macri, al ministro de desarrollo urbano, Daniel Chain y al procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand.
Los jueces Centanaro y Lima se basaron en la Constitución Nacional, en la de la Ciudad, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para la nueva resolución, en la que llegaron hasta las leyes locales de Salud Mental y talleres protegidos.
“Yo espero que el gobierno no interponga ningún recurso frente a este fallo, porque los grandes perjudicados serían los pacientes, que en ese taller se rehabilitan”, concluyó Moreno.
Fuente: Infojus