Rechazo al protocolo para protestas sociales

Desde el CELS informaron que enviaron presentaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU denunciando el protocolo para protestas sociales anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También se pronunciaron desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

Las cartas tienen 1700 firmas de centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de DDHH, organizaciones sociales, gremiales, ambientales, de los pueblos indígenas, migrantes, transfeministas, religiosas, colectivos de infancias, estudiantiles y políticos. Además, fueron apoyadas por más de 15 mil personas en nombre propio.

En los escritos el CELS señala que el protocolo fija pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en la Constitución como en los estándares internacionales de DDHH. Establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. A su vez, habilita a recabar información para luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de protestas públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.

Con esa información, se solicitó a la ONU y a la CIDH que comuniquen ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, que también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes se manifiesten.

En la carta a la CIDH el CELS pidió que adopte las medidas para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

Y en el escrito presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, se solicitó que exijan al Estado argentino que se derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta.

Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, con motivo de la promulgación del protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación por parte del por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, declaran por unanimidad:

–  El derecho a la protesta surge de la Constitución Nacional (art. 14) y los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Argentina, de jerarquía constitucional.

– El Protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad desconoce este derecho, avanzando sobre facultades de los poderes Legislativo y Judicial, al definir el alcance del tipo penal previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación y autorizar la detención de personas sin orden judicial.

– También avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas de seguridad federales en sus territorios.

– La interrupción del tránsito de vehículos o peatones o de las actividades diarias es un medio necesario para ejercer el derecho a la protesta y no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos. Solo puede recurrirse al uso de la fuerza con carácter excepcional, como medida de último recurso, ante hechos de violencia o cuando peligre la integridad personal de quienes se manifiestan o de terceras personas.

– Desde el fin preventivo que guía el trabajo de las instituciones firmantes, corresponde resaltar que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones de protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo por parte de los funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes por sus efectos indiscriminados. Este Protocolo no prevé tales prohibiciones y vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución Nacional.

– En el mismo sentido, las diversas disposiciones del Protocolo sobre identificación y registro de manifestantes y organizaciones colisionan con las prohibiciones establecidas en la Ley de Inteligencia Nacional.

– Por todo ello, en el marco de nuestras competencias institucionales, instamos al Ministerio de Seguridad de la Nación a rever el Protocolo referido y ratificamos nuestra plena disposición a trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos. A tal efecto, hemos solicitado una reunión con la Sra. ministra de Seguridad de la Nación.

Firman

Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires; Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Chaco; Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y  Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Chubut; Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Corrientes; Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Entre Ríos; Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Jujuy; Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Mendoza; Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones; Comité Provincial para la Prevención de la Tortura  y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Neuquén; Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Salta; Comité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Santiago del Estero; Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Tierra del Fuego A.I.A.S.; Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Tucumán, Procuración Penitenciaria de la Nación.

Foto: Sánchez Nacho Télam