Preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares
La reciente decisión del presidente Javier Milei de impulsar cambios en la Ley de Glaciares encendió alarmas entre especialistas y organizaciones socioambientales en todo el país. Laura Isla Raffaele, Licenciada en Ciencias Ambientales y Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales, egresada y docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, advirtió que esta iniciativa pone en riesgo uno de los principales marcos legales de protección hídrica en Argentina. Esta preocupación surge, además, en el marco del Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, declarado por Naciones Unidas.
Sancionada en 2010, la Ley 26.639 establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y de los ambientes periglaciales. Conocida popularmente como Ley de Glaciares, su alcance no se limita a los glaciares descubiertos, es decir, los cuerpos de hielo blanco visibles a simple vista, sino que también protege manchones de nieve, glaciares cubiertos y glaciares de escombros o de roca. Estas formaciones, típicas del ambiente periglacial, albergan grandes volúmenes de hielo en su interior y cumplen funciones fundamentales para el sistema hidrológico de montaña.
Según Isla Raffaele, estas geoformas constituyen reservorios estratégicos de agua dulce, almacenando agua en forma de hielo y liberándola en los periodos secos. Así, alimentan ríos y cuencas esenciales para poblaciones, actividades productivas, agrícolas, turísticas y culturales. La especialista enfatiza que, sin estos aportes, muchas regiones áridas del país no podrían sostener ni su vida ni su economía.
Desde su promulgación, la Ley de Glaciares enfrentó resistencias, principalmente del sector minero y de gobernadores interesados en expandir la actividad minera. El punto central de conflicto ha sido históricamente el ambiente periglacial, donde la presencia de glaciares de escombros coincide con proyectos extractivos de oro, plata, cobre y otros minerales. La ley prohíbe la minería y cualquier actividad industrial en zonas con cuerpos de hielo, dado que las obras, el movimiento de suelos y la generación de polvo pueden destruir o acelerar el derretimiento de estas reservas. Por ello, varios proyectos mineros no lograron ser aprobados.
En este contexto, Milei propuso delegar en las provincias la definición de qué constituye y qué no un ambiente periglacial. Según la investigadora, este cambio sería sumamente riesgoso: desplazaría la competencia técnica y científica del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) hacia gobiernos provinciales, que no solo tienen intereses económicos directos en la minería, sino que además carecen de equipos especializados en glaciología.
El Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA —instituto de referencia del CONICET y con la mayor concentración de glaciólogos del país—, ya identificó, mapeó y clasificó todos los cuerpos de hielo protegidos por la ley. Desconocer este trabajo científico para facilitar la aprobación de proyectos extractivos implicaría vaciar de contenido la protección ambiental lograda.
La investigadora también destacó la paradoja que enfrenta el país: mientras el mundo atraviesa el Año Internacional de los Glaciares, Argentina evalúa debilitar su principal herramienta de protección. Además, muchos de los proyectos mineros promovidos en nombre de la transición energética global requieren minerales como el cobre o las tierras raras. En palabras de la especialista: “Es contradictorio hablar de acciones frente al cambio climático cuando, para obtener los minerales necesarios para esa transición, se propone flexibilizar una ley que protege justamente las reservas de agua más vulnerables al calentamiento global”.
Según Isla Raffaele, modificar la Ley de Glaciares para favorecer actividades extractivas pondría en riesgo la seguridad hídrica nacional. «El agua es un recurso vital y estas reservas tardaron miles de años en formarse. Si los glaciares se destruyen, no hay forma de recuperarlos», subrayó. Finalmente, la especialista concluyó que la ley no sólo debe mantenerse vigente, sino además fortalecerse, para asegurar que el acceso al agua y la preservación de los ecosistemas prevalezcan sobre los intereses económicos.
Fuente consultada: FAUBA
