LOS VETOS DEL INGENIERO

Como el agua y el aceite

Así parecería llevarse Mauricio Macri con los derechos humanos. Despidos, vetos, persecuciones y falta de insumos en hospitales lo demuestran.

El gobierno porteño despidió a 1000 empleados en lo que va de 2010. La mayoría de ellos se desempeña en hospitales públicos y no fue notificada de esa decisión por lo que continuó trabajando normalmente. La excusa fue la reiteración de ausencias injustificadas. Aparece una vez más la estrategia “los empleados públicos son todos ñoquis”, que se viene utilizando desde el inicio de la gestión.

Por este tema, se realizó esta tarde en la Legislatura porteña una conferencia de prensa de la que participaron representantes de distintos partidos de la oposición en la Ciudad, como así también integrantes de ATE y UTE- Ctera. Allí se repudiaron los despidos y se anunció que el próximo lunes 8 de febrero las organizaciones que integran la CTA realizarán un plenario en el que definirán un plan de lucha, bajo el lema “ni un solo cesante en la Ciudad, basta de políticas persecutorias contra los trabajadores”.

A los despidos, debe sumarse la gravísima situación de los hospitales públicos porteños. Falta de insumos, de personal, problemas edilicios son ya una constante, y la ausencia de respuestas también. Pero a su vez esta semana se supo que en los depósitos de una empresa, contratada por el Gobierno de la Ciudad para distribuir productos en los centros de salud porteños, había una enorme cantidad de medicamentos vencidos.

En los últimos días, además, se conocieron más vetos de Mauricio Macri a leyes aprobadas por la Legislatura (a mediados de enero se conoció la desestimación de la Ley 3298 que creaba el Comité para la Prevención de la Tortura en la Ciudad de Buenos Aires, y de la norma 3299 que le otorgaba un subsidio a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de 72 mil pesos para su funcionamiento). Ahora quienes se vieron perjudicadas por este hobby del jefe de gobierno fueron las Abuelas de Plaza de Mayo.

Mauricio Macri vetó la Ley 3329, aprobada por la Legislatura, que disponía la creación de un Fondo para la localización y restitución de niños secuestrados y nacidos en cautiverio durante la última dictadura.
Entre los argumentos, el jefe de gobierno expresó: “No resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad disponga de su patrimonio en la constitución de un Fondo para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de ley en revisión en toda la República Argentina, excediendo su ámbito de jurisdicción”.
A través de un comunicado, Abuelas señalaron que este Fondo era “una forma de cumplir con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en su artículo 12 expresamente dispone que ´la ciudad garantiza el derecho a la identidad de las personas´ y que ´debe facilitarse la búsqueda e identificación de aquellos a quienes les hubiera sido suprimida o alterada su identidad´.

También remarcan que esta contribución resulta de vital importancia para el desarrollo de la tarea de Abuelas, “además de representar un porcentaje absolutamente menor en el presupuesto global de la Ciudad”. “Hablamos de un fondo que otros gobiernos democráticos ya dispusieron para apoyar la búsqueda de los niños apropiados durante la última dictadura militar, como ocurrió con la ley 274 sancionada en 1999 que creaba, con similares características, el Fondo de Reparación Histórica de la Ciudad de Buenos Aires por la Identidad para la localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en Argentina y la ley 1035 sancionada en 2003 que reestablecía dicho Fondo; en ambos casos con una duración de tres años”, explican.

Pero Macri tuvo tiempo de vetar otra ley. La 3348 que le otorgaba a la Multisectorial de San Cristóbal “el uso precario y gratuito” del edificio, ubicado en el Pasaje Prudan 1365, en el que vienen desarrollando actividades sociales, culturales y educativas desde hace años.
En el decreto de veto se argumenta que “el predio permanece cerrado la mayor parte del tiempo, no evidenciándose la realización de actividad alguna, salvo en forma esporádica”, y que funcionarios no pudieron “tomar contacto con ningún representante del permisionario”.

Desde la Multisectorial afirman que estas justificaciones son ridículas ya que el mismo gobierno porteño contribuye a las actividades. A través del Ministerio de Desarrollo Social otorga parte de la comida que se distribuye en La Olla de los sábados y financia la revista de la organización. Otorgó además subsidios para el mantenimiento del lugar, mientras que el Ministerio de Educación desarrolla en ese local el programa “Puentes Escolares”. Respecto a las inspecciones, los responsables de la Multisectorial afirman que la última la realizaron funcionarios de la cartera de Desarrollo Social el 14 de noviembre pasado.

Lamentablemente, es muy probable que este listado continúe. Mañana comienzan a patrullar las calles de la ciudad 500 efectivos de la Policía Metropolitana. Fuerza que tendrá unidades especiales que portarán las armas Taser X26, es decir las pistolas eléctricas.



Fuente: (Cecilia Litvin – Red Eco)