EL GOBIERNO PORTEÑO APELÓ LA SENTENCIA QUE IMPIDIÓ SU USO

Solicitada a favor de la prohibición de las neopicanas Taser

Durante la primera semana de septiembre los organismos de derechos humanos le enviaron una carta a los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad manifestando su satisfacción por el fallo que prohibió el uso de las pistolas eléctricas Taser.

El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a comienzos del 2010, había dispuesto la compra de éstas pistolas para la flamante Policía Metropolitana, y el ODH presentó de inmediato un amparo para que se prohíba su uso por ser consideradas un elemento de tortura. La Jueza Andrea Danas, a los pocos días, hizo lugar al amparo, y un tiempo después dictó sentencia definitiva prohibiendo su uso en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno porteño apeló la sentencia, y actualmente la causa se encuentra en la sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, integrado por los Jueces Esteban Centanaro, Mabel Daniele y Horacio Corti, quienes en los próximos días deberán resolver la causa.

El texto de la solicitada, que fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.); Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH expresa que “quienes pertenecemos a los organismos de derechos humanos que peleamos por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, nos manifestamos a favor de la prohibición de la pistola eléctrica Taser.

Esta arma eléctrica no hace más que traernos del pasado la práctica y el recuerdo de la tristemente célebre picana, que tanto daño ha causado en nuestra sociedad.

Tal como lo afirmó el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, consideramos que este dispositivo es un elemento de tortura. En el informe de Amnesty Internacional quedó demostrado que es un elemento letal ya que en solo 7 años de uso por parte de la Policía de EE.UU. ha causado cerca de 400 muertes.

Los organismos recibimos la sentencia dela Jueza Andrea Danas con gran satisfacción, porque la prohibición de la utilización de esta nueva picana, es una defensa del derecho a la vida por sobre todas las cosas. Máxime cuando quienes pretendían utilizarla eran agentes estatales, lo que configuraría la acción de tortura, trato cruel o inhumano, prohibido por nuestro Sistema Jurídico.
Estamos convencidos que ratificar el fallo significaría el pleno respeto a los derechos humanos.”