-En declaraciones al diario Clarín, el subsecretario de Planeamiento, Mario Sabugo, declaró que "El problema no es de infraestructura, si alguna zona tiene poca presión o le falta el gas, habrá que revisar puntualmente cada caso. Echarle la culpa a la edificación, que está permitida dentro de la normativa actual, es hacer terrorismo urbano", ¿Qué opina de estas expresiones?
-La problemática actual no surge de una planificación, sino surge de una especulación constructora e inmobiliaria, que están cercando a los barrios de casas bajas con la construcción de torres y edificios, atentando contra la fisonomía de los barrios, y su patrimonio histórico y cultural.

No hay evaluaciones de impacto ambiental serias, dado que es imposible que se hayan otorgado tantos permisos en el norte de la Ciudad en tan poco tiempo, sin tener en cuenta a la población residente, es decir al vecino.

El impacto ambiental de las nuevas construcciones es desastroso; se derrumban casas típicas con jardines para levantar edificios gigantescos que perjudican a las construcciones bajas existentes, tapando el sol, invadiendo la privacidad, y desde ya generando problemas en la infraestructura de servicios, ya sea primero la escasez y luego colapso de servicios públicos esenciales como ser agua, cloacas, el sistema pluvial, luz, gas, problemas de saneamiento ambiental dada especialmente con la generación de mayores cantidades de residuos, el deterioro del suelo, mayor circulación de vehículos que ocasionaría mayor polución ambiental y contaminación visual y sonora, todo ello afectando la calidad de vida de los residentes porteños.

No es terrorismo urbano, defender nuestro hábitat, y desde ya quién otorgue estos permisos debe responder judicialmente por los daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar. Recientemente el Juez Juan Cataldo hizo lugar a una acción de amparo presentada por vecinos que se oponen a la construcción de un edificio de 9 pisos en la calle El Salvador al 6000 del barrio de Palermo, ordenándole al Gobierno de la Ciudad que no otorgue permisos a las obras que no se adecuen a la fisonomía tradicional del barrio.

La Jueza Alejandra Petrella le impidió a la Ciudad otorgar nuevos permisos en 16 manzanas del barrio de Caballito, entre las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza, y Gaona. Los jueces se están pronunciando a favor del vecino, ahora le toca a los otros poderes del Estado.


-¿Qué normativa sobre este tema debería contener el Plan Urbano Ambiental (PUA)?
-No soy arquitecto, soy abogado, y creo que se hace necesario un serio debate para analizar como debe ser nuestra Ciudad de Buenos Aires, con audiencias públicas vinculantes, donde puedan participar los inversionistas, las cámaras constructoras e inmobiliarias, los legisladores, las autoridades del Ejecutivo de la Ciudad y desde ya fundamentalmente quienes vivimos en esta ciudad, es decir sus vecinos, y luego esto quede reflejado en el proyecto del nuevo "Plan Urbano Ambiental"-donde se contempla el código de planeamiento y el de edificación- que el Ejecutivo porteño debe enviar a la Legislatura para su tratamiento.


-Usted expresó que hay que concientizar a los legisladores del problema, ¿Quién se debería ocupar de esta tarea?
-Sólo se puede concientizar a los legisladores si participan junto a los vecinos en los foros de discusión vecinal, con participación de ONGs y asociaciones civiles, que aglutinen los pedidos de los vecinos, y así los representantes se hagan eco de las necesidades de sus representados.


-¿Cómo se combate la presión de las empresas constructoras?
-Las autoridades deben impulsar y endurecer la fiscalización y control de las obras empezadas, y sancionar con importes pecuniariamente importantes a aquellas constructoras que se aparten de las leyes, mientan o adulteren los estudios ambientales presentados, para evitar daños ambientales posteriores, dado que cuando se produce un daño es muy difícil volver las cosas al estado anterior.

El Estado debe regular los intereses del vecino y el de los inversores, para que no se superpongan entre sí, afectando seriamente a una de las partes, y esto es a través del Plan Urbano Ambiental, que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece como marco en el artículo 27, donde dice: "La Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural".

Este mismo artículo promueve la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico, y de la calidad visual y sonora, la regulación de los usos del suelo, la localización de las construcciones, las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, sea este público o privado, entre otros tópicos.

Estas políticas constituyen los ejes del Derecho de Desarrollo Sustentable, es decir el económico, el sociocultural y el ecológico o Ambiental. El Derecho de Desarrollo Sustentable significa satisfacer nuestras necesidades presentes pero sin comprometer a las generaciones futuras.