LA METROPOLITANA, CUESTIONADA
Averiguación de antecedentes
De acuerdo a un informe presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la incorporación de personal a la Policía Metropolitana, “el 83 por ciento de los cargos altos” de esa fuerza, entre “superintendentes, comisionados generales y mayores, proviene de la Policía Federal Argentina”.
De ese grupo, que incluye a los cuatro superintendentes, “casi el 80 % hizo sus primeros años en la PFA en los años ’70” y “mayoritariamente en comisarías de la Ciudad”, lo cual “no se condice, en principio, con el perfil de policía que la ciudadanía, la Legislatura e incluso los funcionarios del Gobierno local han diseñado para que el nuevo cuerpo sea distinto, moderno y responsable, alejado de los vicios y prácticas de la Federal”, sostiene el trabajo difundido por la institución encabezada por la doctora Alicia Pierini.
Estas conclusiones forman parte de un trabajo que la Defensoría comenzó a principios de 2010 como miembro de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras Fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana, y que da cuenta de la revisión de los 52 legajos correspondientes a los cargos jerárquicos de la fuerza (Superintendentes, Comisionados Generales, Mayores y simples).
Aunque no se conoce cómo fueron realizadas, las incorporaciones cuyos legajos relevó la Defensoría evidencian que “no ha existido un parámetro claro a la hora de seleccionar el personal”, porque esos legajos “contienen información muy dispar y, en los casos de ausencia de información relevante, no existe ninguna constancia de que se le haya solicitado completarla al ingresante. Todo parece indicar que la documentación obrante en los legajos es la que el aspirante proporcionó o no proporcionó, según su voluntad”.
Así, el informe da cuenta de “la ausencia de un protocolo de incorporación del personal policial prediseñado para establecer los perfiles buscados para ocupar mandos altos, basado en necesidades operativas y en las distintas necesidades de especialización”. En definitiva, “no se evidenciaron los criterios y parámetros de selección del personal con experiencia en otras fuerzas de seguridad”.
El trabajo de la Defensoría subraya que “el 83 por ciento de los cargos altos de la Policía Metropolitana provienen de la Policía Federal Argentina (PFA)”, y que de ese grupo mayoritario, incluidos los cuatro Superintendentes, “casi el 80 por ciento hizo sus primeros años en la PFA en los años 70 y mayoritariamente en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires”.
El antecedente no es menor: “Aunque pueda resultar razonable incorporar a personal con experiencia previa tanto en seguridad como en mando, es necesario asumir que dicha experiencia –realizada en años de dictadura y violaciones a los derechos- no se condice, en principio, con el perfil de policía que la ciudadanía, la Legislatura e incluso los funcionarios del Gobierno han diseñado para que sea distinta, moderna y responsable, alejada de los vicios y prácticas de la PFA”.
Para el responsable de la oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría, Ricardo Dios, “la Policía Metropolitana nació a partir de la sanción de una normativa elaborada gracias al consenso de los principales partidos políticos de la Ciudad, que siguieron las recomendaciones internacionales en la materia. Sin embargo, al analizar el perfil del personal jerárquico puede advertirse que esa impronta de origen se ha desdibujado o directamente no existe. Resulta muy difícil pensar en una nueva policía sin corrupción, sostenida en los paradigmas de los derechos humanos y orientada a la prevención y el respeto de los procedimientos legales, si el flamante cuerpo comienza a constituirse en su mayoría con integrantes que nacieron y se fueron de la Policía Federal Argentina, una fuerza sumamente cuestionada que, tras décadas de formación y disciplinamiento basados en valores arcaicos y despegados de la comunidad actual, nunca realizó una autocrítica ni reformas profundas en los últimos 50 años. Y lo expuesto no es de ninguna manera una discriminación ciega o arbitraria. Justamente se trata de que si una policía naciente y distinta requiere experiencia profesional para su primera etapa de construcción, ésta no se acredite con perfiles formados desde otras concepciones. Tampoco es una cuestión de buenos o malos policías: los nuevos agentes pueden ser profesionales aptos, pero sus experiencias, sus prácticas, y su concepción sobre la seguridad requieren de una sostenida transformación y de una férrea conducción política que hasta ahora no se evidenció, ya que a los flamantes ingresados ni siquiera se les exigió para sumarse a la fuerza que completen la totalidad de requisitos que manda la ley o impone el derecho administrativo”.
Con respecto a la información faltante en los legajos analizados, la Defensoría observó que, en algunos casos, en los correspondientes al personal proveniente de la PFA sólo estaba incluido su certificado de servicios pero no su foja, que da cuenta de todos los lugares en los que el uniformado revistó por año y por ascenso en la carrera policial. Y al mismo tiempo, aunque en los legajos de varios constaba que la baja de la fuerza policial de origen se había producido algunos años antes del ingreso a la PM, en la mayoría de los casos no estaban acreditados los antecedentes laborales desde esa baja hasta el ingreso al actual cuerpo.
Pese a que el artículo 47, inciso h) de la Ley 2894 dispone que no pueden ingresar a la Policía Metropolitana quienes hayan sido sancionados/as con destitución o sanción equivalente en las fuerzas policiales o de seguridad federales o provinciales u organismos de inteligencia, en los legajos observados no existe tal acreditación. “Conocer si poseen antecedentes de este tipo resulta necesario sobre todo en los casos en que la baja en la fuerza de seguridad de origen reviste el carácter de Retiro Obligatorio”, subraya el informe de la Defensoría.
Tampoco obra en los legajos la constancia o verificación de las incompatibilidades con los servicios de seguridad privada que prevé la normativa vigente, que prohíbe expresamente “desempeñar otros cargos, funciones o empleos, en el ámbito público o privado, remunerados o no, excepto el ejercicio de la docencia en la forma que lo establezca la reglamentación, mientras permanezca en el servicio activo”. Finalmente, la Defensoría también pudo confirmar que “en la mayoría de los legajos no se encuentra la resolución de designación ni la de asignación de estado policial. Tampoco se agregaron todavía las declaraciones juradas que por resolución ministerial tienen que presentar todos los designados, y no consta de la lectura de los legajos los destinos de los agentes designados dentro de la Policía Metropolitana”.
En la actualidad la Comisión de Evaluación continúa con su trabajo de revisión de legajos, en esta oportunidad de los cargos inferiores: más de 900 efectivos que ingresaron a la Policía Metropolitana desde otras fuerzas de seguridad.
Fuente: Defensoría porteña.
