VILLA URQUIZA
¿Qué está pasando en la ex Autopista 3?
La conflictiva y controvertida historia de la ex AU3 ha iniciado un nuevo capítulo:
el de la administración Macri. Su impronta está
dada por el otorgamiento de un subsidio a los ocupantes para lograr
el desalojo de las viviendas. Ya se ha logrado por este medio
el desalojo y demolición de varios de los inmuebles de
la traza.
por Asociación de Vecinos de Luis María Drago
El problema de este subsidio, tal como lo explicara el propio
titular de la Unidad Ejecutora, el Sr. Regazoni, en una reunión
de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura,
es que al no ser préstamos, no deben ser devueltos por
aquellos que los acepten y por lo tanto, deben ser cubiertos por
fuera de las asignaciones presupuestarias. Por lo tanto, dichos
subsidios están siendo entregados a cuenta de la venta
de los terrenos. Pero ocurre que en ninguna instancia legislativa
se ha aprobado la venta de dichos terrenos. Si lo relacionamos
con el no explicito proyecto de emprendimientos inmobiliarios
en la zona, la sospecha se hace más nítida. Decimos
no explícito porque no ha sido posible hasta el momento
obtener información sobre las ideas o proyectos de las
actuales autoridades sobre el futuro destino del área en
cuestión una vez que fuera liberada.
En realidad este procedimiento del subsidio implica el incumplimiento
o burla de la Ley 324. Esa ley efectivamente está orientada
a solucionar el problema habitacional de los vecinos que habitan
sobre la traza mediante el cumplimiento de diversas alternativas
opcionales para satisfacer las necesidades de vivienda, entre
las cuales se ofrecían la entrega de unidades llave en
mano mediante planes del Instituto de Vivienda de la Ciudad o
la financiación, también por esta vía, de
emprendimientos de autoconstrucción. El subsidio actual
es un procedimiento irregular, no previsto por la ley y que en
todo caso puede ser aceptado o no por sus beneficiarios. El que
incurre en el incumplimiento de los procedimientos legales es
el Gobierno de la Ciudad, y los beneficiarios que lo rechazan,
están en su derecho.
Para la Asociación de Vecinos de Luis M. Drago, que interviene
sobre la problemática de la ex AU3 desde hace siete años,
un problema convergente con aquel es el de la grave situación
del tránsito pasante sobre la calle Acha, el que se fue
acentuando a partir de la apertura de la Avenida Parque (hoy Goyeneche)
en el año 1997, lo que incentivó la llegada de vehículos
con origen en la Panamericana, para terminar en el embudo de la
barrera de doble mano –en Acha y el F. C. Mitre, ramal a
José L. Suárez.
Nuestra Asociación se opone a la venta de los terrenos
una vez que sean recuperados porque considera que deben ser utilizados
para el trazado de una avenida semaforizada de doble mano que
continúe la actual Avenida Parque o Goyeneche, con las
mismas características que entre Congreso y la Gral. Paz,
es decir con la mayor cantidad de espacios verdes públicos
que sea posible. Esto es por la enorme necesidad de los mismos
en la ciudad de Buenos Aires y para minimizar el sonido que el
tránsito vehicular provocará. La conflictiva situación
vial de Acha y de Galván serían solucionadas al
menos parcialmente por este proyecto, que como tal, debe contar
con partidas presupuestarias de Desarrollos Viales. Decimos esto
porque afirmamos que no es necesario vender terrenos para financiar
viviendas u obras viales, en las condiciones presupuestarias actuales
del Gobierno de la Ciudad, tal como predican algunos voceros interesados.
Resumiendo, la opinión de nuestra Asociación sobre
cómo resolver la situación del área de la
traza de la ex AU3 se sintetiza en tres puntos:
1. Cumplir con la Ley 324, para resolver realmente el problema
habitacional de los vecinos que ocupan viviendas sobre la traza.
La prioridad pasa por dar satisfacción al problema social
de las familias que por necesidad viven en condiciones de precariedad
habitacional. El Gobierno de la Ciudad debe dar solución
al tema –a lo que está comprometido por ley- con
planes de vivienda propios o a través de hacer efectivos
los subsidios a las cooperativas de autoconstrucción como
estaba pactado.
2. Destinar los terrenos expropiados a áreas verdes públicas
parquizadas dada la creciente necesidad de espacios verdes en
una ciudad donde se construye indiscriminadamente. La situación
actual de las finanzas públicas –pese a lo que afirma
el actual Gobierno de la Ciudad- no hacen necesaria la venta de
esos terrenos para financiar los gastos de viviendas para reubicar
a los ocupantes u obras viales a realizar en el área. La
venta de los terrenos es sólo un negocio para las empresas
de la construcción ya que el estado normalmente se desprende
de sus activos favoreciendo a los compradores.
3. Solucionar el grave problema vial de la zona, concentrado
en la calle Acha y extendido también a Galván. En
el primer caso una calle angosta que se hace doble mano una cuadra
para soportar el cruce ferroviario en los dos sentidos y con un
trayecto laberíntico del lado norte, resulta en un congestionamiento
creciente, ya casi constante, con el consiguiente riesgo para
la seguridad de los vecinos del área. Galván, otra
calle angosta, que soporta el tránsito saliente hacia la
Av. General Paz a altas velocidades. La continuación de
la Avenida Parque hasta su intersección con la Av. De Los
Incas con un viaducto bajo la estación L. M. Drago, con
las mismas características que el tramo ya realizado, constituye
la única respuesta seria a dicho problema.
DESALOJOS
El Gobierno de la Ciudad ya inició acciones de desalojo
de las familias que están viviendo desde hace varios años
en las propiedades expropiadas de la traza de la ex autopista
3.
Una vez liberadas las casas, las demuelen para que no vuelvan
a ser ocupadas y una vez liberados los terrenos llamarán
a licitación para construir edificios.
Desde la gestión PRO asegurán que no se está
desalojando por la fuerza.
A través de la ley 324 sancionada en 1999, la gente está
recibiendo subsidios en el ministerio de Desarrollo Urbano porteño.
Según la normativa, los hay de dos tipos o categorías
debido a un censo que se realizó antes de la sanción
de la ley: Los "beneficiarios" reciben
entre $ 75.000 y $ 96.000 por grupo familiar, y los "no
beneficiarios" entre $ 6.000 y $ 25.000. Para estos
subsidios, la Ciudad tiene un presupuesto tope de 12 millones
de pesos.
