Parece que de a poco los ciudadanos ejercen la cultura del reclamo y han comenzado a hacer valer sus derechos como usuarios y consumidores tras décadas de pasividad, resignación y desconfianza, exigiendo que sean respetados por las autoridades correspondientes. Así lo demuestra el destacado aumento en el número de consultas recibidas durante 2005 en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Así, mientras que en 2004 se receptaron 48.936 consultas de los vecinos, en 2005 esa cifra trepó a 76.993, lo que representa un crecimiento general del 57 por ciento.

Los reclamos contra el sistema de salud volvieron a encabezar el ranking de demandas, al igual que en 2004, con el 11,5 por ciento. De ese porcentaje, el 18 % corresponde a incumplimiento de prestaciones médicas por parte de obras sociales, seguidas por la solicitud de medicamentos, con el 9, 3 % y el requerimiento de insumos y prótesis, con el 8,1 %.

Con el 9,3 %, en la segunda posición de la lista de las problemáticas más denunciadas se situaron aquellas vinculadas con el funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). Dentro de este rubro, las quejas motivadas por la no entrega de audífonos (23,6 %), medicamentos (20,8 %) y subsidios (13,4) fueron las que más se destacaron.

Los reclamos contra el sistema de jubilaciones y pensiones ocuparon el tercer lugar del ranking de quejas con el 9 por ciento, mientras que en el cuarto se encuentran los problemas de vivienda, con el 8 %. En este último ítem los reclamos que más sobresalen son las dificultades que padecen aquellos que aspiran a acceder a viviendas sociales a través de créditos oficiales, seguidos por los generados en villas de emergencia, complejos habitacionales y nuevos asentamientos urbanos.

Otras temáticas sobresalientes en el listado de quejas más frecuentes fueron los inconvenientes suscitados con permisos y habilitaciones de comercios, puestos de venta en la vía pública y vendedores ambulantes, los reclamos realizados contra las escuelas de gestión privada y los conflictos entre usuarios y concesionarias privadas responsables de los servicios públicos. En este último caso, las empresas más denunciadas por los usuarios fueron Aguas Argentinas, Edesur y Metrogas, objetadas por los procesos de facturación empleados -poco transparentes y de difícil comprensión-, la sobrefacturación y los mecanismos de instalación y conexión de los medidores, que les impiden verificar el seguimiento de su consumo.

La Defensoría del Pueblo atiende las consultas y quejas de los ciudadanos en su sede central de Venezuela 842, y también posee delegaciones en Parque Patricios-Pompeya (Guaraní 242), Colegiales (Delgado 771) y Villa-Luro Mataderos (Zelada 4655), las dos últimas inauguradas en 2005.

Los temas denunciados por los vecinos durante el año pasado revelan la conciencia creciente con respecto de los derechos que tienen los habitantes y que son incumplidos. Sólo cabe aguardar que las demandas ciudadanas sean encausadas y satisfechas por los funcionarios gubernamentales, mandatarios de la voluntad popular y por lo tanto responsables de elevar la calidad de vida de la población.