INFORME DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO PORTEÑA: POLÍTICAS NADA AMISTOSAS

La ciudad desalojada

Ante la crisis de 2001, vastos sectores sociales la enfrentaron agrupándose en organizaciones solidarias que se asentaron donde pudieron. Algunas lo hicieron en sitios ociosos que pertenecían a la Ciudad. Las más afortunadas lograron que las autoridades se los cedieran de manera precaria; otras los siguieron ocupando de hecho. Todo fue así hasta que la actual gestión optó por una política no amigable hacia ellas y empezó a desalojarlas administrativamente.

El desalojo administrativo es la potestad del Ejecutivo para recuperar inmuebles sin apelar a la justicia. Según la Ley de Procedimientos Administrativos puede hacerlo cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina o tengan que incautarse bienes peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles.

Sin desconocer esta atribución, la Defensoría del Pueblo sostiene que el Gobierno local debería aplicarla con prudencia para no violentar derechos de los vecinos. Por ello, aconsejó que –ante posibles conflictos– las autoridades busquen acuerdos que preserven los bienes de dominio público y –a la vez– faciliten el derecho ciudadano de asociarse con fines útiles.
No obstante, la actual administración porteña desoyó esas sugerencias y en los últimos meses desalojó a varias organizaciones comunitarias.

De la huerta al cemento

En 2002, la Asamblea Popular Gastón Riva de Caballito instaló un huerto a la vera de las vías del ex Sarmiento y sobre una minúscula parte de las casi 9 hectáreas que, poco antes, el ente que administraba los bienes ferroviarios le cediera precariamente a la Ciudad para que los parquizara y destinara a espacio público.
En 2003, la ley 1110 bautizó Giordano Bruno a la plaza que ocupó parte de las tierras recibidas; pero –al demarcarla– los legisladores omitieron señalar su límite oeste.

Justo hacia ese punto cardinal se situaba el emprendimiento vecinal conocido como Huerta Orgázmika y que jamás fue alcanzado por la parquización ni por las posteriores mejoras de la plaza. No obstante, en mayo de 2008, el Gobierno porteño entendió que la Orgázmika era parte del paseo e intimó a desocuparla en el término de cinco días, bajo apercibimiento de disponer su desocupación administrativa.

Los hortelanos pidieron la reconsideración de la medida y hasta conversaron con los responsables del CGP 6 sobre la posible integración de la huerta a la plaza. Fue en vano. En la madrugada del 18 de mayo funcionarios del Gobierno secundados por la Policía Federal arrasaron la huerta, escudados en una supuesta recomendación de la Defensoría del Pueblo que el organismo nunca emitió. Al día siguiente, una manifestación de los agricultores urbanos ante el CGP de la zona terminó con varios heridos y 22 detenidos.

Hoy, la huerta no existe. De hecho, el Gobierno la incorporó a los difusos límites de la Plaza Giordano Bruno y su antiguo verdor yace bajo carpetas de cemento. Sin resignarse, los hortelanos aseguran: seguimos plantando; y en un par de canteros ubicados en Avellaneda al 600 sembraron verduras y plantas que con la primavera comenzaron a florecer.

La casa del Cantor

Cuando mandaba en la ciudad, Osvaldo Cacciatore expropió 70 viviendas ubicadas entre el 5700 y el 5900 de avenida Constituyentes para construir una de las faraónicas obras que nunca concretó. Con la democracia, vecinos sin techo las reocuparon. En 2005, se instaló en una de ellas la Asociación Civil Encuentro Uruguayo-Argentino, institución con fines culturales conocida como Casa Zitarrosa en homenaje al flaco oriental y engominado de voz cavernosa y sentir profundo. Mediante un contrato y una habilitación provisoria otorgada por el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, allí se erigió un centro cultural que contaba con sala de exposiciones, imprenta y lugar para el dictado de diversos talleres; entre ellos, uno de candombe.

Pero otro fue el candombe que se armó el 14 de agosto cuando una brigada de funcionarios, abogados y cerrajeros de la Dirección General de Administración de Bienes llegó al lugar, violó la puerta de entrada y sacó a la calle las obras de arte, maquinas, computadoras y otros enseres de la Asociación. La gestión de la Defensora del Pueblo Alicia Pierini ante Francisco Cabrera, ministro de Desarrollo Económico porteño, para frenar el operativo fue infructuosa. Tras los hechos, Gustavo Lesbegueris, integrante del área de Educación de la Defensoría lamentó que la actitud del Gobierno porteño truncara una negociación para encontrarle un sitio adecuado al centro cultural.
Así, el Gobierno recuperó un bien público. La Ciudad, en tanto, perdió un sitio para la confraternidad rioplatense.

Galpón cultural

En Caseros 1712 funciona desde 2003 el Centro Cultural Trivenchi, un espacio creado por una cooperativa de jóvenes artistas. Hasta entonces, el lugar era un viejo y deslucido galpón perteneciente a la Ciudad que los cooperativistas reacondicionaron luego de que las autoridades de entonces les cedieran la llave sin suscribir contrato alguno.
Desde entonces, allí funcionan talleres de expresión y varietés junto a una escuela de circo, se proyectan películas, audiovisuales y videos musicales, y se montan muestras fotográficas, entre otras actividades que convocan a unas 400 personas por semana.
Considerando que la falta de un convenio con la Ciudad convertía al Trivenchi en intrusos, en marzo pasado el Gobierno porteño los intimó a desocupar el inmueble bajo apercibimiento de disponerse su desocupación administrativa. La cooperativa –por su parte– apeló a la
Justicia y logró que la magistrada Lidia Lago suspendiera el desalojo.

Ante el caso, la Defensoría recordó que la Constitución local obliga a la Ciudad a distinguir y promover todas las actividades creadoras. Garantizar la democracia cultural; asegurar la libre expresión artística y prohibir toda censura; facilitar el acceso a los bienes culturales; crear y preservar espacios; impulsar la formación artística y artesanal; proteger y difundir las manifestaciones de la cultura popular; contemplar la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades. Por ello, y considerando los aportes que realiza el Trivenchi, recomendó que el ministro de Desarrollo Económico busque una alternativa a la desocupación del viejo galpón.