LO ORDENÓ LA JUEZA ELENA LIBERATORI

La justicia intimó a Macri a reponer el servicio de llamados a celular en los organismos públicos

Fue después del comunicado de UTE-CTERA donde criticó duramente al jefe de Gobierno por bloquear los llamados a teléfonos celulares desde todas las escuelas públicas porteñas.


El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentaron un recurso de amparo ante la justicia porteña, solicitando que el Poder Ejecutivo de la Ciudad reinstale el servicio telefónico de llamadas a celulares desde las Escuelas y Hospitales del sistema público de salud, que fueron bloqueadas esta semana.

El recurso fue resuelto favorablemente por el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Jueza Elena Liberatori.

En el recurso, las organizaciones resaltan que la medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad viola el deber de cuidado. Es justamente el que pesa sobre los operadores del Sistema Público, sobre todo sobre aquellos que están a cargo de niños y adolescentes en las Escuelas y personas con discapacidad o afectadas en su salud en los Hospitales.

“En este contexto las llamadas a celulares son, en muchos casos, la única forma que tiene la Escuela o el Hospital de ponerse en contacto con las familias, ya que son miles los hogares en la ciudad que carecen de servicio de telefonía fija”, sostuvo Eduardo López, Secretario General de UTE.

Por su parte, Carlo Pisoni del Observatorio de Derechos Humanos expresó que “la actitud injustificada y arbitraria del GCBA al impedir los llamados a celulares viola derechos constitucionales como el derecho a la salud, a la integridad, y a la dignidad y el derecho a una educación de calidad.


Macri a indagatoria por el accionar de la UCEP

El juez Facundo Cubas, a pedido del Fiscal Roma, llamó a indagatoria a 29 personas vinculadas con la UCEP, dando cuenta de la evidencia del avance de la causa y de diversas pruebas que son conducentes. Entre los que deberán presentarse a declarar están el jefe de gobierno, Mauricio Macri y Juan Pablo Piccardo.
Se los acusa de 19 hechos delictivos cometidos entre julio de 2008 y octubre de 2009 en horarios nocturnos y en espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires.

La UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) era una de las prácticas ilegales puestas en marcha por Macri para sus políticas de seguridad, ese concepto de seguridad que se limita a la limpieza de las veredas y la expulsión de pobres de las calles. Macri, Piccardo (Ex Ministro de Ambiente, Ex CEO de Isembeck) y la UCEP habían sido denunciados y repudiados por diversos organismos y organizaciones sociales por la actividad ilegal que desplegaban de noche en la calle. Provocó incluso un documento muy duro efectuado en conjunto por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el CELS.

Fuente:Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH)