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Buenos Aires, Argentina /
Fecha de Publicación:02/12/09  

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LEGISLATIVAS

La Asociación por los Derechos Civiles y su posición frente al proyecto de ley sobre publicidad oficial

En las próximas horas la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires trataría un proyecto de ley que regula la pauta de la administración pública local. El texto consensuado omite regular aspectos fundamentales de la contratación y distribución de la publicidad oficial. La sanción de una norma con dichas falencias no garantiza un avance en materia de transparencia y libertad de expresión.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) considera que el proyecto de ley sobre publicidad oficial que se trataría este jueves en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no garantiza una regulación adecuada para evitar la discrecionalidad y otorgar transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a pauta. De aprobarse, se estaría perdiendo una oportunidad de sancionar una norma que verdaderamente signifique un avance en materia de transparencia y libertad de expresión.

Recientemente, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a discutir en torno a una posible regulación de la publicidad oficial luego de la presentación de algunos proyectos de ley sobre la materia. Sin embargo, el dictamen aprobado por la Comisión de Comunicación Social de la legislatura porteña adolece de serias falencias en cuanto a la distribución, contratación y control de la publicidad oficial.

El problema central de la propuesta, a juicio de la ADC, consiste en la ausencia de criterios rectores transparentes y precisos para la asignación de la pauta estatal. Esto significa que la distribución de la publicidad oficial continuaría quedando, en este punto, bajo la total discrecionalidad de los funcionarios de turno.

Otros problemas particularmente graves se relacionan con su ámbito de aplicación reducido al Poder Ejecutivo, la falta de determinación de la autoridad de aplicación y de mecanismos de control y la ausencia de un régimen de sanciones para las violaciones a la ley.

La ADC elaboró un documento analizando los puntos centrales de la propuesta, que adjuntamos.

La utilización de la publicidad oficial para premiar a medios afines o castigar a los críticos constituye una violación indirecta de la libertad de expresión prohibida por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Como sostuvo en otras oportunidades, la ADC considera que establecer leyes que regulen adecuadamente la pauta es un paso imprescindible para evitar sospechas de favoritismos políticos, evitar el uso discriminatorio de la pauta y otorgar transparencia y control a la asignación de fondos públicos.





 


 








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