SE ANALIZARON VEINTE CASOS GRAVES PROTAGONZADOS ENTRE 2008 Y 2009
Abusos policiales en la Ciudad

Robocops: ¿Al servicio de la sociedad?Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires revela que durante los dos últimos años se incrementaron las denuncias por abusos policiales. En veinte casos que analizó el organismo se constataron -entre otras irregularidades pasibles de sanción penal- el uso desmesurado de la fuerza, la utilización de armas de fuego en situaciones que no lo requerían, la recurrencia de comportamientos discriminatorios y el ocultamiento o la modificación de hechos con el propósito de inculpar a quienes fueron víctimas o exculpar a los uniformados.

No es verdad que todo tiempo pasado fue mejor. La nostalgia, a menudo, agiganta las bondades de los años idos, oculta sus costados ominosos y construye castillos mitológicos. Sin embargo, en ocasiones, la memoria colectiva atesora imágenes difíciles de refutar. Entre ellas, la del afable vigilante de la esquina siempre dispuesto a indicar dónde queda la calle Potosí o qué colectivo llega a Pompeya, como a colaborar en menesteres tales como acompañar al pibe hasta la puerta de la escuela. En fin, cuestiones que -sin ser parte de sus funciones específicas- contribuían a estrechar vínculos con el vecindario.

Después, los avatares históricos hicieron que los hombres de azul fueran percibidos como atemorizantes figuras y las sirenas de sus patrulleros convocaran al escalofrío. Pero la degradación de las fuerzas policiales alcanzó su máxima expresión hace poco más de tres décadas, cuando el Terrorismo de Estado las convirtió en auxiliares del genocidio, un estigma que –era de suponer- borraría la democracia restaurada.

Sin embargo, aunque fue mucho lo que cambió, los cuestionados edictos policiales permanecieron incólumes hasta la Convención que sancionó en 1996 la Constitución porteña.

Lamentablemente, tras este paso adelante los problemas subsisten. Así lo demuestra el Informe Especial sobre la Violencia Policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que elaboró la Defensoría del Pueblo porteña a partir del análisis de veinte casos graves protagonizados entre 2008 y 2009 por la Policía Federal Argentina, la fuerza de seguridad más importante que opera en el distrito.

En 65 páginas divididas en diez capítulos y tres anexos sobre causas abiertas por represión en desalojos, marchas y episodios que involucraron a víctimas individuales, el documento describe minuciosamente el patrón común de un proceder que es fruto de la brecha que separa al real accionar policial de la normativa vigente. En todos los casos se advierte que el uso de la fuerza resultó excesivo, desproporcionado o irracional; que mayoritariamente se aplicó contra personas y sectores sociales vulnerables; que no se respetaron los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y que constituyeron o constituirían delitos dignos de ser investigados por el fuero penal.

Según el artículo 21 de la Ley de Seguridad Interior, los miembros de las instituciones policiales y fuerzas de seguridad del Estado Nacional deben ejercer sus funciones en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, procurando –fundamentalmente- preservar la vida y la integridad física de las personas que son el objeto de su accionar. La coerción tiene que ser, pues, un recurso limitado que no genere hechos más grave que aquellos que se pretende reprimir.

Empero, los hechos recopilados por la Defensoría –apenas un puñado de los acaecidos en el período investigado- revelan que el accionar policial se sigue rigiendo por un modelo en el que predominan rutinas y hábitos inspirados en una perspectiva bélica del control del delito, en la aplicación de una metodología extrainstitucional destinada a disciplinar toda conducta transgresora, aún cuando ésta no viole ley alguna, y en la persistencia de una ideología basada en conceptos primitivos de la moral pública y del conflicto social.

En este marco, abundan los estereotipos discriminatorios engendrados por la propia policía -tales como el olfato policial o la actitud sospechosa- que victimizan a jóvenes –sobre todo, a los morochos y a los tatuados-, pobres, homosexuales y oriundos de países limítrofes. Al respecto, basta con reparar en el lenguaje habitualmente estigmatizante y prejuicioso que los efectivos usan para referirse a ellos.

Federales en acción

Los casos de desalojos evidencian que la violencia policial no se morigera siquiera ante la presencia de niños; aunque ello implique violar las convenciones internacionales que los protegen. Así sucedió, por ejemplo, el 22 de febrero de 2008 en Barrancas de Belgrano. Ese día, policías federales uniformados y de civil fuertemente armados y secundados por el grupo GEO realizaron un despliegue claramente desproporcionado para desalojar a mujeres y niños que vivían junto a las vías del ex Ferrocarril Mitre -en razón de la suspensión del tren blanco de los cartoneros- y que fueron víctimas de insultos, golpes y tirones de cabello.

Otra situación de brutalidad extrema que registra el documento de la Defensoría se produjo el 24 de marzo de 2009 en el pasaje Enrique Santos Discépolo. Allí, unos 150 jóvenes autodefinidos como anarco-punk repudiaban a la última dictadura militar en el aniversario de su entronización y, ante incidentes menores provocados por los manifestantes, miembros de la Federal los reprimieron mediante un enorme operativo en el que no ahorraron gases ni balas de goma y que culminó con varios heridos y detenidos.

Pero los casos más graves analizados por la Defensoría del Pueblo fueron los que terminaron con la muerte de presuntos delincuentes. Tal el de Mauricio Vega que fue asesinado por efectivos de la Comisaría 33º tras ser apresado por no obedecer la orden policial de detener su moto; sin embargo, los efectivos participantes aseguraron que Vega estaba robando un automóvil y que resultó muerto tras enfrentarse con ellos. Por su parte, Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco padecieron la misma suerte a manos de un miembro de la Federal que alegó legítima defensa; sus cuerpos aparecieron recién dos meses después del hecho. En tanto, efectivos de la Comisaría 36º dieron muerte a un joven en agosto pasado mientras transitaba pos la avenida Riestra. Cuando un hermano de la víctima se acercó al cadáver, fue detenido, golpeado brutalmente a bordo de un patrullero y amenazado con ser arrojado al Riachuelo.

Esta forma de actuar suele ampararse en la existencia de hechos que, a entender de los uniformados, generarían un grado de sospecha suficiente como para justificar su intervención. Sin embargo, la ley sólo los habilita a actuar cuando existen indicios vehementes o circunstancias debidamente fundadas de una conducta o acto a perseguir. No obstante, es habitual que -ante la inexistencia de tales indicios o circunstancias- los guardianes de la ley los fabriquen a posteriori.

Es por ello que, en casos como los analizados por la Defensoría, la versión policial de los hechos resulta notablemente disímil a la que brindan víctimas o testigos y, en ocasiones, también difiere de lo que termina por comprobarse en los tribunales.

Claro que no todos los casos se resuelven en los estrados. Aunque el Informe de la Defensoría no analiza exhaustivamente la actuación de las fiscalías intervinientes, aporta indicios preocupantes sobre la falta de profundidad en sus investigaciones. Es llamativo –enfatiza el documento- que todas las causas iniciadas por violentos procedimientos policiales desarrollados en el marco de desalojos, se encuentren archivadas, o bien paralizadas, como así también que en ninguna de ellas se haya citado a indagatoria a efectivos policiales.

Custodiar al custodio

El 14 de noviembre de 2009, la Policía Federal Argentina puso en marcha un enorme operativo -que incluyó hasta un helicóptero- para reprimir a miles de jóvenes que, prestos a ingresar al estadio de Vélez Sársfield para presenciar un recital del grupo Viejas Locas, comenzaron a protestar indignados por la aparente sobreventa de entradas que desbordó la capacidad prevista, por la ausencia de controles y por el accionar de la barra brava del club, a la que –como se observa en las filmaciones de los sucesos- las fuerzas policiales le abrieron paso para que traspusiera los molinetes sin inconvenientes.

El saldo de los gravísimos incidentes fue de 30 heridos, 34 detenidos y un adolescente de 17 años, Rubén Carballo, que falleció 23 días después, víctima de una fractura de cráneo. Cuando fue hallado, sus ropas estaban teñidas con la coloración del agua de los hidrantes y presentaba impactos de balas de goma y fuertes contusiones.

Según la argumentación policial, se habría golpeado al intentar trepar por un muro del estadio para acceder irregularmente al espectáculo, pero el hecho de que conservara en sus bolsillos el celular y la entrada que había adquirido dos meses antes demuestra la inconsistencia de la explicación.

Su padre, en cambio, aportó una versión que –a estar de las investigaciones posteriores- parece acercarse más a la realidad: lo molieron a palos –dijo- y cuando comprobaron que se les había ido la mano, lo arrojaron en un baldío. El primer peritaje, realizado sobre los estudios médicos del cráneo de la víctima, confirma que Carballo recibió un fuerte golpe con un objeto romo y sus heridas no serían compatibles con las de una caída.

Ante un hecho de tal gravedad, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, presentó una denuncia penal contra el personal de la Comisaría 44 de la Policía Federal que intervino en los hechos. De los 36 testimonios que avalan la presentación surge claramente que existió un accionar irracional, abusivo y desproporcionado y que lejos de proteger a las personas, se ejerció sobre ellas una conducta de intimidación permanente.

De las declaraciones de los testigos también se deduce que el objetivo no habría sido la dispersión ordenada del público ya que no existía un camino por el cual pudiera retirarse, acosado como estaba por las balas de goma, los gases lacrimógenos, el carro hidrante y los caballos de la montada.

Episodios como el descripto, que por la fecha en que ocurrió no forma parte del Informe sobre la Violencia Policial, fortalecen la convicción existente en la Defensoría del Pueblo de que es facultad irrenunciable de la institución evitar toda vulneración de derechos y aún de situaciones que puedan implicar un riesgo para las garantías ciudadanas, así como consolidar una visión del problema de la inseguridad que no la aborde únicamente desde el punto de vista de la propiedad de los bienes materiales, sino que dé prioridad a la plena vigencia de los derechos constitucionales. Para que ello ocurra, debe consolidarse el control político de las fuerzas policiales.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Por Ricardo Dios (*) Aunque su tarea básica es actuar ante la vulneración de derechos, la Defensoría del Pueblo también analiza el proceso de creación y proyección de políticas públicas tales como la de Seguridad. Desde esta doble perspectiva, nos alerta la inseguridad existente a la hora de acceder a derechos vigentes. Así, mientras la Seguridad es uno de sus principales reclamos, los porteños asistieron en los dos últimos años al incremento de la violencia policial; al tiempo que la Ciudad construía su propia policía local. Cada uno a su modo, estos hechos obligan a plantearnos el necesario control político de la Seguridad; ya que las decisiones en esa materia no pueden quedar libradas al criterio de la policía ni ser ella la única herramienta que la garantice. Como toda política pública, la de Seguridad requiere considerar los errores pasados, evaluar los intereses en juego y respetar los derechos humanos. (*) Jefe de la Oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría