La Fundación La Alameda presentó un informe a la Ministra de Seguridad de la Nación
En el documento elaborado por la Ong presidida por Gustavo Vera, se traza un diagnóstico de la corrupción sistémica reinante en las comisarias de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los delitos de trata laboral, trabajo esclavo, trata sexual y prostitución. En el informe se proponen medidas urgentes para comenzar a depurar la fuerza.
A continuación, ParqueChasWeb publica un extracto del informe presentado a la ministra Nilda Garré, el 10 de marzo de 2011:
Cómo es de público conocimiento, la Fundación Alameda investiga y denuncia casos de esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y trabajo forzado así como los mecanismos de trata de personas asociados a ellos tanto en lo que hace a la explotación laboral y como a la sexual, sea de adultos o de niños. Estos delitos están, por su naturaleza vinculados con el crimen organizado.
En la actualidad tenemos denunciadas penalmente a 103 marcas de ropa ante juzgados federales por basar su producción en talleres en los que habría situaciones de explotación de la mano de obra reclutada mediante mecanismos de trata y reducida a condiciones análogas a la esclavitud. También se han denunciado a varias redes de trata de personas y explotación de la prostitución ajena en locales sitos en los barrios de Flores, Once, Monserrat, Constitución, de la Ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de Mar del Plata y La Plata en Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz. Asimismo se ha denunciado a 23 empresas por utilización de trabajo esclavo e infantil ubicadas en tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la de Mendoza. Varias de esas denuncias las realizamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con el GCBA (durante el período en que Jorge Telerman se desempeñó como) Jefe de Gobierno) con el respaldo de diputados nacionales de varios partidos, etc. También hemos patrocinado a la auxiliar de la policía, Nancy Graciela Miño Velázquez en su detallada denuncia sobre corrupción de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.
Diagnóstico
En la gran mayoría de las investigaciones realizadas fue común encontrarse con situaciones de participación o, en el mejor de los casos, de encubrimiento y cohecho en las que estaban involucrados efectivos y comisarías de la Policía Federal que oportunamente fueron denunciados a los juzgados donde se tramitan las causas en las que se investigan las denuncias.
Es nuestro objetivo colaborar con vuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad con la finalidad de contribuir a depurar de elementos corruptos a las fuerzas policiales para que cumplan con su misión y funciones en lugar de ser cómplices del crimen organizado.
En este informe daremos algunos detalles de zonas y personas que, a nuestro juicio, estarían involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el encubrimiento o participación de los delitos mencionados más arriba. En este sentido resulta necesario señalar previamente algunos rasgos comunes encontrados en la mayoría de nuestras denuncias
Respecto de los talleres clandestinos de costura ubicados en la Ciudad de Buenos Aires
Existen al menos tres mil talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires que se ocupan a migrantes de nacionalidad boliviana, los cuales son habitualmente reclutados mediante mecanismos de engaño o aprovechando su situación de extrema vulnerabilidad y sometidos a formas de explotación susceptibles de ser consideradas trabajo forzoso o incluso de servidumbre por deudas de acuerdo con la interpretación del Convenio 29 de la OIT y de la Convención Suplementaria de la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Prácticas Análogas a la Esclavitud
Los migrantes son reclutados diaria y mayoritariamente desde la zona del Alto mediante agencias de empleo que prometen salarios en dólares, casa, comida y pago del traslado desde Bolivia a Buenos Aires. También participan del reclutamiento con promesas falsas algunos medios de comunicación locales como El Diario de la Paz, la Radio Splendid y Cruz del Sur, entre otras. Sobre el particular, hicimos una investigación en el terreno que fue parte de un programa especial de “La Liga” a principios de 2008. El traslado desde Bolivia hacia la República Argentina de los trabajadores reclutados se realiza mediante las empresas de ómnibus denominadas Flecha Bus, la Veloz del Norte y Potosí Bus. Estas empresas de transporte suelen trasladar a los migrantes que serán esclavizados en la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires y que pasan por la frontera de Villazón y Yacuiba no son controladas por parte de la Gendarmería. Nacional ni por la Dirección Nacional de Migraciones. Cabe señalar que la complicidad de las empresas de ómnibus mencionadas con la Gendarmería Nacional en lo que atañe a la falta de control de la trata y tráfico de personas en la frontera fue denunciada por el ex cónsul y actual embajador de Bolivia en Brasil, José Alberto González quién personalmente verificó esta situación. Todos los días son trasladados cientos de migrantes por tratantes que ni siquiera se toman el trabajo de emplear caminos clandestinos.
Una vez que los migrantes llegan a la Ciudad o la provincia de Buenos Aires son reducidos a la servidumbre en talleres de costura y forzados a trabajar con el pretexto de pagar la deuda que contrajeron por el viaje. Los talleres de mención están concentrados en la Ciudad de Buenos Aires en la zona sudoeste de ésta, vale decir en los barrios de Pompeya, Lugano, Once, Soldati, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Por la zona de la avenida Avellaneda, en las inmediaciones de la estación de Liniers, en las villas 20 y 1-11-14 se concentra la mayor cantidad.
Todos estos talleres casi sin excepción, pagan regularmente sobornos a las comisarías de sus barrios y la mayoría de ellos son “avisados” por las referidas comisarías cuando están en las vísperas de algún allanamiento o inspección. En algunos casos pagan doble coima, por el funcionamiento del taller y cuando son interceptadas las camionetas que llevan o traen tela o prendas. El monto de los sobornos varía según la gravedad de las infracciones que cometen los encargados o propietarios del taller: si tiene menores, si hay muchos indocumentados, si trabajan para alguna gran marca, etc. pagan un monto superior. Las principales comisarías que están involucradas frecuentemente en las denuncias son la 40, 42, 44. 43. 34, 36, 52, 38, 50, 7. Aunque sospechamos que en todos los barrios donde existan talleres clandestinos existiría la misma modalidad según se desprende de los cientos de testimonios de victimas ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que luego fueron incorporados a la llamada mega causa por los delitos de trata de personas y reducción a servidumbre que tramita ante el juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini. Cabe señalar que tanto los jueces federales Norberto Oyarbide como Julián Ercolini separaron a la policía federal de las investigaciones y allanamientos a talleres clandestinos en el marco de la mega causa, habida cuenta de la enorme cantidad de testimonios de victimas que referían a coimas policiales en los talleres. Es de destacar también que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y Correccional Federal consideró que se debía investigar la presunta responsabilidad de los funcionarios federales implicados en estas maniobras. Esta manda no ha sido obedecida.
El auge de los talleres clandestinos con trabajo esclavo de migrantes se desarrolló fuertemente a partir de la devaluación del año 2002 y la decisión política de reactivar el rubro textil para ampliar las posibilidades de empleo y sustituir importaciones. Se dio también en el marco en el que el poder de policía del trabajo a domicilio regido por la ley 12.713 continuaba en manos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, cuya dependencia específica destinada a realizar las inspecciones y controles había sido prácticamente desactivada desde mediados del 2000. También estaba prácticamente desactivado el cuerpo de inspectores del Departamento de Control y Permanencia de la Dirección Nacional de Migraciones, según denuncia de su ex titular Carlos Sapere a fines de 2005. En este contexto, los talleres clandestinos en casas particulares crecieron sin ningún control y los funcionarios policiales corruptos aprovecharon la ocasión para contar con una caja negra de recaudación regular. Fue a partir del incendio del taller sito en la calle Luis Viales 1269 del barrio de Caballito acaecido en 2006 en el que murieron seis migrantes, que se comenzó a discutir el traspaso del poder de policía del trabajo a domicilio de Nación al Gobierno de la Ciudad. Esto recién se concretó a fines de 2007. En la actualidad esta labor de inspección y control es ejercida en forma muy ineficiente y con criterios pro patronales y es habitual que se levanten anticipadamente las clausuras sin que se hayan subsanado los problemas que ocasionaron la misma. La actual administración a cargo del Ing. Mauricio Macri no demuestra interés en combatir la trata de personas con fines de explotación laboral en la industria de la indumentaria. El actual jefe de Gobierno de la Ciudad tiene un conflicto de intereses toda vez que su esposa ha sido denunciada como explotadora de la mano de obra esclava.
Corresponde señalar que durante el período 2002-2006 funcionó un sistema articulado de encubrimiento del trabajo esclavo en la Ciudad entre las comisarías y el consulado de Bolivia, de la gestión anterior a la presidencia de Evo Morales. En esa época era frecuente que cuando costureros se escapaban de un taller y querían denunciar abusos ante las comisarías, estas los enviaran al consulado con el argumento (falso) de que no tenían documentos y no podían realizar la denuncia allí. El entonces cónsul Álvaro González Quint, designado durante el período del presidente Sánchez de Losada, era el encargado de recibir a las victimas que enviaban las comisarías y armar una especie de mediación falsa e ilegal con el tallerista, donde se comprometía al costurero, a cambio de unos pocos pesos, a no hacer la denuncia ante las autoridades locales. Todo este mecanismo estalló cuando fue el incendio de Caballito y ante las denuncias de La Alameda. González Quint fue separado de su cargo y luego apareció involucrado en la compra de autos de alta gama con franquicia diplomática. Estas prácticas fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación toda vez que implicaba la realización de actos de soberanía en el territorio nacional por parte de una potencia extranjera que desafiaba la legislación laboral y migratoria de la República Argentina. Estos actos de soberanía realizados por personal diplomático boliviano en el territorio argentino contaban con la complicidad de los funcionarios policiales argentinos y la indiferencia de la Dirección Nacional de Migraciones y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fue así que estamos ante el germen de la creación de enclaves en el territorio de la República Argentina de personas que no se sienten ligadas por las leyes argentinas ni respetan a sus autoridades con todos los problemas que esto implica. El surgimiento de estos enclaves tiene su raíz en cuestiones económicas de baja estofa ligadas a la corrupción y al crimen organizado.
Cabe señalar que la misma indumentaria de las fuerzas de seguridad se hacía y aún se hace en talleres clandestinos. En Carrasco al 500 filmamos y denunciamos a un taller que hacia ropa para la policía, prefectura, policía aeroportuaria, entre otros y que contrataba migrantes indocumentados. Algunos ciudadanos de nacionalidad coreana están procesados con confirmación de cámara en la causa que tramita por ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional nº 10 de la Capital federal a cargo del Dr. Ercoloni, en donde se investiga al taller allanado en Ramón Falcón al 3100 durante el año 2007 en el que se confeccionaban los uniformes de la Gendarmería Nacional. Nuevas denuncias recibidas en la Alameda darían cuenta de que en otros talleres clandestinos también se estaría fabricando ropa de las fuerzas de seguridad, particularmente en Martínez Castro al 3136.
En síntesis, el cobro de coimas a los talleres clandestinos lamentablemente se ha convertido en un problema sistémico en la Ciudad de Buenos Aires. También lo es en la Provincia de Buenos Aires, sólo que allí no interviene frecuentemente la Policía Federal. En la Provincia de Buenos Aires las comisarías aprovecharon el vacío legal respecto al ejercicio del poder de policía con relación al régimen de trabajo a domicilio para hacerse de una caja clandestina de recaudación a cambio de la protección a ese sistema neoesclavista de producción.
Respecto a los prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires
Bajo la fachada de whiskerías, pubs, bares y en departamentos privados existen alrededor de un millar de prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. 613 direcciones y 178 teléfonos fueron denunciados por la Alameda el 15 de diciembre de 2009 ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación, ante el Ministerio Público de la Ciudad y la agencia de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad. También investigamos y denunciamos ante juzgados federales a las redes de trata personas y explotación de la prostitución ajena que funcionan en los barrios de Liniers, Once, Monserrat, Constitución y Flores. En la abrumadora mayoría de los casos actuamos conjuntamente con la Defensoría del Pueblo a la que le acercamos numerosos testimonios de vecinos, ex empleados de esos tugurios, ex “clientes” y victimas que se escaparon de ese infierno de esclavitud.
Los denominadores comunes que hemos encontrado en nuestras investigaciones y en los testimonios son los siguientes:
1) No existe en la ciudad de Buenos Aires, ningún lugar donde se ejerza la prostitución en cualquiera de sus formas que no sea “protegido” por la policía a cambio del pago de sobornos. Las únicas excepciones son el espacio público cedido por la Legislatura en el Rosedal de Palermo y algunos locales V.I.P. cuya protección viene de más alto.
2) Las coimas se cobran de un modo periódico y regular y la tarifa va variando según la gravedad de las infracciones que se cometen en los locales y la cantidad y gravedad de las causas penales que vaya acumulando. Las coimas se cobran centralizadamente desde la jefatura de las comisarías y desde la superintendencia e incluso en algunos barrios se especializan algunos efectivos policiales como recaudadores.
3) El cuentapropismo en materia de prostitución es un fenómeno en vías de extinción. Las pocas mujeres en situación de prostitución que ejercen el meretricio por su cuenta tuvieron que integrarse a las redes de proxenetismo donde son esquilmadas, ya sea trabajando en la calle o bien dentro de privados o whiskerías. De los llamados a cientos de privados que son publicados en los medios de comunicación es fácil deducir que en la abrumadora mayoría de ellos existe explotación sexual por cuenta ajena aunque engañosamente se presenten como lugares de oferta sexual a título individual. Hay testimonios reveladores recogidos por la Defensoría del Pueblo que dan cuenta del hostigamiento que reciben de parte de la policía aquellas mujeres que intentaron ejercer la prostitución por cuenta propia y fueron sistemáticamente coaccionadas a rendirse a las redes.
4) En varios bares, whiskerías, cabarets y proxenetas que explotan la prostitución ajena en la calle se detecta que la actividad oficia de pantalla para la distribución de estupefacientes, particularmente en los barrios de Once, Constitución, Monserrat y Liniers.
5) De las denuncias ante juzgado federal de la auxiliar de la policía Miño Velásquez que revistaba en la División de Trata de la Federal se deduce que: a) la jefatura policial organiza el cobro sistemático de coimas a los prostíbulos; b) que en algunos casos lo regentean a través de testaferros o directamente; c) que se plantan o fraguan pruebas a la justicia a fin de proteger o perjudicar a actores que benefician o perjudican los negocios.
6) En el caso de la trata de mujeres dominicanas existe un cohecho compartido entre la Policía y sectores internos de la Dirección Nacional de Migraciones.
7) En los casos de distribución de estupefacientes dentro de las redes prostitución sea que operen en locales o en la calle existe conexión directa con las cocinas de la villa 1-11-14 e incluso enlaces que se establecen a través de efectivos de la División de Drogas Peligrosas.
El propio Procurador General de la Nación admitió que los fiscales no investigaban la comisión de las infracciones a la ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas (ley 12.331, arts. 15 y 17) y permitían la proliferación de prostíbulos sin ninguna penalización. Tal es la razón por la cual emitió en el 2009 la resolución 99/2009 ordenando a los fiscales a cerrar los prostíbulos y a hacer cumplir la ley 12.331. Sin embargo, luego de la mega denuncia de los 613 prostíbulos, la mayoría sigue funcionando y no hay procesados, ni condenados por estos delitos en la Capital Federal.
Tanto en el caso de los prostíbulos como de los talleres clandestinos hemos detectado un accionar conjunto de los Controladores de Faltas del Ministerio de Justicia de la Ciudad y la Policía para facilitar la rápida reapertura de estos locales sin que se hayan subsanado los problemas que derivaron en su clausura. El Gobierno de la Ciudad es complaciente respecto de esta actividad. La prueba más evidente de ello es que ha penalizado la prostitución que se ejerce a título individual en la calle por medio del Código Contravencional mientras que los legisladores y funcionarios porteños hacen la vista gorda frente a la desvirtuación de los rubros de habilitación de los locales en lo que se ejerce encubierta o descaradamente la prostitución en violación a la ley 12.331 y su reglamentación.
Fuente: Coopreativa La Alameda
