La Defensoría porteña recomendó posponer para julio la puesta en marcha del voto electrónico
A raíz de la falta de información de los votantes porteños sobre la implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se realizarán el 26 de abril, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor elevó a la Legislatura porteña una serie de recomendaciones para que la nueva tecnología “sea conocida previamente de forma tal que el electorado acepte, confíe y le brinde legitimidad al proceso democrático”.
En su informe, Amor sostiene que “el voto es un derecho. Todos los ciudadanos, absolutamente todos, los que potencialmente participen en un proceso electoral deben contar con los elementos claros y precisos, para que cuando emitan el voto, éste refleje la verdadera voluntad del ciudadano en plena libertad y conocimiento”.
El cambio de un sistema de más de cien años de boleta de papel “no garantiza la inmediata agilidad y rapidez del voto ni del escrutinio. Tampoco por la inexistente información con la que hoy cuenta la ciudadanía sobre la BUE, la confianza y seguridad de quien va a votar en el sistema”.
Por lo tanto, sostiene el Defensor del Pueblo, “el Estado debe ser el garante para lograr la plena y total información a los ciudadanos, para que la BUE sea conocida, aceptada, y de simple práctica, para la absoluta garantía de transparencia y de fortalecimiento del sistema democrático”.
Teniendo en cuenta que el procedimiento para ejercer el voto a través de la BUE requiere cierta familiaridad en la interacción con la pantalla táctil, además de la visualización en pantalla de la oferta electoral, la capacitación es central para que la emisión del voto ciudadano se presente sin obstáculos brindando al elector mejores condiciones para elegir su candidato. Por ello, Amor formuló una serie de recomendaciones, a saber:
1) Realizar las evaluaciones pertinentes con simulaciones y/o pruebas pilotos que permitan la familiarización de todos aquellos que participen en el proceso electoral; y en especial del ciudadano. La experiencia de la provincia de Salta muestra que es fundamental incorporar al electorado en forma paulatina para que conozca la nueva tecnología de forma tal que acepten, confíen y le brinden legitimidad al proceso.
2) En caso de no aplicarse esta nueva tecnología en las próximas elecciones, podría aprovecharse la oportunidad para desarrollar la primera experiencia de capacitación masiva en el uso de las nuevas máquinas de emisión del sufragio.
3) Diseñar e implementar un plan estratégico de difusión y capacitación que contemple las necesidades de los diversos actores que forman parte del proceso:
Electores: los de mayor edad y los de menor nivel de instrucción son grupos de población que requieren estrategias focalizadas.
Las campañas masivas deben dirigirse a generar confianza y aceptación del conjunto del cuerpo electoral, en este sentido deberían realizarse acciones como:
-Solicitar al Ministerio de Educación un programa de capacitación en las escuelas secundarias y terciarias.
-Acordar con la Universidad de Buenos Aires que realice actividades de capacitación y utilice esta tecnología en las elecciones que se realicen en su ámbito de incumbencia.
-Acordar con los consejos profesionales y asociaciones sindicales programas de difusión y capacitación.
-Enviar un instructivo sobre cómo se utilizan las máquinas de votación, por medio del sistema de entrega del ABL, a todos los vecinos domiciliados en la CABA.
-Convocar institucionalmente a los partidos para construir el ámbito político de capacitación, en consenso.
-Convocar a los medios de comunicación, en sus diversos soportes, para brindarles toda la información sobre la emisión electrónica de los votos con videos, aplicaciones digitales, instructivos en papel, etcétera.
Autoridades de mesa y delegados judiciales: apoyar y coordinar con la autoridad de aplicación (Tribunal Superior de Justicia) la capacitación de los mismos.
Partidos políticos: colaborar en la formación de fiscales partidarios.
4) Propiciar espacios de trabajo y debate con los partidos políticos, la autoridad de aplicación y otros actores locales y nacionales, que apoyen y promuevan la transparencia y confianza en el nuevo sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo.
5) Recomendar a la Legislatura, que en razón de los plazos, se aborde la situación legal, frente a la imposibilidad practica de aplicación inmediata de la normativa vigente, considerando la potencial aplicación del Código Electoral Nacional actual.
Descargar el informe completo aquí
