Estrategias para enfrentar el Tarifazo: qué pasa y qué hacer
La Asamblea Juan B. Justo y Corrientes junto al Colectivo Barrial Parque Chas convocan a los vecinos de la Comuna 15, a un encuentro a realizarse el sábado 25 de junio a las 17 en el Club SABER, Llerena 2727.
En momentos en que el señor Juan José Aranguren, ministro de Energía de la Nación declara sobre su gestión “que se está aprendiendo sobre la marcha”; millones de usuarios de los servicios públicos del país están recurriendo a los defensores del pueblo de cada provincia para frenar el aumento desmedido de las tarifas de luz, gas y agua.
Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires informó que la defensoría sigue recibiendo presentaciones de consorcios y de clubes contra el tarifazo: “Con las presentaciones que nos traen en general hacemos un relevamiento socioeconómico si es necesario, y lo firma un profesional de la defensoría, un asistente social y se presenta ante el Ministerio de Energía, donde en general es aceptado el acceso a la tarifa social”, explicó, y advirtió que ya llegaron a sus manos más de 40 mil pedidos.
El titular de la Defensoría porteña presentó ya había presentado un amparo para frenar el aumento de tarifas en los clubes de barrio.
El pedido se funda en que los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, que no solo contribuyen a la práctica del deporte y la recreación, sino que además cumplen una trascendente función social, de compromiso con los barrios y sus vecinos. Por eso, el recurso solicita que se ordene como medida cautelar urgente que:
a) se suspendan los efectos de las Resoluciones n° 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Resolución ENRE 1/2016 y
b) se ordene a las empresas EDENOR SA y EDESUR SA:
1) liquidar las facturas emitidas, y que se emitan en un futuro, a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones referidas;
2) se abstengan de efectuar cortes en el suministro del servicio por la falta de pago de dichas facturas y de aplicar incrementos tarifarios basados en la variabilidad del consumo anual en períodos comparados;
3) para el caso de que los aumentos facturados se hubiesen abonado a la fecha de interposición de la presente litis, sus importes se tengan por pago a cuenta, reintegrándose su monto en las futuras facturaciones hasta su total compensación; y
4) restablecer el servicio a las entidades de bien público a las que se le ha suspendido el suministro como consecuencia de la aplicación del cuadro tarifario establecido por las resoluciones citadas.
Defensores del Pueblo de todo el país se reunieron con Aranguren
La reunión estuvo encabezada por el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Alejandro Amor, junto a 23 Defensores del Pueblo de todo el país.
El encuentro sirvió para plantearle a Aranguren la difícil situación que atraviesan las distintas provincias luego de los incrementos producidos en las tarifas de los servicios públicos, y solicitarle la ampliación de la Tarifa Social a todas las entidades sin fines de lucro, clubes de barrio y personas que la necesitan.
Durante la reunión se le entregó un petitorio al Ministro de Energía en el que transmiten su «más profunda preocupación por el significativo impacto que han generado los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, aguas y saneamiento y gas natural), que han afectado no sólo a los hogares y a los usuarios residenciales, sino también a los clubes de barrio, entidades de bien público en general, medianas y pequeñas empresas y pequeños comercios».
Asimismo, subrayan que «los servicios públicos domiciliarios son servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar para atender necesidades sociales básicas y elementales, ya sea por empresas públicas o mediante concesionarias privadas controladas por organismos estatales. Bajo cualquier modalidad, la prestación de estos servicios públicos esenciales procura entonces la satisfacción de derechos estrechamente vinculados con la realización de los derechos humanos: alimentación, salud, eliminación de la pobreza y el desarrollo de una vida digna. Por consiguiente, las tarifas de estos servicios deben ser justas y razonables, tal como lo disponen las leyes respectivas y la jurisprudencia en la materia».
Por ello, le solicitaron:
-Adoptar las medidas necesarias tendientes una profunda revisión de los cuadros tarifarios aplicados, convocando a una audiencia pública en todo de acuerdo con lo establecido en el art. 42 CN, readaptándolos a criterios de razonabilidad y justicia, para que la adecuación tarifaria que se pregona sea verdaderamente gradual y progresiva, sin que ello afecte los derechos fundamentales de los usuarios a recibir servicios de públicos indispensables para el desarrollo de una vida digna.
-Ampliar los requisitos para el acceso a la tarifa social en cada uno de los servicios públicos -tal como ya lo hemos peticionado en otras oportunidades- procurando criterios de admisión flexibles y no taxativos, que les permita ser incluidos a todos aquellos que lo necesitan.
-Implementar mecanismos ágiles, eficientes y accesibles, tanto en las empresas prestatarias como en los entes reguladores respectivos, que faciliten las peticiones de los usuarios dirigidas a acceder a los beneficios de la tarifa social.
-Instruir a las empresas prestatarias y a los entes respectivos a adoptar medidas dirigidas a evitar el corte o interrupción total del suministro de los servicios por falta de pago, debiéndose contemplar otras medidas alternativas para todos aquellos usuarios/as que no puedan afrontar los incrementos establecidos en los nuevos cuadros tarifarios.
-Implementar de manera urgente el régimen tarifario específico para las entidades de bien público, previsto en la Ley nacional 27.218, para que todas las entidades comprendidas puedan acceder a dicho beneficio, debiéndose adoptar medidas urgentes para evitar el corte o interrupción del suministro de los servicios públicos en dichas entidades, hasta tanto no se aplique la mencionada ley.
Amor consideró como «positiva» la reunión que mantuvo junto a sus pares de todo el país con el Ministro de Energía Aranguren porque se pudo plantear la situación de cada provincia, aunque el funcionario nacional no dio respuestas concretas sino que prometió «evaluar los reclamos».
«Vinimos a pedirle al ministro que se empiecen a realizar audiencias públicas, tal como está previsto en el artículo 42 de la Constitución, para que la sociedad conozca cuál es el cuadro tarifario. También pedimos la revisión de ese cuadro y la ampliación de la tarifa social», explicó el Defensor y consideró que «el gobierno debe contemplar a los más necesitados, como Pymes o clubes de barrio, que quieren pagar pero no pueden».
Portal de Parque Chas/Defensoría porteña
