NOTA DE OPINIÓN

¿Qué se está haciendo respecto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires?

Desde 1 de octubre de 1996 y durante el término de cuatro años el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires debió implementar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la descentralización del gobierno central.

Por Osvaldo Buscaya*



¿Lo que produce el Estado de Derecho es una obra trasnochada como el tejido de Penélope, que cada día debe ser recomenzado?

¿Significaría que “lo verdadero mismo no puede ser conocido”, sino que es aquello que dejan surgir “del entusiasmo” y es así que se gobernaría bajo el amparo de una constitución de la CABA que no se respeta y desprecia, pero que ampara para llegar al legislativo de la Nación donde cronológicamente se cobra la dieta?

¿De acuerdo con ésta “representación” el Estado de Derecho es abandonado a la contingencia subjetiva de la opinión y el arbitrio de los integrantes de la Corporación Política en el Poder Publico de turno, que en ésta época más que nunca, tienen en la boca las palabras vecino o ciudadano?

¿Qué se ha hecho en los poderes de la Nación, sobre éste desorden institucional que provoca lo desarticulado de la ley nacional 24588, sancionada el 8 de noviembre de 1995 y promulgada el 27 de noviembre de 1995, que indicaría que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dada el primero del mes de octubre del año 1996, sería presuntamente ilegítima?

La ciudadanía en general no esta obligada a ser experta en la temática institucional y debe partir del supuesto que las leyes no son inconstitucionales; ni siquiera analizar articulo por articulo como lo haría un académico, por lo tanto la Ley 24588, que es una exigencia del articulo 129º de la Constitución Nacional por su 2do párrafo (Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación) no se debería derogar. Sin embargo si los “representantes” habrían hecha efectiva la “decisión política” de yugular la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, con el articulado de la Ley 24588 para su conveniencia y oportunismo, han utilizado el Congreso de la Nación para una actividad irregular, con lo cual desde 1996 a la fecha la ciudadanía porteña es victima de un fraude y un grave perjuicio muy complejo de evaluar.

Para la ciudadanía en general, que no esta obligada a ser experta y/o académica en materia institucional, la ley 24588 tiene por finalidad excluyente garantizar los intereses de la Nación en un Estado Federal como la CABA y su interpretación independientemente de las consideraciones modificatorias realizadas nos presenta dos aspectos absurdos si; Primero: Se entiende que las facultades otorgadas por la Constitución Nacional se consideran competencias de la Nación estamos ante una contundente inconstitucionalidad, atento los Artículos 8º y 10º de la Constitución de la CABA: Segundo: Si se considera que el Estado de la CABA se encuentra aún en proceso de formación, desde el ángulo constitucional, es un absurdo debido a que los artículos de la Constitución porteña que le garantizan su autonomía no son cláusulas transitorias.

Es la Nación justamente quién no puede claudicar de su finalidad excluyente, de garantizar los intereses de un Estado Federal como la CABA con la ley 24588. Porque es precisamente la real interpretación de la ley 24588, que tiene por finalidad excluyente garantizar los intereses de la Nación en un Estado Federal como la CABA. ¿Qué es garantizar los intereses de la Nación en un Estado Federal? Todo lo contrario de un Estado Nacional Unitario. Es incongruente pretender traspasar a la Ciudad las competencias que le son propias y están en la esfera de la Nación, porque ya es propio de la Ciudad pero a cargo de la Nación su costo presupuestario porque desdibujaría su autonomía que exige resguardar, el artículo 129º de la Constitución Nacional.

Los medios de información registran, que el Presupuesto generoso de la Legislatura porteña, que ronda los $ 200 millones para este año -una vez que se ajusten las partidas modificadas en el recinto, ya que originalmente se destinaban $ 239 millones- pareció animar a las diputadas y los diputados a extender las actividades de la casa y generar nuevas comisiones, que éste año llegarían a 31; es decir que la mitad más uno de los legisladores tendrá una comisión a su cargo, que requiere por lo menos de dos cargos clave, un gasto mínimo de $ 120.000 anuales, a lo que se suma el personal administrativo y planteles de asesores, imprescindibles.

Sería más responsable que se dedicaran a cumplir con el mandato constitucional.

Desde 1 de octubre de 1996 y durante el término de cuatro años el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires debió implementar los mecanismos necesarios para llevar a cabo la descentralización del gobierno central. Sin embargo la Corporación Política en el Poder Publico hizo, todo lo contrario, creó los Centros de Gestión y Participación para evitar el real control de la gestión gubernamental y éste gravísimo incumplimiento institucional, en un Estado con la debida garantía judicial, hubiese provocado el juzgamiento de los responsables, pero el Poder Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad parecieran estar acorde en ésta sintonía cómplice de incumplimiento institucional. Es decir proseguir gobernando de facto.

La descentralización es una razón de Estado y la actuación irresponsable de quienes gobernaron, y gobiernan ejemplifican lo más contundente de la impunidad y con ésta seguridad basada, en la impunidad, la vieja política va logrando su objetivo afirmando a la corporación y así pasa el tiempo con el “renovado” maquillaje de los cuadros del ejecutivo, legislativo y judicial para su causa común, “cambiar para que nada cambie”.

Reiteraremos que la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, organizaciones vecinales, vecinas y vecinos para el tratamiento del proceso de transición a las Comunas, debe considerar:

1) Que se habrían diluido sin el debido control las partidas asignadas al ejecutivo porteño durante años ignorando el destino del dinero de los contribuyentes;

2) Que es necesario aplicar lo que contempla la constitución porteña pedido de informes, etc. a quien o quienes corresponda;

3) Que no existe ninguna mención por parte del actual Ejecutivo porteño, en los medios, del proceso de transición a las Comunas;

4) Que la Constitución de la Ciudad indica que “Las Comunas son” y lejos de rendir un informe de lo realizado durante tantos años, ejecutivo y legislativo porteño, no deben limitarse a una expresión de buenos deseos como si estuviesen “vacacionando” ajenos al cargo gubernamental;

5) Que esta metodología irregular donde nada explican, indicaría que el año 2009, sería otra frustración;

6) Que independientemente de no apartarnos sobre la revisión de cómo se utilizó el dinero de la Ciudad en el área de Descentralización en todos sus periodos con sus presupuestos aprobados, la Comisión Bipartita debe hacer un seguimiento directo y paso a paso del ejecutivo porteño de cómo gasta lo destinado a todas las áreas de la Ciudad y de cuánto es, y saber cuál es el estado de las licitaciones desarrolladas actualmente en varios ministerios, como Medio Ambiente, Espacio Público, Salud, Educación, etc., Corporación del Sur, que afectan competencias exclusivas y concurrentes de las comunas;

7) Que la Democracia Participativa exige que los funcionarios hagan transparente sus procedimientos y la Comisión Bipartita no debe ser cómplice de la, presunta, irregular disposición de los fondos públicos;

8) Que asistimos año tras año, a una dilación inconstitucional sin conocer el destino de los fondos públicos y sin hilar muy fino nos preguntamos que pasa en salud, educación, seguridad, etc. ¿Que pasó con los 200 millones de pesos, en que el Gobierno de la Ciudad presentó el plan de Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras 2006-2010 con un contrato por cuatro años?

Debe desistir la corporación política en su tarea de distracción, que nos desilusiona, nos agota y nos enfrenta mientras tanto, sus integrantes, se unen aparentando, diferencias públicamente, pero llegados al poder están desaparecen y se amalgaman con un objetivo común que los une solidamente. Hacer desaparecer la democracia participativa.

La real oposición somos las vecinas y los vecinos participativos no partidarios, quienes no cobramos sueldos como los que usurpan el poder. Es esencial sumarnos para lograr la masa crítica de la nueva política.

Cualquiera que se mantenga fiel al principio de que los juicios de la nueva política no deben sufrir la influencia de las actitudes convenientes a la Corporación Política en el Poder Publico, a través de sus “representantes”, habrá de reconocer en la orientación participativa de quienes integramos Ciudadanos Grupo Uno un alto interés democrático; viendo en las resistencias opuestas a Ciudadanos Grupo Uno una nueva prueba de sus afirmaciones.

El objetivo es afirmar la autonomía y la organización de las instituciones en una democracia participativa fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la Justicia y los derechos humanos.




*Vecino Integrante de la Comisión Bipartita de Control y Seguimiento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires