A 11 años del primer «Ni Una Menos»: masiva movilización al Congreso ante una alta cifra de femicidios y el desmantelamiento de políticas públicas
En 2015, se realizó la primera marcha masiva bajo la consigna «Ni Una Menos». Organizaciones feministas, sociales y de la diversidad sexual vuelven a copar las calles de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria central se concentra frente al Congreso de la Nación a las 17 h, para repudiar la violencia machista, denunciar el impacto del ajuste económico sobre las mujeres y disidencias, y exigir respuestas urgentes ante el desmantelamiento de los dispositivos estatales de prevención y asistencia.
En el marco de la jornada, el observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) presentó un informe especial con una estadística desgarradora: entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026, se cometieron 3.096 femicidios en la Argentina. Desde la organización señalaron que los recientes casos de Agostina en Córdoba y de Dulce María en Misiones no constituyen hechos aislados, sino que representan la consecuencia directa de una justicia ciega y de la profunda ausencia de políticas de prevención y acompañamiento para niñas y adolescentes.
Al respecto, la vocera nacional de MuMaLá, Victoria Aguirre, recordó que el femicidio de la adolescente Chiara Páez en Santa Fe fue el detonante de la primera convocatoria en 2015, pero advirtió que la situación actual es aún más grave debido a que las víctimas no cesan y las herramientas del Estado son casi inexistentes. Aguirre criticó con dureza el accionar judicial, afirmando que liberar a un agresor que ya contaba con denuncias previas por intento de femicidio equivale a firmar una sentencia de muerte anticipada.
Los datos relevados por el registro nacional en lo que va del año exponen la gravedad de la situación, con 105 femicidios consumados —lo que equivale a una muerte violenta cada 35 horas— y 420 intentos de femicidio. Asimismo, el informe de MuMaLá encendió las alarmas respecto a las severas dificultades en el acceso a la justicia, registrando el piso histórico de denuncias previas, ya que solo el 9% de las víctimas de este año había denunciado a su agresor, frente al promedio del 17% sostenido durante la última década. Este descenso se atribuye a que las mujeres no acuden a las instituciones por no sentirse escuchadas.
A la falta de confianza institucional se suma una ineficacia del 75% en el control de las medidas de protección: de la minoría de mujeres que sí logró radicar una denuncia este año, tres de cada cuatro contaban con una orden de restricción o perimetral activa que el Estado no controló. Además, el monitoreo judicial reveló un 10% de reincidentes libres, lo que significa que uno de cada diez femicidas de 2026 registraba antecedentes penales por violencia de género con parejas anteriores, un factor de riesgo que fue omitido por el Poder Judicial.
Por su parte, desde el medio de comunicación feminista LatFem sumaron su voz de alerta ante la necesidad de sostener la ocupación de las calles mientras continúen los femicidios, transfemicidios y lesbicidios. Activistas del sector manifestaron su rechazo a los discursos oficiales que niegan o minimizan la problemática, señalando que, según sus registros, en Argentina ocurre un femicidio cada 31 horas. Desde el colectivo remarcaron que la permanencia en el espacio público busca defender las políticas destinadas a abordar las violencias de género y exigir que este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir.
La movilización se realizará con la presencia de varias organizaciones y colectivos feministas entre las que participará MuMaLá y el movimiento Libres y Diverses dedicado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ frente a la discriminación. Se aunaran reclamos históricos y coyunturales. Las principales consignas de la jornada se centrarán en el rechazo al ajuste económico y a la violencia machista, bajo la premisa de que tanto el machismo como la pobreza vulneran activamente las vidas de las mujeres y las disidencias.
Entre las demandas formales que se presentarán ante las autoridades de los distintos niveles del Estado se destacan la restitución inmediata de los recursos presupuestarios para el sector, la sanción efectiva de los discursos de odio y negacionismos de género, y la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género para frenar la escalada de la problemática en todo el territorio nacional.
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