Accesibilidad: La Ley 962 no está garantizada en plazas, parques y museos de la Ciudad
Un informe reciente de la Auditoría de la Ciudad (AGCBA), alerta sobre la falta de programas presupuestarios en este sentido. Rampas mal construidas, falta de señalización y dificultad para acercarse a monumentos históricos son algunas de las observaciones.
La Ley 962, sancionada en 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporó al Código de Edificación los principios de “Accesibilidad Física para Todos”, en línea con normas nacionales previas como la Ley 22.431. Su objetivo es garantizar que edificios públicos, plazas, parques y vías peatonales estén diseñados o adaptados para que cualquier persona, incluyendo aquella que tiene alguna discapacidad, pueda desplazarse en condiciones de seguridad, autonomía y dignidad.
Sin embargo, la norma exceptúa a los museos protegidos por la Ley Nacional 12.665 (que establece la creación de la Comisión Nacional de Museos y la protección de monumentos históricos), debido a su valor patrimonial y antigüedad edilicia. Esto significa que estos edificios no están obligados a cumplir con los criterios técnicos establecidos en la Ley 962. El Portal elauditor.info ya había dado cuenta de dificultades de acceso a determinados museos.
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló falencias en la implementación de políticas de accesibilidad física en galerías históricas y en plazas, parques y espacios peatonales de la Ciudad durante 2023.
Aunque la Ley 962 exceptúa a los museos protegidos por la 12.665, el informe advierte que esa excepción no exime a la Ciudad de garantizar la accesibilidad en dichos edificios, ni de generar un marco normativo específico que la regule.
La AGCBA dejó en claro que “desde la fecha de puesta en vigencia de la Ley 962 hasta el período auditado, la autoridad de aplicación no dictó normas respecto a la atención de la accesibilidad física para todos en los edificios existentes de los museos exceptuados”.
Al no contar con un régimen propio para museos excluidos de la Ley 962, las intervenciones en materia de accesibilidad se realizaron sin respaldo legal concreto y únicamente guiadas por “criterios proyectuales necesarios” definidos por cada proyecto.
Según la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, estos criterios buscan “no afectar al edificio en cuestión”, y cada obra requiere la aprobación de un Consejo Asesor para preservar el valor patrimonial. Sin embargo, esta modalidad no justifica la ausencia de una normativa técnica clara ni garantiza estándares mínimos de inclusión universal.
A esto se suma la falta de previsión en términos de partidas puntuales para atender obras de accesibilidad. De acuerdo con la información recabada por la AGCBA, “no se cuenta con programas presupuestarios vigentes específicos, destinados a la accesibilidad física en los museos”, y los gastos se canalizan a través de programas generales como “Administración de Patrimonio, Museos y Casco Histórico” o “Comunicación de la Cultura en Museos”.
El informe también destaca la inexistencia de acuerdos o convenios entre Nación y Ciudad que establezcan mecanismos de cooperación en la gestión de estos ámbitos.
En el caso de los espacios verdes, la Auditoría examinó el cumplimiento de los estándares de accesibilidad física en ocho plazas de alto tránsito ubicadas en distintos puntos de la Ciudad. El resultado mostró que 44 de las 45 rampas relevadas no cumplían con la normativa vigente, ya sea por dimensiones inadecuadas, desplazamientos respecto de las sendas peatonales o falta de señalización y continuidad en el recorrido. La restante se encontraba en reparación.
Además, se detectaron obstáculos físicos que interrumpen la accesibilidad y generan entornos inseguros para personas con discapacidad. En Plaza Congreso, por ejemplo, el informe da cuenta de “un vado desplazado de la senda peatonal por existencia de un semáforo”, falta de señalización vertical para el aviso de cruce peatonal y rampas opuestas sin alineación.
También se observó la ausencia de caminos accesibles para llegar a monumentos y otros puntos de interés dentro del parque: “No tiene construidos senderos secundarios que permitan acceder o acercarse al Monumento a Balbín”, ejemplifica el informe.
Más allá de los errores puntuales en obras ya ejecutadas, la AGCBA señaló un problema estructural: la dispersión de responsabilidades dentro del Gobierno porteño. A lo largo de su trabajo, el organismo debió consultar a distintas Direcciones y Subsecretarías para determinar cuál era el área competente en cada espacio.
Tras varias consultas, dieron con que los espacios verdes incluidos en la muestra estaban bajo la órbita de la Dirección General de Conservación del Paisaje Urbano, pero “no posee ningún programa presupuestario específico en relación a la accesibilidad física para todos en espacios públicos, plazas y parques de la Ciudad”.
Fuente consultada: elauditor.info
