2018: Otro año de desmantelamiento de la Educación Pública. La agenda futura

El año 2018 culmina con un fenómeno inédito: a contrapelo de la tradición de apertura y expansión del sistema educativo argentino, el gobierno de la Alianza Cambiemos cierra instituciones educativas. La decisión más reciente afectó a las catorce escuelas comerciales y cursos de nueve liceos y bachilleratos nocturnos de CABA (Resolución 4055/2018). 

Por Javier Moscoso*

Durante este año se produjeron entre otros fenómenos el cierre de Institutos de Formación Docente de Jujuy y de carreras de formación docente en Mendoza y Provincia de Buenos Aires,  los intentos de cerrar escuelas rurales y de islas así como de 29 Institutos en CABA, que fueron frustrados por la resistencia de las comunidades educativas. Esta situación también afecta a instituciones deportivas y clubes e instituciones de salud pública, hecho que conlleva no solo la disminución de esos servicios públicos sino el despido de trabajadores y la venta parcial o total en algunos casos de los predios donde funcionan.

Introducción

La estrategia de concentración de la oferta educativa se
produce con el supuesto objetivo de la eficacia del gasto y responde a las
políticas de ajuste que el gobierno de Mauricio Macri viene implementando, con
especial celeridad a partir del acuerdo con el FMI. Se acompaña con la
contratación de fundaciones con insuficiente experticia y/o la directa
privatización de servicios hasta ahora brindados por el Estado. Revela un
profundo desconocimiento de la realidad, en especial de los sectores populares,
y desprecio por la educación pública.

Cambiemos ha fortalecido una idea de Estado evaluador, que se manifestó en 2018 en el intento de modificación del artículo 97 de la LEN que afecta a la publicación de datos, indicadores y resultados concernientes a toda investigación o evaluación educativa (Expte. 0183-D-2018) que mostró la intención de avanzar en la elaboración de rankings de escuelas.  En lugar de un Estado productor de conocimientos, se produce el desplazamiento de las universidades públicas (entre otras instituciones acreditadas) como interlocutoras de la política pública, y se recurre a fundaciones y ONG privadas, con el negocio que eso conlleva.

Un ejemplo evidente lo constituye la contratación por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de su Director de Escuelas
Sánchez Zinny (fundador de KUEPA y Edunexo) de la Fundación Enseña por
Argentina y de la Fundación Educere, decisión que supone la transferencia de recursos al sector privado y la tercerización de los servicios educativos que deberían ser garantizados por el Estado.

Otro rasgo de las políticas del gobierno durante el 2018 ha
sido que las decisiones se toman a espaldas de comunidades educativas,
docentes, organismos gremiales, especialistas, sin la búsqueda de
consensos.  Un caso emblemático ha sido la creación de UNICABA, impulsada por la Ministra Soledad Acuña, que fuera aprobada solo con los votos de Cambiemos, sin el apoyo de otras fuerzas políticas y en el marco de una amplia movilización de oposición de la comunidad educativa. Una muestra más ha sido la ofensiva del Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro contra los sindicatos docentes y el ataque sistemático a
la CTERA, acusada alternativamente de “gremio purista”, “burocracia sindical”, “partido político”. Ese ataque dejó en claro que el gobierno desconoce los derechos de lxs trabajadorxs, incumpliendo con lo establecido en el art. 10 de la Ley de Financiamiento Educativo en lo que respecta a la paritaria nacional docente.  A todo ello se suma la
instalación de un clima persecutorio y represivo en el sistema educativo
público, en algunos distritos del país, a partir del hostigamiento a docentes, estudiantes y dirigentes gremiales, la inhibición de la expresión pública de las disidencias, el armado de causas penales, la presencia de la policía en establecimientos educativos.

Para cerrar el año la aprobación en el Congreso del Presupuesto 2019 revela los alcances del acuerdo de ajuste fiscal firmado con el Fondo Monetario Internacional. La educación pierde participación en el presupuesto nacional de 7,1% en 2018 a 5,5% en 2019. Si este año se caracterizó por numerosos recortes y subejecución de partidas presupuestarias aprobadas, así como el desmantelamiento de Programas Nacionales (Conectar Igualdad) y la reducción al mínimo de otros (Progresar), el 2019 profundizará más aún la asfixia de la educación pública y del sistema educativo en su conjunto. El Presupuesto 2019 establece recortes brutales en educación (en fortalecimiento edilicio de jardines, infraestructura y equipamiento, acciones de formación docente, plan nacional digital, políticas socioeducativas, etc.) y aumenta de
manera exponencial partidas destinadas a la tercerización, que serán de
utilidad política en un año electoral.

El ajuste del presupuesto para las Universidades, así como para el sector Ciencia y Técnica, profundizará la situación crítica de las instituciones. Luego del cierre del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva y su conversión en Secretaria, culmina el año con fuertes restricciones para el CONICET, que se encontraría en default, con graves consecuencias para la continuidad de funcionamiento de institutos de investigación.  La tendencia a la privatización de servicios brindados por organismos como el INTI, corrobora la ausencia de un modelo científico que impulse un proyecto de desarrollo nacional.

Algunas evidencias del grave retroceso educativo

-La desestructuración de la formación docente

Las políticas de formación docente han sido una de las prioridades de este gobierno. Los dos argumentos que sustentaron el rumbo de las decisiones fueron una excesiva cantidad de institutos (más de 1000 en todo el país) y la baja calidad de los mismos, justificada por los resultados en las pruebas PISA y el Operativo Enseñar. Las medidas tomadas fueron entonces evaluar, precarizar la oferta formativa, el trabajo docente y las expectativas estudiantiles, con diverso tipo de acciones en distintas provincias (Jujuy, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Córdoba, etc.) que deben ser analizadas en su proyección. En este contexto, la pretensión de inaugurar “algo nuevo”, excede las prerrogativas de todo gobierno de planificar la oferta educativa, para
indicar en cambio tendencias de ajuste del sistema educativo con el consecuente impacto en la inestabilidad laboral de docentes y la pretensión de instalar un nuevo paradigma de formación docente. Un caso paradigmático ha sido la creación de UNICABA, planteada inicialmente como propuesta “novedosa” de una universidad de formación docente, que incluía el cierre de institutos de la ciudad.

El año culmina con la reinstalación de una vieja política de los años noventa: la creación de un Sistema de Acreditación de la Calidad de la
Formación Docente para todas las instituciones formadoras del país que no sean universitarias. Se trata de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Formación Docente) (CNEAC) que estaría a cargo de la Secretaria de Evaluación, dejando al INFOD sin esa competencia que le había conferido la Ley de Educación Nacional. La reciente aprobación de este organismo por el Consejo Federal, que no reunió el requisito de apoyo de las ¾ partes de sus miembros, y que ha sido legalmente cuestionada por CTERA, evidencia una vez más los modos de construcción política del gobierno de que no busca consensos. Una mirada rápida al Presupuesto Nacional muestra que en el año 2015 se destinaron para Formación docente 984 millones de pesos y que para 2019 se
aprobaron 1087 millones (con una inflación calculada para el periodo en más del 150%). En cambio, para Evaluación educativa, el presupuesto pasa de 73 millones en 2015 a 559 millones para 2019. Toda una definición.

Reducir la problemática de la formación docente a la cantidad y asociarla a la calidad es un argumento conocido en la historia educativa
reciente que desconoce los múltiples factores que inciden en la mejora de la formación de futuros maestrxs y profesorxs, entre otros, los referidos a las condiciones de trabajo y a las políticas de reconocimiento hacia el sector docente. Supone que existe un único modelo a seguir cuando la experiencia de nuestro sistema educativo nacional y la de la región indican lo contrario. Pero sobre todo pretende una intervención fundacional y unilateral, que desconoce actores e ignora experiencias, saberes y conocimientos acumulados en nuestro sistema formador. Se trata de un modelo uniformizante y de un eficientismo aggiornado a pretendidas novedades que también se expresa en el plano curricular, donde las orientaciones ligadas con capacidades análogas a todos los niveles,
el énfasis en perspectivas banalizadas de las neurociencias y la inteligencia emocional, no hacen sino reducir la complejidad del proceso de formación a la formulación de un conjunto de desempeños técnicos para la formación docente y avanzar en evaluaciones de terminalidad con ese enfoque, eliminando la perspectiva pedagógica inherente a todo trabajo formativo.

– El abandono de la educación inicial

La educación inicial fue desde el 2015, una bandera del
discurso oficialista para ajustar el gasto en otras áreas estatales en función
de darle la prioridad a lxs más pequeñxs. Se anunciaba la futura creación de
3000 jardines de infantes, de centros de atención de primera infancia en todo
el país, e incluso la posibilidad de ampliación de la obligatoriedad del Nivel
Inicial a partir de los tres años. Nada de eso aconteció. Las inversiones
presupuestarias prometidas no se concretaron. Por el contrario, el presupuesto
educativo para el 2019 prevé un recorte de 68 millones en infraestructura y en
políticas dedicadas a la primera infancia.

Los efectos del aumento de la pobreza y la indigencia tienen
un correlato traumático en la población infantil de nuestro país en una
sociedad atravesada por el crecimiento de las desigualdades sociales. Escenas
que parecían superadas retornan, la mendicidad y la explotación infantil en el
campo y la ciudad, la discontinuidad de la asistencia a clase por efecto de la
exclusión, el aumento de la necesidad de cupos en los comedores escolares donde
reciben la única ingesta diaria. Los relatos docentes, sobre todo en los
cordones que rodean las grandes ciudades y en los barrios más segregados de la
Ciudad de Buenos Aires, presentan un escenario en el cual la infantilización de
la pobreza asume una gravedad inusitada.

La Asignación Universal por Hijo perdió más de 20 puntos de poder adquisitivo y la ausencia de una necesaria protección económica afecta el bienestar familiar, el acceso a la escolarización e impacta en el crecimiento del trabajo infantil. Por tanto, no existen políticas de infancia que permitan garantizar la soberanía alimentaria, el acceso universal a la educación temprana, a la salud pública, y a todos aquellos derechos que le son reconocidos por la legislación nacional e internacional vigente.

A modo de ejemplo, la falta de decenas de miles y miles vacantes para acceder al Nivel Inicial da cuenta de la magnitud de la deuda pendiente.  A ello se le suma el cierre de salas maternales, como en el caso de la escuela infantil del Hospital Ramos Mejía, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. O
su desplazamiento a formas institucionales más precarias que adolecen del
personal formado y especializado, degradando las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, en un clima de temor y sanciones a docentes por la
utilización de un lenguaje inclusivo o la referencia a fenómenos de la realidad social y política, se aprueban en algunas jurisdicciones cambios curriculares sin participación de las y los docentes. Tal como lo señalamos con relación a la formación docente, ingresan perspectivas vinculadas a la educación emocional centradas en aprendizajes instrumentales, con una profunda devaluación del juego, y la formación por competencias. Bajo la retórica de la renovación, se desconoce la historia del Nivel Inicial y la experiencia pedagógica y didáctica
acumulada en nuestro sistema educativo.

-La tragedia de Moreno y la situación escolar

La comunidad educativa de Moreno improvisa aulas en parques
frente a la falta de respuestas del Gobierno de la Provincia

El jueves 2 de agosto de 2018, por la explosión de una estufa en la escuela 49 de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, murieron la
vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. No fue un
accidente, no fue un hecho aislado. Fue el resultado de la desidia, la
desinversión y la falta de respuestas que han sido y son decisión política de las máximas autoridades de esta provincia.

Este hecho doloroso dejó en evidencia algunos rasgos que asumen las políticas públicas en la Provincia de Buenos Aires y también, las movilizaciones populares.

El Estado no garantiza las condiciones mínimas para el
funcionamiento de las instituciones educativas. Docentes, familias,
organizaciones sindicales y sociales fueron articulándose para exigir edificios escolares seguros para la asistencia de niños, niñas, jóvenes y docentes e impidieron el funcionamiento de las escuelas que no cumplieran con estas condiciones. Se gestó una pueblada pacífica que acompañando el dolor, pugnó por evitar que la precariedad se naturalice y generó contenciones allí donde el Estado está ausente. Marchas, acampes, murales, fueron expresiones de una red que se fue conformando en torno al reclamo por una educación pública en condiciones dignas.

Luego de la tragedia, lejos de hacerse presente el Estado
provincial consolidó su retiro. Sin clases en la mayoría de las escuelas de Moreno porque no tenían las condiciones de infraestructura para funcionar, las autoridades provinciales no estuvieron a la altura de las circunstancias; no se diseñaron dispositivos de contención ante el desamparo que producía corroborar que niños, niñas y docentes asistieron cotidianamente a establecimientos en los cuales sus vidas estaban en riesgo por la falta de condiciones para enseñar y aprender; no se generaron desde estrategias para garantizar comida caliente en las escuelas o en los espacios supletorios donde se reunieron docentes con sus estudiantes. Las autoridades políticas no asumieron su responsabilidad ni dispusieron de las medidas imprescindibles para que las escuelas funcionaran adecuadamente y estos hechos no se repitieran nunca más. Por el contrario, hubo intentos de forzar el retorno a la actividad por la vía de presiones a directivos y docentes.

Al tiempo que el Estado provincial se desresponsabilizó,  poniendo el foco en el Consejo Escolar  intervenido por el
gobierno provincial desde octubre de 2017, y en inspectores de rangos
intermedios o en autoridades municipales, la gobernadora Vidal deslizó
sospechas sobre sabotajes, dejando entrever la posibilidad de que las víctimas hayan sido culpables de lo acontecido.

Sin embargo, aunque las escuelas no funcionaran regularmente, los y las docentes desplegaron estrategias para seguir enseñando. Se generaron diverso tipo de acciones para sostener la educación pública en las
veredas de las escuelas, en las plazas, recurriendo al uso de medios
electrónico, proveyendo fotocopias de materiales escolares, organizando
actividades alternativas junto con clubes e iglesias, con el único objetivo de mitigar la vulneración del derecho a la educación. Lograron, a fuerza de perseverar, la atención de las autoridades.

Nos preguntamos qué estará ocurriendo en otras jurisdicciones respecto del mantenimiento de los establecimientos escolares y las condiciones dignas para el trabajo de docentes y estudiantes. Esta política de restricción presupuestaria que se hace evidente en esta jurisdicción, es una medida de alcance general e impacta en distintos grados y tiempos en el resto de jurisdicciones provinciales, más aún en los casos en los cuales los déficits de infraestructura y equipamiento son comparativamente mayores y producto de los históricos desequilibrios regionales que las políticas estatales nacionales deberían compensar. Quizá la visibilidad y centralidad que históricamente tiene la provincia de Buenos Aires y CABA facilitan tornar de conocimiento público el proceso de deterioro que ocurre también en otros lugares, aunque éstos no sean noticia nacional.

-El debate público sobre la educación sexual integral

Después de movilizaciones históricas y la “casi” sanción de
la ley de legalización del aborto, asistimos a una notable proliferación de materiales audiovisuales, volantes y programas radiales y televisivos dirigidos con particular insistencia a distorsionar el sentido de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral (ESI).  Los afiches en vía pública que dicen “Con mis hijos no te metas”, los volantes que denuncian una supuesta intención de la ESI de empujar a niños, niñas y jóvenes
a diferentes prácticas genitales, los videos que, inclusive a partir del humor, alertan sobre una pretendida avanzada anti-educación familiar, tienden a presentar versiones parciales, falaces y engañosas acerca de los principios y los contenidos de la ESI. Y, sobre todo, intentando distorsionar el concepto de “género”.

Los fundamentos de esta campaña no representan una novedad
en el debate público. Se trata de una reedición de algunas tensiones producidas con anterioridad en el campo educativo (en 1995 y en 2004), saldadas en 2006 con la sanción de la ley 26150, que fuera complementada en 2009 con la Ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, en 2010 con la Ley de matrimonio igualitario y en 2012 con la Ley de identidad de género, entre otras.

El sentido general de la ESI es constituirse en una herramienta
para la ampliación y la garantía de derechos, en la lucha contra las violencias y por una vida vivible y disfrutable. En nuestro país, desde la Constitución de 1994, lxs niñxs y lxs adolescentes son sujetos de derecho y el estado es el garante. Es sabido, por ejemplo, que cerca del 80% de los casos de abuso infantil se perpetra dentro de la esfera doméstica, las familias tienen que dar cuenta frente al estado por la violencia o el abandono en que puedan haber incurrido. Y las escuelas han mostrado que son los espacios del Estado más adecuados y mejor
distribuidos territorialmente para cumplir con la tarea de promoción de derechos.

Es notable que el gobierno nacional, que dice pronunciarse “a favor” de la ESI, haya desfinanciado en 2016 y 2017 al Programa Nacional de
ESI, y que en 2018 haya colocado los esfuerzos en solo dos dimensiones de la misma: la prevención del embarazo en la adolescencia y la jornada anual “por la igualdad”, establecida en otra ley para que un día al año se trabaje sobre el tema de la violencia de género. Mientras tanto se redujo el financiamiento del ex Consejo Nacional de la Mujer (hoy Instituto).

Las demandas y expectativas que los debates sobre la legalización del aborto abrieron en la sociedad y se profundizaron en las escuelas solo pueden atenderse con un incremento considerable del presupuesto en
educación. Sin embargo, para 2019 solo se propone un ajuste feroz que pone en jaque las capacitaciones, la producción de materiales y la implementación de una ley que, en el marco de la creciente movilización de las mujeres, a todas luces es motivo de impugnación interesada por parte de sectores políticos ultraconservadores con creciente presencia en varios países de América Latina (http://generoeldocumental.com/es/).

Frente al 2019

A la caracterización que hemos realizado de las problemáticas de la formación docente, la educación inicial, la situación escolar de Moreno, y la educación sexual integral, podríamos sumar otras, presentes tanto en el nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones, donde es posible ver el efecto regresivo que producen las políticas de ajuste y
la retracción del Estado como garante del derecho a la educación. Pero el
balance del 2018 debe incluir también el reconocimiento del crecimiento de la organización y de la participación en la resistencia a estas políticas de innumerable cantidad de maestrxs, profesorxs y estudiantes, y también familias, ya sea de modo individual como a través de los órganos colectivos (sindicatos, organizaciones de estudiantes, federaciones, etc.). Resulta un hecho insoslayable y auspicioso, al que hay que continuar sumando pensamiento, acción y organización en todo el país.

Esa es nuestra apuesta para el 2019: multiplicar los ámbitos de encuentro, de reflexión y de acción para elaborar propuestas alternativas para una sociedad más igualitaria, donde se amplíen derechos y la educación pública sea un derecho al alcance de todxs.

Teresa Artieda, Alejandra Birigin, Sandra Carli, Adela
Coria, Myriam Feldfeber, Graciela Morgade, Marina Paulozzo, Roxana Perazza,
Patricia Redondo, Silvia Serra, Myriam Southwell, Sofía Thisted

*Conversaciones
necesarias