Vía libre para la construcción de 11 torres en un pulmón verde de La Paternal

El proyecto gubernamental, obtuvo en la Legislatura, 34 votos afirmativos del bloque Vamos Juntos contra 23 votos negativos de todas las bancadas opositoras. La iniciativa fija pautas para edificar en parcelas que ya son de dominio privado, cuyo 40% de superficie deberá destinarse al uso público, apertura de calles y veredas. Se desestimó un proyecto alternativo presentado por vecinos.

 

Amplios terrenos donde estaba el «Albergue Warnes» (derribado en 1991) serán edificados para uso residencial, comercial y de servicios, mientras que el parque que hoy existe en ese predio, conocido como La Isla de La Paternal, se mantendrá como espacio verde, público y abierto, pero delimitado y sometido a obras de remodelación.

 

Con la mayoría del oficialismo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que modifica normativas urbanísticas de una amplia superficie del barrio La Paternal – Comuna 15, catastralmente identificado como U29, previamente discutido en Audiencia Pública. El proyecto gubernamental obtuvo 34 votos afirmativos del bloque Vamos Juntos contra 23 votos negativos de todas las bancadas opositoras.

 

Lo debatido y votado en segunda lectura fue un despacho de mayoría de la Comisión de Planeamiento Urbano, que preside Victoria Roldán Méndez (VJ), en base a un proyecto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. En tanto, Javier Andrade (UC) presentó un despacho de minoría proponiendo el archivo del expediente.

 

Vecinos de La Paternal, Agronomía y Chacarita, así como de otros barrios de la Comuna 15, se manifestaron por la mantención del parque existente (tanto en la Audiencia Pública como ante la comisión legislativa) y pidieron limitar la altura de los edificios así como reconsiderar la ubicación de esas construcciones para que el gran pulmón verde no quede «encerrado» por torres de cemento. Al respecto, presentaron su PROYECTO ALTERNATIVO, que varios diputados opositores lo hicieron propio y tiene estado parlamentario en la comisión de Planeamiento Urbano, desde el 29 de marzo último.

En uno de los tramos del texto de la iniciativa presentada por los vecinos se señala: “Es en este marco que esperamos sea valorado nuestro proyecto de ley y la legitimidad del reclamo de revisar los lineamientos urbanísticos para el desarrollo del área que el Ejecutivo plantea en el convenio. Contamos con el apoyo de más de 4 mil vecinos que quieren seguir disfrutando del Parque sin torres. Si bien consideramos que el Parque debería mantenerse libre de toda construcción, exigimos que de construirse cualquier tipo de edificación, resulta indispensable que sean completamente resignificadas la distribución parcelaria y la altura habilitada, y refrendada por el convenio que impulsa el Gobierno de la Ciudad, para aminorar el impacto que las mismas tendrán sobre el Parque.”

 

 

Desde el oficialismo se aclaró que las afectaciones urbanísticas de las parcelas en cuestión, que son de propiedad privada, ya estaban definidas por Ordenanza del año 1997 (durante la gestión gubernamental de Fernando de la Rúa) y que la ley de ahora «mejora las condiciones para el entorno del barrio» y no aumenta la capacidad constructiva ni la altitud, explicó en el recinto la diputada Roldán Méndez. Su par Gonzalo Straface (VJ) también argumentó que la ley «viene a remediar y mejorar en forma sustantiva la normativa actual» y a generar «nuevos espacios verdes y públicos».

 

Por su parte, desde los bloques no oficialistas las críticas se centraron en la altitud permitida de los edificios, en la prevalencia de los intereses inmobiliarios por encima del aprovechamiento público de los espacios verdes y abiertos, así como se cuestionó el no haber dado participación a los vecinos del lugar ni haber prestado debida atención a sus demandas. Hablaron al respecto Javier Andrade (UC), Roy Cortina (PS), Sergio Abrevaya (Gen), Fernando Vilardo (AyL), Myriam Bregman (PTS), Gabriel Solano (FIT) y Laura Marrone (IS).

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“Sabemos que el privado que posee estas tierras puede construir torres de casi 50 metros de altura, habilitado por una norma que ya tiene varios años, pero la pregunta que nos hacemos es por qué lo hacen ahora, cuando pudieron haberlo hecho antes, en una ciudad que entre 2011 y 2016 se construyeron 1.4000 metros cuadrados”, manifestó Javier Andrade (UC).

 

Y luego agregó: “El proyecto habilita la posibilidad de contar con un zócalo comercial de 3.200 metros con una variedad muy amplia de usos para diferentes actividades económicas, con lo cual, es muy probable que la zona se sume al 70 por ciento de esos 1.400.000 metros cuadrados que mencioné, que corresponde a viviendas fastuosas, para convertir el lugar en una isla que van a disfrutar solo unos pocos”.

 

Andrade alertó también que “se eliminan los requerimientos estacionamiento y espacios para carga y descarga, que ahora quedan a criterio del ejecutivo” y que “el proyecto no cumple con la sección 4 del Código Urbanístico, que ordena ceder con escritura de dominio, entre el 25 y 30 por ciento de la superficie destinada a las calles, ya que las calles se levantarán dentro del predio del privado, y no serán dominio de la Ciudad”.

 

Lo tratado y aprobado en la sesión ordinaria refiere a una extensión de más de 9 hectáreas delimitada por las avenidas Constituyentes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala. Allí hoy todo ese espacio es verde, de uso público libre y abierto, excepto 4 parcelas que están cercadas por alambrados, que son de dominio privado y donde debían haberse desarrollado emprendimientos habitacionales nunca realizados.

 

También funciona dentro del gran perímetro un sector utilizado por una planta de tratamiento de residuos (que será erradicada) y otro sector donde funcionan la Escuela de educación media «Federico García Lorca» y un jardín maternal. En el medio, el extenso Parque Central al que se denomina Isla de La Paternal.

 

En el resto de lo que eran los terrenos del demolido edificio Warnes, sobre la avenida homónima, están instalados hipermercados que continuarán en el lugar.

 

Entre los propietarios de aquellas cuatro parcelas alambradas (que originalmente eran once y que suman 22.000 m2) y el gobierno de la CABA se suscribió un convenio hoy ratificado por el voto mayoritario de los legisladores. Acordaron que el 40 % de la superficie basal será destinada a espacio público, donde se abrirán calles, se construirán veredas y accesos libres al Parque Central. Para eso, los titulares de dominio cederán a la Ciudad en servidumbre perpetua 8.800 m2, donde se harán esas obras a costa de los constructores particulares, quienes también deberán ocuparse de reparaciones, mantenimiento y limpieza.

 

A cambio, se amplían los usos inicialmente permitidos, incorporando utilidades complementarias a las residenciales; entre ellas, comercios, servicios, esparcimientos, áreas de equipamiento y estacionamientos subterráneos, entre otros. Lo edificable admite hasta 48,50 metros de altura para destinar a viviendas, comercios, servicios y esparcimientos (121.400 m2 de construcción más subsuelos).

 

Lo edificado podrá destinarse a: vivienda colectiva; geriátricos, comercios minoristas, servicios terciarios, oficinas, alojamientos turísticos, locales, gimnasios, casas de fiestas, establecimientos sanitarios, jardines maternales, lugares de culto o esparcimiento.

 

El convenio incluido como anexo de la ley aclara que «los solados, instalaciones, equipamiento o mobiliario a ser localizado en el espacio libre de las parcelas, deberán aportar a la armonía del paisaje y a la integración con los espacios verdes de uso público». El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte deberá aprobar los proyectos, que deben presentarse dentro de los 180 días posteriores a la publicación de esta ley.

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