¿Qué es lo público de la educación pública?

Lxs argentinxs, como pueblo, tenemos una noción clara de qué es la educación pública, gratuita y laica y, en general, una fuerte valoración de esa escuela a la que muchísimxs fuimos en nuestra infancia.

 

 

*Graciela Morgade
(para Conversaciones necesarias)

 

El recuerdo del guardapolvo blanco del primer día de clase, de la “señorita de segundo grado”, de los recreos y las galletitas, de la tabla del siete, y muchos etcéteras más que, no creo equivocarme, componen la imagen de un tiempo idealizado como feliz pero también de un lugar donde íbamos a encontrarnos con otrxs, éramos muchxs y había lugar para todxs. O casi todxs.

 

Algunxs seguimos ese recorrido y fuimos a una escuela secundaria pública,  también sin restricciones ni aranceles ni religiones; aunque ya menos inclusiva, en la que, por ejemplo, parecía “normal” que hubiese cinco primeros y tres quintos años y que amigas y amigos quedasen en el camino… Más tarde, algunxs, muchxs menos aún, seguimos estudiando en terciarios públicos (para ser docentes, por ejemplo, y volver a esas mismas aulas de la infancia) y una pequeña minoría llegamos a la universidad pública. Educación superior, de ingreso irrestricto y no arancelada.

 

La ausencia de aranceles y de barreras formales, la laicidad y sobre todo, esa difusa sensación de que no hay un dueño o dueña y, por lo tanto, tampoco hay intereses creados o visiones particulares de algunxs sujetos o grupos… esas dimensiones  componen sin duda el concepto de “lo público” en la educación pública.  Pero hay más.

 

Pensada desde una perspectiva teórico-política, garantizar la educación es una de las obligaciones del Estado nacional. Una obligación que los países modernos consagraron en sus cartas magnas (la Constitución, por ejemplo) y que especificaron en leyes y normas varias y en las políticas educativas que llevaron adelante.  En Argentina por ejemplo, en los orígenes del sistema educativo, solo fue obligatoria la educación primaria; hoy, es obligatorio el nivel inicial y también el nivel secundario. La obligatoriedad tiene dos caras: las familias “deben” responsabilizarse por “mandar a la escuela” a niños, niñas y adolescentes  y el Estado “debe” ofrecer condiciones materiales, académicas y pedagógicas para que todxs esxs niños, niñas y  adolescentes, también jóvenes y adultxs, puedan completar esos niveles. Y esta obligación del estado se completa con una cualificación: no solo se trata de garantizar acceso, permanencia y egreso, también de trata de garantizar “equivalencia”, es decir, que la experiencia educativa que se ofrezca y se construya, en todos los niveles y para todos los sectores, sea igualmente significativa para las vidas individuales y para la sociedad.

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Asumiendo el riesgo de esquematizar demasiado, diría que  el devenir histórico de la educación en la Argentina se podría comprender como una oscilación entre estos dos polos: la cuestión recae en la obligación principal de las familias (y de alguna manera en los individuos) o recae en el estado y las instituciones. O bien se trata de dejar que las escuelas (incluyendo, de una manera amplia, a las universidades) entren al “mercado”, compitan por la matrícula (oponiendo “escuela pública” y “escuela privada”) o bien se trata de una concepción en que la educación pública, es una herramienta de justicia social y construcción de lo común orientada por un concepto de la educación como derecho humano (concepción sostenida incluso por algunas escuelas privadas).

 

Desde una mirada política entonces, lo público de la educación pública se vincula no solamente, como decíamos, con la ausencia de aranceles, de dueñxs o de “idearios” parciales. Se vincula sobre todo, con una definición de un “sujeto pueblo” en que el encuentro de diferentes y desiguales es concebido como fundamento de una relación de reciprocidad y reconocimiento antes que como competencia meritocrática, exclusión sistemática o subordinación jerárquica.

 

Y si no lo es, el problema es de la política educativa.

 

Como país, en Argentina hemos acordado, a través de las leyes y normas que nos regulan, que la educación es un derecho, desde el nivel inicial hasta la universidad. Y que para garantizarlo, está el estado.

 

Con el retorno a la concepción de “estado evaluador”, con la descentralización y/o cierre de programas y proyectos nacionales, con el ajuste en el presupuesto universitario, con la eliminación de las paritarias nacionales, el péndulo va en dirección al modelo neoliberal nuevamente, hacia la desresponsabilización del Estado nacional y a una mayor fragmentación del sistema.

 

La Marcha Federal Educativa del 22 de marzo tuvo la magnitud que tuvo porque como pueblo sentimos la alarma y nos convocarnos a defender el carácter público de la educación pública.

 

 

*Doctora en Educación (Facultad de Filosofía y Letras - UBA), Master en Ciencias Sociales y Educación  (FLACSO-Argentina) y Licenciada en Ciencias de la Educación (Facultad de Filosofía y Letras - UBA). 

Foto: Gianni Bulacio (2015) Escuela Rural Nº 377 El Porvenir, Tumbaya Grande, Jujuy. “Presente. Retratos de la educación argentina”. Argentina. Ministerio de Educación de la Nación

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