Invitan a conformar un Frente por una Planificación Ciudadana Integral

Es en rechazo al CÓDIGO URBANÍSTICO, al Nuevo Código de Edificación y la PLANIFICACIÓN del Ejecutivo porteño

 

A través de un comunicado, el Observatorio del derecho a la Ciudad que se realizará una autoconvocatoria desde espacios universitarios y académicos, sindicatos, asambleas, organizaciones sociales y territoriales, medios vecinales, Asociaciones Civiles y redes de profesionales, a un encuentro para expresar nuestro rechazo a la planificación urbana del PRO en la Ciudad y a los nuevos códigos de Edificación y Urbanísticos que se están tratando en la Legislatura porteña.

 

El encuentro será el día sábado 12 de mayo a las 11 hs. en el Parque Patricios (centro del Parque), para conformar un frente contra los nuevos códigos y la planificación propuesta por el Gobierno porteño, específicamente para rechazar el tratamiento del Nuevo Código Urbanístico.

 

En la Legislatura se están tratando los proyectos de ley de Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación que cerrarán el ciclo de entrega de tierras públicas, privatizaciones de servicios públicos y consolidación de negocios inmobiliarios especulativos en un marco de absoluta desregulación del mercado de suelos y de alquileres en la Ciudad.

 

En el encuentro se firmará un petitorio para presentar en la Comisión de Planeamiento y la Carta del Derecho a la Ciudad para presentar en la Legislatura Porteña como un proyecto de ley.

 

COMUNICADO:

Rechazamos el actual tratamiento en la Legislatura de la Ciudad del Proyecto de Ley del Código Urbanístico (Expte. N° 849-J-2018) y del nuevo Código de Edificación (Expte. N° 1058-J-2018).

Estos Proyectos de Ley no surgieron de un participación ciudadana real, adecuada y eficaz. Son una clara muestra de la falta de reconocimiento de las aspiraciones de la comunidad.

No están sustentados en un diagnóstico participativo integral de la ciudad. No existen estudios serios de ningún tipo sobre las problemáticas actuales de la ciudad ni el estado de situación de cada uno de los servicios públicos y la calidad de vida de sus habitantes Cuestiones como: la crisis ambiental y habitacional, las privatizaciones y ventas de inmuebles públicos, una real sostenibilidad ambiental, el colapso de los servicios públicos, el proceso de inquilinización y de gentrificación, la concentración del suelo en menos manos, la desigualdad y fragmentación como consecuencia de la privatización y la mercantilización de la vida urbana, las dificultades de las economías populares, y los efectos negativos de la desregulación y especulación inmobiliaria, entre otros, no están contemplados ni mínimamente en estos proyectos.

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Tampoco se ha acompañado con el Código Urbanístico estudios sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, acumulativos y estratégicos, de las propuestas que tienen por objeto establecer nuevos parámetros constructivos y de usos. Es necesario analizar las capacidades constructivas que se asignan y las densidades habitacionales resultantes, en relación con la oferta de infraestructura, servicios, equipamientos sociales y espacios abiertos, que son los soportes básicos de la calidad de vida en las ciudades. También resulta ineludible la formulación de análisis que relacionen el impacto de la nueva normativa con los precios y la dinámica inmobiliaria, y a estos con el crecimiento de la precariedad habitacional.

Primero debe actualizarse el Plan Urbano Ambiental y aprobarse por ley su Modelo Territorial. Su actualización es obligatoria cada 5 años y está pendiente desde el año 2014. El Modelo Territorial nunca se aprobó. Debe iniciarse el proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual.

Con posterioridad, debe tratarse el Código Urbanístico conjuntamente con un Código Ambiental que responda al Plan Urbano Ambiental actualizado. La Legislatura ha incumplido, en más de 20 años, el mandato constitucional de sancionar el Código Ambiental.

El Código Urbanístico que propone el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es netamente un código inmobiliario al preocuparse solamente por: la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias.

 

 

Para sumarse como convocantes del encuentro y confirmar presencia:

observatorioderechoalaciudad@gmail.com

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