Informe del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle

El Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti participó de la presentación del informe del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad, elaborado en forma conjunta por el Ministerio Público de la Defensa, la Auditoría General porteña, la Defensoría del Pueblo y más de 50 organizaciones sociales, políticas y barriales.

 

El informe titulado “A mí no me contaron: visualizar para humanizar” señala que 4.394 personas viven hoy en las calles porteñas, número que asciende a 5.872 si se suma a quienes utilizan la red de alojamiento transitorio nocturno. Los barrios con más población en esta situación son San Telmo, Retiro, Palermo y Balvanera.

 

De las más de 2.000 personas que aceptaron contestar la encuesta del censo, el 80% explicó que duerme todos los días en la calle, mientras que el 20% restante alterna entre la calle, hospedajes, casas de amigos o familiares y lugares como estaciones de servicios y estacionamientos. El 58% sostuvo vive en la calle desde hace más de tres años, mientras que el 23% dijo que lo hace desde el año pasado.

 

La mayoría explicó que quedó en la calle por problemas familiares y socioeconómicos y no principalmente por consumo de sustancias psicoactivas. El 73% dijo realizar alguna actividad para obtener dinero (como changas, cartoneo, cuidado de coches o mendicidad) y la mayor parte expresó que para salir de su situación necesita un trabajo.

 

“Para nosotros que una persona viva en la calle es un signo de vulnerabilidad social. El simple hecho de estar en esta situación es suficiente para que uno merezca el reconocimiento de su derecho a la vivienda por parte del Estado”, señaló Corti. Y agregó: “Esta es una buena oportunidad para promover un cambio en la política pública y en la legislación para dar una solución estructural”.

 

“El gobierno debe implementar programas integrales y desarrollar políticas inclusivas. Nos preocupa el aumento del desempleo, la pobreza y la indigencia de este último año porque complejiza aún más la situación”, advirtió la Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura.

 

Para el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor “es hora de que desde el Estado en la Ciudad de Buenos Aires se conforme un Consejo junto con el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones sociales, para que se trate y se resuelva esta problemática. Donde se discuta claramente y se defina cuáles van a ser las políticas que se van a aplicar, y cuál va a ser la partida presupuestaria que se va a asignar”.

Por su parte, Horacio Ávila, fundador de Proyecto 7, afirmó que “lo que se lleva la vida de estas personas es la falta de políticas públicas, la ausencia del Estado en las situaciones más vulnerables”. Además, subrayó que el informe “rompe con muchísimos estereotipos que tenemos instalados”.

 

Laura Velasco, integrante del Consejo Económico y Social de la Ciudad, destacó que presentaron “las recomendaciones para el cumplimiento de la ley 3706 y un amparo que recibió una medida cautelar. Pero el gobierno porteño no hizo caso de esta recomendaciones y por eso, ante las cifras poco realistas, llevamos adelante este censo popular que presenta datos más acordes a lo que uno ve recorriendo las calles a diario”.

 

En tanto, Jorgelina Di Iorio, integrante de la Asamblea Popular Plaza Dorrego-San Telmo, aseguró que visibilizar la información recogida “es un modo de denunciar otra de las formas de violencia de la cual son víctimas las personas que viven en situación de calle, como no ser contadas sus historias, o que no se tengan en cuenta sus voces, sus deseos, sus anhelos”.

 

Finalmente, Christian Gruenberg, del Programa contra la Violencia Institucional del MPD, explicó que el 70% de los encuestados sufrió algún tipo de violencia. “Esta criminalización es una de las principales barreras que tiene la población en situación de calle para acceder a los servicios públicos, a la educación y a una vivienda digna. Por eso desde el Ministerio Público de la Defensa trabajamos para frenar la violencia institucional”.

 

 

Ministerio Público de la Defensa

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